Catalá anuncia una moratoria en Valencia para los apartamentos turísticos de un año y la prohibición de llegada de megacruceros a partir de 2026

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha anunciado esta mañana que el próximo martes, en el pleno municipal, se va a aprobar "la suspensión cautelar de licencias a nuevos apartamentos turísticos durante un año, prorrogable por otro año, con el objetivo de hacer una buena regulación y evitar la proliferación de este fenómeno que afecta a todas las grandes ciudades, dejando tiempo a ver si el ministerio coordina un marco común en todas las ciudades de España, porque este no es un problema solo de Valencia, sino de todas las ciudades que tiene una afluencia turística importante".

La alcaldesa ha referido que "nosotros hemos puesto en marcha cuatro equipos de inspección de los apartamentos turísticos que en los cuatro primeros meses han realizado 197 inspecciones, un aumento del 820 por ciento respecto al año anterior, y se han emitido 160 órdenes de cierre.

Además, la alcaldesa también ha dicho que "a partir de 2026 dejarán de llegar megacruceros a la ciudad de Valencia, porque es malo". Catalá ha indicado que a partir de ese año "no llegarán más ciudades flotantes a la ciudad. Los cruceros más reducidos de otro tipo de perfil y que evidentemente generan una riqueza en la ciudad, se mantendrán.

Criticas de los empresarios de apartamentos turísticos

Desde la Asociación Valenciana de Viviendas de Alquiler de Corta Estancia, su presidente Eric Sanjaime, ha criticado el anuncio de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de aplicar una moratoria a las viviendas de uso turístico (VUT) “sin reunirse con el sector para buscar soluciones reales y con la clara intención de perjudicarlo para favorecer otros intereses”.

La moratoria debería extenderse a cualquier tipo de actividad turística, incluso a los proyectos hoteleros que están en marcha y que suponen cambios de uso de edificios completos”. Porque el turismo “no son solo las viviendas turísticas, sino también los hoteles, los locales de ocio y restauración, o cruceros”.

Por ello, “nos tememos que las intenciones reales de Català no sean favorecer la regulación del turismo sino los intereses de los hoteles” ha apuntado Sanjaime, quien ha señalado las vinculaciones del PP con la patronal hotelera. Así, ha recordado que la actual consellera de Turismo, Nuria Montes, ha sido secretaria de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC) antes de llegar al Consell.

El dirigente de AVAEC ha recordado que hoy mismo los hoteleros han publicado que hacen falta 10.000 plazas para cubrir la demanda del turismo en Valencia. Si aplican una moratoria a los pisos de uso turístico ¿Quién va a cubrir esa demanda?”.

Asimismo, ha criticado la “hipocresía” de Catalá con la política sobre el turismo. Porque “por un lado celebran la llegada de turistas y anuncian ampliaciones de aeropuertos y por otro lado cercenan a quienes pueden cubrir la demanda de alojamiento”.

Para el presidente de la entidad que representa a los pisos turísticos, el gobierno municipal, “antes de comenzar a disparar normativas sin sentido debería saber dónde apunta y eso es difícil sin tener los datos adecuados”. “Hasta sus propios concejales reconocen que no disponen de ellos”, ha afirmado. En este sentido, ha señalado que la página municipal de ‘Visit Valencia’ refleja que en el mes de marzo había casi 10.000 viviendas de uso turístico (VUT) en Valencia “y eso es falso porque incluye en ese dato alojamientos en barcos, en autocaravanas, incluso hay habitaciones compartidas”.

Desde la asociación hemos estudiado varias fuentes como son el registro de turismo, el apartado de VUT del INE e ‘inside Airbnb’ y el resultado es que en Valencia hay 5.500 VUT. Por lo tanto, la herramienta de Visit Valencia “no representa la realidad”.

Sanjaime ha lamentado que desde la administración se utilice a las VUT como el “chivo expiatorio” para los problemas del turismo y la vivienda “en lugar de abordar estas cuestiones desde el rigor y con mirada larga”.

Al respecto, se ha preguntado “por qué no se cuestiona que espacios de uso residencial se estén usando para cuestiones de uso terciario. Son despachos de abogados, notarías, clínicas, etc, que están detrayendo alojamientos para poder vivir. Cuando, por cierto, la normativa para las VUT y estos otros negocios es la misma. Son incompatibles si no están en primera planta o planta baja”. Pero a ellos “ni se les ha perseguido, ni se les ha controlado”, ha criticado.