Barcala estrenará mandato en Alicante con la ordenanza contra la mendicidad en al aire

La ordenanza de convivencia cívica, conocida como la ordenanza contra la mendicidad, es el primer quebradero de cabeza para el alcalde en funciones, Luis Barcala, del Partido Popular, que será investido de nuevo primer regidor de la ciudad el próximo sábado. Una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV, obliga al Ayuntamiento a derogar los artículos más lesivos de la norma, entre los que figuaran aquellos que multan con hasta 750 personas a personas que duermen en la calle, entre ellos puede haber menores, o que se ejerzan la prostitución.

Los resultados electorales del 28M dieron la victoria holgadamente al PP, con 14 concejales de un total del 29, por lo que esta norma, aprobada en la anterior legislatura con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, tiene ahora un efecto boomerang sobre el nuevo gobierno local, capitaneado por Luis Barcala, quien ha repetido una y otra vez que va a gobernar en solitario.

El tribunal considera que la ordenanza carece del informe de impacto de género exigible según la ley; un requisito necesario para cualquier ordenanza con el fin de velar por la igualdad de género.

Así las cosas, y una vez conocido el fallo judicial, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante no se ha pronunciado sobre la misma; de hecho, en la rueda de prensa ofrecida hoy con motivo de la Junta de Gobierno local, el portavoz municipal, Manuel Villar, se ha limitado a decir que “el fallo judicial está en manos de los servicios jurídicos”.

Villar ha insistido, eso sí, en que el Partido Popular “respeta siempre los fallos judiciales tanto cuando nos favorecen como cuando no es así”. Sobre la posibilidad de recurrir el fallo del TSJCV ante el Tribunal Supremo, Villar no se ha pronunciado; el plazo para presentarlo expira el 25 de julio. La decisión del recurso, ha añadido, dependerá del nuevo equipo de gobierno local.

Hay que recordar que la ordenanza, que se aprobó en el pleno de febrero de 2022 y entró en vigor a finales de marzo, ha generado una gran controversia en colectivos sociales de la ciudad y, por supuesto, en los grupos municipales de la oposición; de hecho, el recurso del TSJCV responde a una denuncia presentada por Unidas Podemos.

Ahora el Partido Popular tiene la opción de recurrir la sentencia o, tal y como le han pedido el Psoe, Unidas Podemos y Compromís en la legislatura que ahora acaba, retirarla y negociar una nueva norma.