
La gestión de la dana
«No hay conexión entre Gobierno y Generalitat para la reconstrucción de Valencia tras la DANA»
Santa Isabel pide celeridad para dar solución a las personas que se han quedado sin vivienda, "hay más de 60.000 pisos afectados"

Que la reconstrucción de un desastre de tal magnitud no es cosa de un día es una cuestión que todo aquel que haya pisado la zona cero tiene asimilado. Sin embargo, casi tres meses después de la dana, todavía quedan demasiados problemas que ni siquiera se han comenzado a planificar.
«No hay conexión entre el Gobierno central y la Generalitat valenciana. Deben trabajar todos a una. El problema no es uno y otro. El problema es lo que tenemos delante y hay que resolverlo. Se debe hacer a toda velocidad», afirma el presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel.
«La planificación a medio o corto plazo puede estar muy bien, pero la realidad es que la gente está sin vivienda». Fecoval, a través de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) entregó hace más de un mes un documento al Ministerio de Vivienda en el que proponía dividir por zonas de actuación los municipios afectados para que se pudiesen ir adjudicando a empresas la reconstrucción de las áreas. Aunque fue bien recibido no han obtenido respuesta. Asegura que la falta de planificación está provocando escasez de materiales y también que los trabajos se realicen irregularmente.
Los estudios que está elaborando el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) apuntan a que hay 30.000 edificios con alguna afección y por tanto, unas 60.000 viviendas. Además, otras 180 que no pueden rehabilitarse y que no se ha determinado dónde se podrán reconstruir. A este número hay que sumar los 30.000 bajos comerciales afectados. «En España se construyen al año 100.000 viviendas, ¿de dónde pretenden sacar mano de obras para construirlas?, ¿y los materiales? Porque además quieren cumplir con el Plan de Vivienda. Está claro que se necesita una planificación».
Santa Isabel afirma que la descoordinación se hace evidente en decretos como el de medidas urbanísticas urgentes aprobado por la Generalitat. Este paraliza los planes urbanísticos previstos en suelo rural en zonas inundables hasta que el Gobierno apruebe las obras hidráulicas para prevenir avenidas. En el caso de que sea en suelo rural, el organismo de cuenca deberá emitir un informe. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha respondido que esa no es su responsabilidad. «Ha quedado todo paralizado, afecta a toda el área metropolitana de Valencia. Está claro que no han hablado entre ellos».
En el decreto se regula que estos informes serán obligatorios mientras no se ejecuten las obras de encauzamiento pendientes de realizar por parte del Ministerio de Transición Ecológica.
En el asunto de las campas también asegura que la solución debe llegar por parte de las dos administraciones. Recuerda que quedaron afectados 125.000 vehículos que se han depositado en 63 campas que deben ser retirados con la máxima celeridad para evitar que se produzcan, entre otras cuestiones, filtraciones al subsuelo que acabarán afectando a L’Albufera de Valencia.
Reclama también celeridad al Ministerio en la ejecución de los proyectos de encauzamiento que tienen ya una declaración de impacto ambiental positiva.
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