La Audiencia de Valencia ordena investigar a los funcionarios de la Conselleria de Oltra por los abusos de su ex marido

El auto ordena aclarar la responsabilidad de cuatro trabajadoras por la desprotección a la niña por la que fue condenado Luis Ramírez

Luis Eduardo Ramírez durante la celebración del juicio
Luis Eduardo Ramírez durante la celebración del juicio

A la investigación abierta por el Comité de Peticiones por la gestión de los centros de menores en la Comunitat Valenciana, se suma ahora un auto de la Audiencia de Valencia en el que se ordena esclarecer la actuación de cuatro funcionarios del departamento autonómico que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, valenciana, Mónica Oltra.

Se trata de la reapertura del caso para determinar la responsabilidad de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la protección de la menor por el que ya ha sido condenado el ahora ex marido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez a cinco años de prisión.

En el auto donde se ordena la reapertura de la investigación, al que ha tenido acceso Efe, la Audiencia recoge un “sucintísimo” resumen de los hechos. La denunciante, que en febrero de 2017 tenía 14 años de edad y se encontraba acogida bajo la tutela de la Generalitat, “puso en conocimiento de las responsables del centro donde estaba acogida que estaba siendo objeto de abusos sexuales por parte de un educador del centro”.

En la denuncia, esta joven expuso que responsables del centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas “tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses omitieron su deber de denunciar”.

”En lugar de ello, victimizaron a la niña, desacreditándola mediante argumentos ‘ad hominen’ y ataques personales; posteriormente en junio de 2017, cuando la niña contó a la Policía que estaba siendo abusada, intentaron que no le dieran crédito y realizaron una especie de investigación parajudicial de la que no informaron a la Fiscalía de Menores con el único propósito de desactivar la denuncia”, detalla la Audiencia sobre la denuncia que dio origen a este proceso.

Y añade que, “para ello, derivaron a la niña tutelada a un centro psicológico privado que elaboró un informe ‘ad hoc’; ocultaron esa ‘información reservada’ durante dos años y la destaparon a los pocos días de terminar el juicio; aplicaron un protocolo de abusos que elaboró ‘ex post’ el propio abusador de acuerdo con la directora del centro y permitieron que durante todos esos meses abusador y víctima convivieran en el mismo centro”.

La Fiscalía consideró que la trascendencia penal de los hechos “pasaba por la previa existencia de encubrimiento” por parte de las denunciadas y reclamó testimonio de la sentencia sobre el abusador a la sección segunda.

El ministerio público ya avanzó que, en caso de no ser firme la sentencia, pediría el archivo provisional, “hasta que se dispusiese de un relato fáctico sobre la conducta del condenado que pudiese considerarse inamovible, y por ello base para la valoración de la conducta de las denunciadas”.

El pasado octubre, el Juzgado de Instrucción número 15 hizo suya la posición del fiscal y decretó el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones por no haber quedado acreditada la perpetración del delito.

La denunciante recurrió este archivo provisional e informó a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de que la sentencia fue confirmada por el TSJCV el pasado mes de septiembre, “siendo así inamovibles los hechos probados en ella declarados”.

“En cualquier caso -añadió la defensa de la joven en su recurso-, la denuncia no debe depender de las vicisitudes que pueda seguir la condena del educador objeto de aquel procedimiento, estimando que los hechos denunciados resultarían punibles aun cuando dicho señor fuese finalmente absuelto”. Los magistrados de la Sección Cuarta han atendido estos motivos y exponen que “los hechos denunciados en este procedimiento son distintos de los imputados en el anterior procedimiento, se dirige contra personas distintas”.

Denuncias de la oposición

En la sentencia, según denunció la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, para justificar la petición de la reprobación en Les Corts a Oltra, se constata que “se trasladó a la menor del centro hasta cinco veces mientras que el agresor continuó prestando servicios, que la directora del centro no le preguntó nunca a la niña por los abusos, que la psicóloga que atendió a la víctima reconoció que no redactó un informe y que no se le puso un abogado de la Generalitat en el proceso como era su obligación”.

Oltra compareció el pasado mes de marzo para dar explicaciones sobre la gestión de su Conselleria en Les Corts. En su intervención criticó al Tribunal, a la Fiscalía y a la Policía y dijo que nadie siente “más repugnancia ni más dolor” por los hechos que ella.

Responder ante el Comité de Peticiones

El Comité de Peticiones de la Unión Europea investigará, a petición del PP de la Comunitat Valenciana, los diversos casos de abusos a menores en centros de la región, entre ellos el del exmarido de la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, procesado por abusar de una joven en un centro de menores.

En un escrito del pasado 15 de octubre, dicho Comité responde a Bastidas que admite su solicitud “ya que el asunto se encuentra dentro del ámbito de la Unión Europea”. Para ello, dice el escrito, se ha pedido a la Comisión Europea “que lleve a cabo una investigación preliminar sobre el asunto”.

Teniendo en cuenta del asunto del que se trata, dice el documento, el caso se ha remitido asimismo a la Coordinadora del Parlamento Europeo para los Derechos del Niño y se ha solicitado información adicional a la Comisión Europea y a la Generalitat valenciana.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, cuestionó esta investigación y mostró su apoyo a Oltra. “Si hay alguna petición de información se le trasmitirá. Otra osa es la utilización política de esta cuestión, somos respetuosos aunque a veces no se atienda el espíritu de las instituciones”.

Investigación del Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges de la Comuniat Valenciana ha emitido una resolución en la que señala que la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra ha impedido con su actitud “concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio” sobre el funcionamiento de los centros de protección de menores, “lo que obliga (a la Sindicatura) a ampliar las actuaciones desarrolladas hasta la fecha”.

Oltra calificó de “insidias” algunas de las afirmaciones que se remiten en esta comunicación remitida por el defensor del pueblo valenciano explicando que se remitió la información solicitada y que, lo único que hizo la dirección general del Menor es ayudar a los directores de centros a enviar la documentación que le había solicitado. “Se lanzan sospechas sin tener ningún hecho que lo corrobore”.