El plan urbanístico más grande del litoral español se vuelve contra el PSPV y Compromís

El PAI Golf Sant Gregori de Burriana es un proyecto de los de la época en el que cualquier municipio que tuviese terreno sin edificar aspiraba a tener una urbanización con vivienda, algún hotel y campo de golf. La tierra se pagaba bien y muchos veían en estas propuestas la posibilidad de prosperar.

A Burriana este proyecto le llegó en 2005. Fue ese año en el que el Ayuntamiento firmó el convenio urbanístico que prevé la construcción de 6.000 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos y un paseo marítimo de dos kilómetros. Con 2,5 millones de metros cuadrados es el PAI de mayor tamaño en primera línea de costa de toda España, aunque 17 años después la Justicia sigue marcando su futuro.

El juzgado de Instrucción número 4 de Vila-real ha decidido suspender con carácter cautelar el cobro de las cuotas de urbanización del citado PAI y ha llamado a declarar a la alcaldesa socialista María José Safont como investigada. La Fiscalía de Castellón apuntó que podría haber cometido un delito continuado de prevaricación y falsedad documental.

Aunque el proyecto data de la época en la que gobernaba el PP, en agosto de 2020 el Ayuntamiento aprobó, mediante decreto de alcaldía, el proyecto modificado del PAI Golf Sant Gregori, que incluía las actualizaciones en materia de servicios esenciales.

La socialista Safont gobierna con el apoyo de Compromís desde 2015 gracias a un acuerdo para pactar diferentes iniciativas y la ejecución de este PAI a pesar de que en su época en la oposición, especialmente la formación nacionalista, se manifestó en contra del proyecto.

Primera victoria

Los propietarios ganan así su primera batalla. Según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, una treintena de propietarios habían denunciado las irregularidades que se estaban produciendo en la ejecución de este PAI.

Estos afectados ponen de manifiesto que el Ayuntamiento no ha exigido al urbanizador el cumplimiento de los plazos. Es más «justifica el retraso» mientras reclama a los propietarios del suelo el pago de las cuotas en metálico «sin poder modificarlas a pesar de que han variado las circunstancias urbanísticas, inmobiliaras, socio-económicas y personales».

Además, denuncian que el Ayuntamiento ha obviado los informes desfavorables de los técnicos municipales y contrataron una empresa externa. Se trata de una actuación que la Agencia Valenciana Antifraude declaró ilegal e impuso una sanción de más de 21 millones de ejuros al urbanizador, «cosa que no ha sucedido», concluye el escrito.