Antifraude confirma irregularidades en el PAI Espartal de Xixona

La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado irregularidades en la tramitación del PAI del Espartal, en la localidad alicantina de Xixona, una de las actuaciones urbanísticas en las que intervino la trama del empresario Jaime Febrer y por el cual están imputados tanto su exalcaldesa, Rosa María Verdú (PP), como el exconcejal, Francisco Doménech, y en el que se pretendía llevar a cabo la construcción de viviendas y de un campo de golf en una zona de terreno que abarcaban parcelas calificadas como de no urbanizables o de uso industrial después de obtener su recalificación.

Este proyecto nunca se llevó a cabo porque el cambio de gobierno municipal malogró las expectativas del empresario, lo que no evitó el cobro de comisiones durante el proceso y un gasto desmesurado en publicidad (730.822 euros) abonados a las mismas empresas que desarrollaron la campaña electoral del PSPV en 2007.

La jueza que instruye la causa Azud había pedido auxilio judicial a la Agencia para que revisara el proceso administrativo del citado PAI así como su ampliación.

Antifraude señala que tanto la alcaldesa como el concejal debieron abstenerse en el pleno que aprobó el citado PAI al incluirse en el mismo terrenos de familiares de ambos.

Además, señala también que el PAI no tenía el suministro de agua asegurado, si bien en aquella época no era preceptivo.

Según los investigadores, en esta operación intervino el socialista José Luis Vera quien consiguió que la empresa pública estatal Acuamed abasteciera de agua de la depuradora de Muchamiel-Campello al municipio de Jijona, para así poder dar servicio al pretendido campo de golf. Vera intermedió con el entonces director de relaciones institucionales de la citada entidad, Joan Navarro. Por esta gestión, los investigadores consideran que Vera cobró 563.500 euros.

Cabe recordar que durante los años 2007 y 2008 la empresa estatal Acuamed, encargada de realizar las desaladora bajo el gobierno de Zapatero, tuvo unos gastos tan desproporcionados en publicidad, que originó una investigación tanto en el Senado como en la Audiencia Nacional