Las obras de Ribera para el barranco del Poyo son «insuficientes» y no evitan el riesgo de inundaciones

El desvío del cauce del río Turia que se diseñó tras riada de 1957 de Valencia ha salvado a la ciudad de sufrir inundaciones similares a la que han devastado varias pedanías del sur de la ciudad y otros 68 municipios. La unanimidad en torno a la eficacia que ha demostrado esta infraestructura es total. Se calcula que el pasado 29 de octubre logró desaguar hasta 2.000 metros cúbicos por segundo y no hubo peligro de que se desbordase.

Sin embargo, más de 15 días después de la brutal DANA de la que ya hay confirmadas 216 víctimas mortales, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) no ha puesto sobre la mesa todavía las infraestructuras que considera como prioritarias para evitar que esta tragedia se vuelva a repetir. Alcaldes y vecinos exigen una respuesta inmediata tras décadas de olvido.

La Generalitat valenciana le trasladó en una reunión que mantuvo el consejero con competencias en agua, Miguel Barrachina, con varios representantes del Miteco, un documento con seis actuaciones «fundamentales» para evitar inundaciones en los próximos cinco años.

La propuesta del Consell implica una inversión de 2.390 millones de euros y, por el momento, no se ha obtenido respuesta alguna, aunque se ha mantenido ya otra reunión de seguimiento.

En los últimos días, desde el Miteco se ha explicado que la ministra Teresa Ribera dejó firmada en 2011 una declaración de impacto ambiental en la que se recogían las obras necesarias para reducir las inundaciones en la cuenca del Poyo, cuyo barranco ha adquirido una triste relevancia internacional debido a que ha sido el causante de la gran mayoría de pérdidas humanas.

Ribera era por entonces secretaria de Estado de Medio Ambiente y por tanto, argumentan, cumplió con su labor. Afirman que se dejó preparado para el siguiente gobierno, que presidió Mariano Rajoy. Sin embargo, el popular optó por lidiar la crisis con recortes en inversiones. Fue él, afirman, quien dejó estos proyectos en un cajón.

En el Miteco inciden en que la declaración de impacto caducó a los cinco años y hubo que comenzar de nuevo. Apuntan además a que la prueba del interés que mostraron por evitar las inundaciones en esta zona se puede demostrar, pues tienen preparado un paquete de obras para licitar por valor de 31 millones. Los proyectos se pondrán en marcha en cuanto la Generalitat valenciana emita los informes correspondientes y por ello, se les ha remitido un requerimiento.

Sin embargo, desde la consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, aseguran que solo se les han enviado dos proyectos y que además, ya están informados. Fuentes de este departamento autonómico, instan al Miteco a ponerlas en marcha a la mayor brevedad posible.

LA RAZÓN volvió a consultar, sin éxito, al Ministerio para saber por qué alegaron tener estas dos obras a la espera de informes que la Generalitat valenciana asegura haber recibido.

"Son insuficientes"

Fuentes del Consell explican existen dos obras sobre las que han remitido informe favorable, pero precisan que también han avisado de que se trata de infraestructuras que no evitan el riesgo de inundaciones.

La primera sobre la que emitió un dictamen fue sobre el «Acondicionamiento del barranco de la Saleta. Tramo Aldaia- Nuevo cauce del río Turia (Valencia)".

Se envió al Ministerio el 9 de mayo de 2023 y el servicio de gestión territorial dio el visto bueno porque suponía una disminución de la peligrosidad de inundación, pero ya entonces se indicaba en las consideraciones finales que las obras proyectadas no solucionaban la totalidad del problema de inundación, dado que «estaban calculadas para caudales inferiores a los del periodo de retorno de 500 años».

El segundo proyecto es la «Adecuación ambiental del barranco del Poyo entre el cruce con la A-7 y el barranco ‘dels Cavalls’».

El mismo organismo vuelve a emitir un informe favorable en agosto de 2024. No obstante, en las consideraciones finales, entre otras, se indica que no estaba suficientemente justificado el nivel de protección elegido en el proyecto, pues el periodo de retorno se limita a 25 años, y «se debería hacer un esfuerzo para incrementar el caudal de proyecto», que se calificó de «insuficiente».

La cronología deja claro que ninguno de estos proyectos fue prioritario para el Gobierno actual, pese a que a finales de 2018 se recogían como actuaciones básicas para el Ministerio en los denominados Planes de Gestión del Riesgo de las Inundaciones (PGRI). En este documento vuelven a aparecer las obras del Poyo y las de la Saleta.

Además, la responsabilidad sobre la redacción de estos planes recae, tras realizar una transposición de la normativa europea, en las confederaciones hidrográficas, que serán las encargadas de redactar estos planes.

La ley obliga, además, a que antes de ejecutar una obra estructural contra avenidas esta quedé incluida en el plan de inundaciones y, además, que se haya analizado el coste-beneficio de la obra.

Según ha podido confirmar este diario, en enero de 2016 la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene ya tenía publicado este plan en el que se incluye dos cuestiones relevantes.

En primer lugar, se define el bajo Turia como área con riesgo potencial significativo de inundación y se relatan tres actuaciones cuyo responsable es la CHJ.

Se trata del ya mencionado proyecto del barranco de La Saleta, la adecuación y encauzamiento en el casco urbano de Aldaia y drenaje de caudales al barranco del Poyo y por último, la adecuación ambiental y drenaje de la Cuenca del Poyo vertiente a la Albufera.

Del mismo modo, como la normativa así lo exige, se encarga el análisis coste- beneficio.

En junio de 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, licita el contrato para que se ejecute y se analizan 80 actuaciones incluidas en los PGRI y Planes Hidrológicos de toda España y que suman 2.682 millones de euros.

Por tanto, el procedimiento previo para poner en marcha las obras necesarias quedó listo antes de que finalizase 2018.