Aerte alerta de retrasos en los pagos a residencias públicas por parte de la Generalitat

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha expresado este jueves su "preocupación" por los retrasos en los pagos a algunas entidades que prestan servicios de atención a personas mayores mediante contratos con la Administración autonómica.

En un comunicado, la entidad que preside José María del Toro señala que, en estos momentos, una parte del sector se encuentra en una "situación muy delicada", ya que no se ha podido cobrar ninguna factura del año 2025, a lo que se suman algunas facturas pendientes del ejercicio anterior.

Este retraso, advierte, está generando un "grave problema de tesorería en las empresas afectadas, que ya no cuentan con capacidad de financiación ni liquidez suficiente para atender compromisos esenciales como el pago de las nóminas de sus profesionales".

Los impagos afectan concretamente a las empresas que gestionan residencias públicas mediante concursos que ya están vencidos, ya que el resto de entidades con contratos en vigor están cobrando con cierta normalidad, afirma.

Desde Aerte indican que esta circunstancia se debe a que los procedimientos de adjudicación de nuevos contratos "se paralizaron durante la anterior legislatura, lo que ha impedido que se renovaran los concursos en plazo".

Como consecuencia, las empresas han continuado prestando el servicio "sin el respaldo contractual adecuado, por lo que los pagos deben tramitarse mediante expedientes de resarcimiento, un procedimiento extraordinariamente complejo y lento".

"Hasta que estos expedientes no sean aprobados por el Consell y contabilizados por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, no es posible efectuar los pagos, lo que ha paralizado la llegada de recursos a los operadores", afirma la entidad en el comunicado.

Además, Aerte advierte de que, si estos expedientes no se contabilizan con la máxima celeridad, existe el riesgo de que queden fuera de la línea de financiación extraordinaria del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que está reclamando la Generalitat, "lo que agravaría aún más el problema y podría suponer la perdida de esta oportunidad de pago".

La entidad afirma ser consciente de la disposición para la búsqueda de una solución de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, con la que asegura que mantienen un "diálogo fluido y constructivo".

También valora que se haya iniciado el desbloqueo de esta situación con la publicación del primer concurso para la adjudicación de cuatro residencias públicas de mayores, "un paso importante para normalizar la relación contractual y evitar que esta problemática vuelva a repetirse en el futuro".

No obstante, señala que la situación requiere "soluciones urgentes que permitan desbloquear los pagos pendientes y evitar que el problema derive en la suspensión de servicios esenciales o en dificultades económicas insalvables para las plantillas".

Por ello, Aerte pide que se estudien de manera prioritaria mecanismos extraordinarios de tramitación urgente de estos expedientes, anticipos de tesorería u otras medidas que permitan asegurar la continuidad de la atención a las personas mayores y la estabilidad laboral del sector, mientras se avanza en los procesos de adjudicación de los nuevos contratos.

La asociación reitera su compromiso con la colaboración institucional y con la búsqueda de soluciones conjuntas, pero considera importante evidenciar "la gravedad de la situación, con el fin de que se comprenda su dimensión y se puedan valorar medidas que permitan afrontarla de la mejor manera posible".

La Generalitat matiza y dice que ha pagado el 90 por ciento

Por su parte, desde la Generalitat s aclara que "las únicas facturas de los denominados enriquecimientos injustos (aquellas que se realizan en base a contratos caducados) que no se están pagando son aquellas relativas a los expedientes que incluyen gastos e incrementos no contemplados en el contrato adjudicado por el Botanic".

La Sindicatura de Cuentas ha indicado que determinados gastos no están respaldados por el contrato que realizó el Botanic y es por ello que esos expedientes se han devuelto a las empresas para tramitar con arreglo al marco legal que lo sustenta. En el momento en que estén correctos, se tramitarán y pagarán.

Todos los expedientes de enriquecimientos injustos correctos están tramitados, aprobados por Consell y por intervención y pagados en cerca del 90 por ciento.

Las empresas han mantenido reuniones en los últimos días con responsables de la Conselleria, que les han trasladado el trabajo que se está realizando para que puedan cobrar lo antes posible y los pasos que deben seguir para ajustarse a la normativa y avanzar en los pagos que todavía no se han podido tramitar.