Estamos a mitad del junio y la Generalitat valenciana todavía no tiene la certeza de que vaya a cobrar el Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario (FLA). Un mecanismo que se usa para compensar el exceso de déficit provocado por la infrafinanciación. Tampoco sabe el dinero que le corresponde de las entregas a cuenta. Cuando acabe este mes sumarán ya 3.400 millones entre los 2.500 millones del FLA y los 165 millones que cada mes deja de cobrar, algo que para Juan Pérez, economista del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y experto en financiación autonómica es «otra falta más de lealtad institucional» que muestra la incapacidad de reformar un sistema de financiación autonómico «insuficiente» desde 2002 para la Comunitat Valenciana.

¿Es un error del Consell dar por hecho el FLA o una «deslealtad institucional» como alegan?

Hay que diferenciar entre el FLA, que es lo que financia del déficit marcado por Hacienda, que hay años que es más y otros menos, y luego el extraordinario que es tu desviación. Ese extra siempre se ha firmado, y se ha ido pagando, pero no está garantizado porque era un mecanismo de alguna forma extraordinario. Ahora, cuando lo que tú te desvías del déficit está generado por un problema de base que es la infrafinanciación, no debería ponerse en duda.

Sin una financiación igual para todos, ¿por qué fijan el mismo objetivo de déficit?

La AiRef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) lleva diciendo muchísimo tiempo que está a favor de un déficit asimétrico, individualizado. Se está fijando un objetivo de déficit que es inviable y entonces pierde todo el sentido porque, ¿cuánto se puede desviar del objetivo ahora mismo? Lo que quieras. Es un inconveniente para la Comunitat Valenciana porque no puede controlar el gasto y para el Estado, que no puede dejar caer a ninguna región. Aunque, al fin y al cabo, la solución tampoco es un déficit asimétrico que irá a parar a un FLA.

¿Qué solución inmediata hay?

Que el Estado haga una transferencia y obligue a fijar un objetivo de déficit realista.

El problema de base es que no se reforma el sistema de financiación desde 2009 y se debería haberse renovado en 2014. ¿Se está incumpliendo la ley?

La ley dice claramente que cada cinco años debe haber una evaluación de elementos estructurales del sistema y hacer una recomendación al Consejo de Política Fiscal. ¿Eso se está haciendo? No. Pues se está incumpliendo.

Desde el IVIE afirman que el modelo de financiación es «tan complejo que resulta difícil de evaluar por la ciudadanía e incluso por parte de los responsables públicos y expertos». ¿Por qué?

Porque se busca un resultado final que es que nadie pierda mucho respecto a la versión anterior. Entonces lo que sucede es que se incorporaron lo que son fondos adicionales, que es el Fondo de Suficiencia y Fondo de Convergencia, que es lo que hace complejo el sistema. Nuestra propuesta del nuevo sistema es quitar esos dos fondos que desvirtúan y quedarte con un único fondo que reparte con población ajustada, eso sería mucho más sencillo.

El IVIE sostiene que el sistema de financiación autonómica de 2009 no se aspiró a igualar por completo los recursos de las comunidades autónomas. ¿No debería ser lo mismo para todos?

Lo que se hizo en el modelo actual es igualar el 75 por ciento. ¿Por qué? Porque ese porcentaje es lo que pesa, es el gasto sanitario, educativo y de servicios sociales. El problema es que la incorporación de esos dos fondos adicionales desvirtúa esto que pretenden nivelar. Un ejemplo: Cantabria, La Rioja y Extremadura tienen 27 puntos porcentuales más de financiación que la Comunitat Valenciana y Región de Murcia y gastan un 15% más por habitante ajustado y encima lo hacen sin endeudarse. Lo razonable es decir que todo el mundo tenga el mismo dinero para hacer de todo y no solamente igualar para los servicios públicos fundamentales.

El sistema actual nació en 2009 y no supo capear la crisis inmobiliaria, de ahí el endeudamiento. ¿Se puede crear un sistema anticrisis, vista la necesidad con la pandemia o la dana?

Este tema está encima de la mesa. El ciclo económico provoca que la recaudación como está ahora esté totalmente disparada, pero hay otros años en los que cae y tienes que cubrirte. Hay que pensar en un modelo como el fondo de pensiones para cubrirse. Las reglas fiscales que marca Europa van por ahí, es decir, se va a fijar un techo de gasto y con independencia del dinero que te llegue, tú vas a poder gastar un porcentaje más que el año anterior. Eso podría provocar que tengas un excedente de recursos que podría ir al fondo de reserva, o ahora mismo lo que tendría que ir es a amortizar la deuda. Se tendría que definir el instrumento, pero bueno, la idea es esa. No nos podemos gastar todo lo que estamos ingresando porque vendrán momentos peores.

