Hoy se cumplen nueve meses de la riada que causó 228 muertos y que destrozó económica y moralmente a la provincia de Valencia. Con el inicio de la instrucción judicial, la crónica de superación de los afectados comparte protagonismo con las declaraciones de los testigos.

En este tiempo, las infraestructuras han ido recuperando la normalidad, prueba de ello, es que este fin de semana comenzará el servicio nocturno de metro a las poblaciones afectadas. Prosigue también la reconstrucción de los centros educativos arrasados por la dana también sigue su curso. Algemesí, Massanassa y Alfafar contarán con aulas prefabricadas para el nuevo curso escolar, garantizado así que el alumnado pueda dar clase en su municipio y también las actuaciones en caminos rurales o depuradoras.

La Generalitat ha presentado el Plan «Endavant», con 339 medidas estructurales que supondrán 29.000 millones de euros (de los que 14.500 corresponderían a la Generalitat y 12.600 al Gobierno de España), y el Gobierno de España asegura que tiene en marcha 1.400 actuaciones.

Con todo, si hay un proyecto que ha llamado la atención sobre el resto es la construcción de dos parques antiinundaciones en las riberas del río Turia y el barranco del Poyo, que ocuparán 35 kilómetros.

La fase de instrucción

En el plano judicial, el informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza sobre lo ocurrido el pasado 29 de octubre ha dado la última vuelta de tuerca al relato de aquella fatídica jornada. En el documento la Benemérita muestra su sorpresa por la falta de avisos sobre el aumento de caudal por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). También critica la actuación de Aemet por no transmitir los datos pluviométricos en tiempo real.

Estas afirmaciones vienen a avalar la versión de la Generalitat valenciana, que siempre ha asegurado que obró de la manera más diligente posible con los datos que tenía, apuntando siempre a la CHJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, como la que no dio la alerta sobre el desastre que se iba a producir en el barranco del Poyo.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) defendieron ayer que sí informaron de la situación que se estaba produciendo el 29 de octubre y que el informe de la Guardia Civil no ha tenido en cuenta la documentación aportada a la causa o aspectos de su funcionamiento. Según recoge EFE, la CHJ critica que el citado informe «no tenga en cuenta» la documentación ya aportada al juzgado donde se recogen «18 correos sobre la cuenca del Poyo» e «ignora los casi 200 avisos que la CHJ envió ese día». Afirma también que el documento se hará llegar al juzgado cuando declare como testigo el presidente de este organismo, Miguel Polo.

La CHJ defiende que, cuando el servicio del SAIH validó y verificó la «nueva subida vertiginosa de caudal, se envió el correo de las 18:43 horas» al Centro de Emergencias de la Generalitat, con el valor último de caudal del que se disponía.

Desde Aemet afirmaron que para la información en tiempo real se cuenta con otros canales oficiales «complementarios pero de vital importancia en situaciones muy adversas», como las llamadas directas con los gestores de la emergencia, y el 29 de octubre se hicieron «al menos 24 llamadas entre exitosas y fallidas entre Aemet y el 112».

Tras este informe, una acusación particular, la asociación Liberum, ha pedido la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, cuestión que hasta el momento ha sido rechazada.

Para esta tarde se ha convocado una manifestación para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Por primera vez se traslada de Valencia a Catarroja, población de la zona cero.