Valencia pone coto al servicio de alquiler de motos eléctricas

En septiembre de 2018 la Policía Local de Valencia retiraba los patinetes que la empresa Lime tenía por toda la ciudad. Se habían puesto a funcionar sin una regulación expresa y el Ayuntamiento argumentó que habían incumplido la ordenanza que regula la ocupación del espacio público.

El artículo 12 de la ordenanza de Vía Pública, faculta a la Policía Local a retirar o decomisar «elementos» que ocupen de manera indebida el dominio público. produciendo una indebida ocupación del dominio público. Aunque la empresa afectada ganó la batalla en los tribunales, desde entonces, quien quiere usar un patinete debe comprar el suyo.

Quizás por esta circunstancia, el mercado de las motos de alquiler eléctricas sí ha funcionado. Unas 7.000 personas al día utilizan este servicio al que ahora quiere ponere coto el Ayuntamiento que dirige Joan Ribó.

Según denuncia el PP desde el Servicio de Movilidad Sostenible se ha comunicado a las empresas que solicitan autorización para operar en la ciudad que se ha emitido un informe en el que se establece que en el número de motos eléctricas no puede superar las 2.000.

Además, impone otro límite. Cada empresa que se instale en la ciudad no podrá poner en circulación más de 133 motocicletas. El objetivo, argumenta el Ayuntamiento de Valencia es «garantizar la competencia y hacer un reparto proporcional de las mismas entre los solicitantes que cumplen los requisitos».

Según el PP, se trata de una cifra que pone en peligro no solo la instalación de nuevas empresas, sino también las que ya existen.

El concejal Carlos Mundina asegura que el sector les ha trasladado que para que el servicio sea eficaz, es decir, que se puedan encontrar motocicletas por la ciudad con facilidad, se necesita un mínimo de 400, una cifra que queda muy lejos del límite que quiere implantar el Ayuntamiento.

El edil popular exige al Ayuntamiento una regulación expresa para este servicio y le pide al equipo de Gobierno que se siente a hablar con las operadoras para consensuar el plan.

«Las empresas ya le han comunicado que el modelo que propone es inviable» y así se lo ha hecho saber la asociación Smart Mobility, que agrupa a empresas de movilidad sostenible.

Mundina insiste en que «provocará graves perjuicios a los ciudadanos que verán limitadas sus opciones para desplazarse por la ciudad. «Le pedimos que abra una mesa de diálogo para buscar la mejor regulación posible y que contribuya a que Valencia sea una ciudad sostenible».

El popular asegura que este límite hace muy dificil la rentabilidad de los negocios y advierte de que se puede perder una oportunidad, como ya ocurrió con los coches eléctricos de alquiler. «Solo se dejó entrar a una empresa a operar y ya han anunciado que dejan la ciudad».

Según adelantó el diario digital ValenciaPlaza, la empresa Cargreen ha dejado de ofrecer en la ciudad su servicio de vehículos eléctricos.

A finales del pasado mes de abril, está compañía valenciana dejó de operar en el «cap i casal». Había sacado al mercado un centenar de vehículos modelo «Smart» que se podían localizar a través de una aplicación de móvil.

Esta prueba ha estado en marcha un año y la empresa ha desistido tras haber estado año y medio negociando los permisos necesarios con el Ayuntamiento.