Usted fue director general de Financiación Autonómica de la Generalitat casi dos años, de 2019 a 2021. ¿Qué problemas vio para reformar la ley?

Una reforma del sistema global no va a contentar a todas las comunidades. Va a haber un coste político, que nadie quiere asumir. No es una cuestión de qué color político tiene mi comunidad o el Gobierno, porque al final es una decisión que va a afectar a todos.

¿De quién es la culpa?

Achaco dos responsabilidades. La primera al Ministerio de Hacienda, cuya responsabilidad es plantear una propuesta de reforma global que todavía no lo ha hecho en su conjunto. La segunda, a los dos grandes partidos políticos que tienen que aprobarlo. Estamos hablando de una cosa muy seria que es fijar con lo que se financia la sanidad y la educación pública, un principio que está recogido en la Constitución, que es la igualdad de los ciudadanos españoles, y no somos capaces de ponernos de acuerdo en un sistema que falla. Eso es un problema de falta de responsabilidad política.

Da la sensación de que a corto plazo es imposible reformar el sistema de financiación. Ustedes proponen un fondo transitorio de nivelación con 6.843 millones de euros. ¿Cómo funcionaría?

Una reforma global de hoy para mañana es imposible. La solución, si queremos ir a reglas fiscales reales, es garantizar que cada comunidad tenga la financiación media. Que en una legislatura se arranque con una propuesta de nivelación, de forma que el compromiso sea que al final de la legislatura se haga la reforma global. No es lo mismo ponerte a cambiar el sistema con una diferencia de financiación de 30 puntos porcentuales que arrancarla con una diferencias de 10 o 12 puntos porcentuales. Eso a nosotros nos sale por ese montante, que sería muy asumible. Ahora el Estado tiene que pagar el FLA y con ese montante puede ir al fondo transitorio de nivelación.

¿Eso eliminaría la incertidumbre del FLA?

Si yo soy el Ministerio te garantizo esa transferencia del fondo de nivelación transitorio pero ojo, no vas a tener ya FLA porque ya tienes los recursos. Entonces te están diciendo: «comunidad autónoma pórtate bien con tu gasto porque ya tiene los ingresos». Eso sería lo ideal, una restricción dura del déficit.

Llevamos dos años sin Presupuestos Generales del Estado y no se actualizan las entregas a cuenta. ¿Por qué?

No tiene sentido que porque no hayan Presupuestos Generales del Estado las comunidades autónomas, que no tienen nada que ver en esto, cobren menos de lo que les corresponde cuando el dinero está recaudado en las arcas del Estado.

¿Sería mejor una descentralización para dar más capacidad a las haciendas autonómicas y no depender tanto del Estado?

No es una cuestión de más descentralización, es más colaboración y lealtad entre las instituciones. En 2009 todas las comunidades estaban de acuerdo en que el IVA había que subirlo porque la recaudación había caído, pero como la decisión la tomó el Gobierno las comunidades no vieron ni un duro y han perdido 120.000 millones.

La Generalitat valenciana ha criticado la condonación de la deuda de 11.000 millones de euros. ¿Es más un problema del montante o de la falta de diálogo?

La decisión de la condonación de deuda vinculada al mal funcionamiento del sistema es positiva. Cuando se habla de que es insuficiente es que no se han tenido en cuenta los dos criterios necesarios para la condonación. El Ministerio reconoce que hubo una gran recesión en 2009 con una caída de recaudación que no se tuvo en cuenta en el sistema y fue insuficiente durante unos años. Esta circunstancia provocó endeudamiento para todas las comunidades. Ahora, desde 2002 hay un problema de financiación relativa en cuatro comunidades que son Castilla La-Mancha, Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana. Todas ellas llevan sufriendo infrafinanciación respecto a la media desde hace muchos años y también están generando deuda. Esa parte es la que no se ha tenido en cuenta.

La deuda se ha disparado en la Comunitat en más de 20.000 millones en la última década. ¿Cómo afecta esto al servicio a los ciudadanos?

Si unes la crisis y la infrafinanciación desde 2002 son responsables del 80 por ciento de la deuda de la Comunitat Valenciana. El capital de la deuda no es tan importante porque se refinancia, pero lo que no se refinancia son los costes financieros. Actualmente, la Comunitat Valenciana paga 1.000 millones de intereses cada año del presupuesto. 1.000 millones es lo que nos cuesta a los valencianos las 5 universidades públicas. Ahí ves el dinero que se está yendo y que podríamos dedicar a otra cosa.