Las infraestructuras hidráulicas olvidadas en la provincia de Valencia para evitar inundaciones

La virulencia de la gota fría que ha arrasado una parte de la provincia de Valencia y ha conmocionado a toda España no tiene precedentes. Sin embargo, la Comunitat Valenciana sabía mucho antes de este episodio que las lluvias intensas forman parte de la historia de este territorio y que, con el cambio climático, son cada vez más recurrentes.

Sin embargo, la cuenca del Júcar carece de infraestructuras consideradas clave para evitar inundaciones y proteger a la población de episodios de lluvias intensas. La demarcación de la Comunitat Valenciana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos hacía ayer un llamamiento a llevar adelante los proyectos planteados y pidió a las administraciones no quedarse en el argumento de que esa «solución es muy cara» porque con el paso de la DANA se ha visto la «importancia crucial» de infraestructuras hidráulicas en servicio que han «mitigado significativamente» los efectos del temporal.

En la lista de actuaciones previstas con este fin destacan cinco que, por un motivo u otro, nunca se han llevado adelante. Su finalidad es controlar los efectos de las lluvias en las zonas que se han visto más afectadas por la tragedia. Un informe de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana de 2019 advierte ya de la nula inversión en obras hidráulicas, lamentando además, las terribles consecuencias a las que puede llevar su abandono. Todas ellas son competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La presa de Montesa es un proyecto que está actualmente en redacción pese a que se encuentra dentro del Plan de Defensa del Júcar presentado en el año 2000. Se trata de una presa de laminación que estaría ubicada en el río Canyoles, en los términos de Montesa y Vallada. Está presupuestada en 30 millones de euros.

Pendiente de impacto ambiental sigue el proyecto de adecuación y encauzamiento en el casco urbano de Aldaia y drenaje de caudales al ya trágicamente conocido Barranco del Poyo. Este proyecto está redactado y pendiente del pronunciamiento ambiental, «por incompatibilidades con la Ley de protección de la Huerta», según confirmaron desde la CHJ. El presupuesto recogido en el informe de la Cámara de Contratistas asciende a siete millones.

Este mismo organismo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, confirma que otros tres proyectos, contemplados en etapas anteriores como necesarios para prevenir inundaciones han quedado descartados. Se trata de la presa de Sellent, en el municipio de Estubeny (Valencia), la de Vilamarxant, o un proyecto alternativo para la regulación de la parte baja del río Magro, origen de la tragedia. En el primer caso, la CHJ explica que hace tiempo que está descartado porque el río Sellent no cumple las condiciones geológicas adecuadas para construir una presa. Sobre Vilamarxant alega «múltiples razones» y en el caso del Magro, afirman que no se ejecuta porque no existe una ubicación donde poder construirla y «la alternativa no resuelve prácticamente nada».

El nuevo cauce

El Colegio de Caminos insistió ayer que esta desgracia ha demostrado la importancia crucial de las infraestructuras hidráulicas en servicio. Destacan la capacidad de laminación de la presa de Forata y el nuevo cauce del río Turia, que han permitido encauzar «un caudal excepcional, evitando que el impacto aguas abajo fuera de una magnitud mucho mayor».

Por tanto, defiende la necesidad de continuar con la construcción de nuevas infraestructuras de interés general. «El riesgo cero no existe antefenómenos meteorológicos de esta naturaleza pero se puede aspirar a reducirlo mejorando los sistemas de alerta temprana, la transmisión del conocimiento a la sociedad, el apoyo a la toma de decisiones y la ejecución de infraestructuras.

Para lograr este objetivo apuntan a la importancia de la realización de planes de gestión del riesgo de inundación que busquen la reducción del riesgo. "Es un imperativo de la Directiva Marco Europea de 2007 sobre esta cuestión" y afirman que la información y la predicción hidrológica en tiempo real mediante modelos adecuados y sistemas automáticos, y también los mapas de riesgo a los que la ciudadanía tiene acceso, desempeñan un papel clave en minimizar el impacto de estos eventos”.

En este sentido, señala que la información y la educación "permiten a la población y a los responsables de seguridad tomar decisiones más fundamentadas y rápidas en momentos críticos", que no serán suficiente sin las "soluciones técnicas necesarias que ya están proyectadas y respaldadas por estudios exhaustivos y cuya ejecución únicamente depende de "acuerdos, voluntad política y financiación". El Colegio de Ingenieros de Caminos hace un llamamiento a las Administraciones públicas a que no se escatime ningún recurso, y si estos son escasos, que se redistribuyan, dando prioridad a los asuntos que realmente la requieren”.

"Disponemos de conocimientos técnicos para paliar los efectos devastadores de la naturaleza, necesitamos destinar los recursos necesarios para alcanzar este objetivo. Y no nos quedemos en el tantas veces oído, ‘en obra civil, ya está todo hecho’ o ‘esa solución es muy cara’. Ha quedado en evidencia que no es así, no está todo hecho y las soluciones no son caras o baratas, son rentables o no".