Mazón busca fórmulas para cumplir los objetivos del Plan Vive

El problema de la vivienda está por encima de todos los problemas que preocupan a los ciudadanos. El alquiler ya no es una opción para aquellos que no pueden comprar una casa, pues los precios están totalmente disparados. El Gobierno valenciano se propuso a principio de esta legislatura darle la vuelta a esta situación, pero no es una tarea fácil.

El «Saló de Corts» del Palau de la Generalitat, el que se reserva para los eventos de mayor relevancia, acogió ayer la firma de un decálogo con el que la Generalitat escenifica que el Plan Vive, que tiene marcado como objetivo construir 10.000 viviendas protegidas en la presente legislatura, cuenta con el compromiso de todos los agentes implicados.

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, organizaciones empresariales, colegios profesionales, universidades, entidades públicas de suelo, instituciones de economía social y entidades financieras, suscribieron el acuerdo.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha realizado un balance positivo de la ejecución del plan, aunque ha admitido que queda mucho por hacer. En dos años se ha conseguido poner en proceso de licitación, adjudicación o en fase de construcción más de 4.000 viviendas de protección pública.

627 corresponden a inmuebles de promoción directa de la Generalitat, más de 3.000 desarrolladas en colaboración público-privada, a los que hay que sumar «otros 1.000 inmuebles que se activarán antes de finalizar el año lo que demuestra que la vivienda es una prioridad y que el Plan VIVE está dando sus resultados».

Estas actuaciones beneficiarán a más de 15.000 personas que, pronto tendrán un hogar y supondrán una inversión de más de 1.000 millones de euros.

Además, ha afirmado que la modificación del decreto de viviendas de protección pública ha permitido movilizar al sector, que en este año ha solicitado la calificación de 1.200 viviendas promovidas por la iniciativa privada.

Ha anunciado que antes de finalizar el año se pondrá en marcha el proceso para la aprobación en 2026 de un nuevo decreto que regule la gestión, mantenimiento y los procedimientos de acceso a la vivienda protegida, lo que potenciará su papel como instrumento clave de nuestra política social.

De manera complementaria a la construcción de viviendas, la Generalitat ha puesto en marcha ayudas para el alquiler, avales a jóvenes para la compra de la primera vivienda del que se han beneficiado 1.400 personas y bonificaciones fiscales como la reducción en un 25 por ciento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que ha permitido que más de 28.500 personas hayan podido ahorrarse 38,3 millones de euros. A estas medidas se suma una rebaja lineal del 10% en el ITP.

Un pacto de Estado

En representación de los firmantes intervino el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), Fernando Cos-Gayón López, quien ha señalado que la vivienda atraviesa un «escenario bastante terrible» que no se prevé que mejore en los próximos años. Ha advertido de la necesidad de suscribir un Pacto de Estado para solucionar esta cuestión y pidió que no regule más, «al contrario, hay que desregular», así como plantear vivienda asequible al margen de la vivienda protegida para lo que, insistió, hay que buscar otras maneras de edificar.