El Fiscal apoya la decisión del juez de imputar a Oltra por su actuación en el caso de abusos a una menor

La investigación entorno a la actuación de la Conselleria de Igualdad, dirigida por la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís), en el caso de abusos a una menor por parte de su exmarido, se va complicando para la número dos de Ximo Puig. Según adelanta Las Provincias, el ministerio fiscal, asegura que la exposición del magistrado está «ampliamente expuesta y motivada».

En su respuesta al recurso presentado por una de las funcionarias investigadas, Carmen Fenollosa, el fiscal asegura que el escrito del juez, dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, realiza una presentación del estado de la investigación «así como de las eventuales líneas de progreso con los problemas que el aforamiento plantea», señala el fiscal.

La Fiscalía además impugna la tesis de Fenollosa de que si la causa se traslada al TSJ, por el aforamiento de Oltra, ella resultaría perjudicada y reprocha a la funcionaria que recurra decisiones que no le afectan directamente y que es el propio TSJ el que tiene sus propios mecanismos para decidir si la exposición está suficientemente motivada.

El pasado día 7 de abril, la directora territorial de Igualdad, Carmen Fenollosa, investigada por su actuación en un caso de abusos sexuales en el que fue condenado el exmarido de Mónica Oltra, recurrió la decisión del instructor de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia y pedir la imputación de la vicepresidenta.

A la conclusión del proceso por abusos contra el exmarido de Oltra, la menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de España 2000, y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.

El juez instructor considera sospechosa la actuación del personal directivo de la Conselleria, particularmente de quienes ordenaron y llevaron a cabo lo calificado como instrucción parajudicial.

Asimismo, considera que “no existió en la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos”.

Frente a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de derivar la investigación al alto tribunal valenciano, la representación legal de Fenollosa ha presentado recurso por considerar que “ninguna irregularidad administrativa ni tampoco ningún comportamiento delictivo se ha cometido” por su representada.

“Se considera por esta parte que claramente la resolución que se recurre, y la exposición razonada que la justifica, perjudican la posición procesal de nuestra representada, la cual no debemos olvidar es la funcionaria que era responsable en la Conselleria en aquellas fechas en la provincia de Castellón, sin ningún tipo de participación en la causa que se investiga”, señala el recurso, al que ha tenido acceso EFE.

Además, el letrado de Fenollosa considera que no se cumplen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para la elevación de la causa al TSJCV, recuerda que no se ha aportado toda la documentación solicitada y que tampoco han finalizado los interrogatorios señalados.

En otro punto, este abogado abunda en la “inexistencia de indicios racionales y sólidos de la participación y responsabilidad de Oltra, que además vienen a arrastrar a Fenollosa sin la existencia de las adecuadas pruebas”.

En este apartado incide en que no consta declaración alguna entre los trece investigados que dijese que “recibió instrucción alguna de Oltra”, y “ningún documento ha sido aportado en el que se aprecie orden o instrucción alguna”, sino que el juez hace referencia a “unas declaraciones efectuadas en un espacio político, dirigidas a representantes políticos, y en un contexto y con una finalidad política”.

Asimismo, reprocha al juez que pidiese la grabación de unas declaraciones de Oltra y no otras posteriores en las que “da cuenta del sentido de sus palabras”.

Incide además en el hecho de que tanto familiares y amigos de la menor, como profesionales “experimentados, tanto de entidades privadas como de la Administración”, no creyeron a la menor, y que “algunos todavía sostienen de forma vehemente que la menor mintió”.

“Sin que ello prejuzgue a la persona respecto de si la misma ha podido sufrir o no abusos sexuales, que un profesional describa que una menor es agresiva, cuando tiene cuatro sentencias judiciales por agresiones, o decir que la menor es mentirosa cuando ella misma lo admite en la prensa, no se puede considerar que sea desacreditar a la menor”, concluye el citado recurso.