Vicente Cotino reconoce que la adjudicación de las ITV la amañó su fallecido tío Juan

Vicente Cotino, sobrino del que fuera presidente de Les Corts Valencianes y director general de la Policía Nacional, Juan Cotino, ha reconocido que la adjudicación de la gestión de las ITV estuvo "predeterminada" es decir, amañada, por su tío, y que para ellos se constituyeron en Luxemburgo dos sociedades, Imison y Femix, por valor de 640.000 euros, que fueron trasladados por el propio Juan Cotino a Luxemburgo en 2001.

Más tarde, en 2005, con estas sociedades se pagó el "preacuerdo para la adjudicación predeterminada" que se había alcanzado en 1997, y por ello se puso una a nombre de Juan Francisco García (Fenix), jefe de gabinete de Zaplana, y otra para el presunto testaferro del expresidente Zaplana, Joaquín Barceló (Imison).

Vicente Cotino dice que conoció a Zaplana en 2008 y que a Barceló solo lo vio en el viaje a Luxemburgo en el que se transfieren las sociedades. El acusado ha descartado que Barceló fuera testaferro suyo.

Cotino también ha reconocido que facturó 1.264.000 que no correspondían a trabajos reales a Dobles Figuras, la empresa de Juan Francisco García.

Vicente Cotino ha exonerado a su hermano José de responsabilidad: "Él solo firmaba".

El "Gasofa"

Previamente a Vicente Cotino ha declarado Francisco Pérez, apodado el "Gasofa" por ser titular de varias gasolineras con las que se abastecía, entre otras cosas, a los barcos de siete puertos deportivos.

Pérez ha explicado que "reservó" un barco para Eduardo Zaplana y pagó por él 23.000 euros que luego Zaplana le paga "en dos transferencias".

Sin embargo, Pérez dijo en su declaración en fase de instrucción que le había pagado en metálico.

Ha dicho no recordar "que me pidiera Barceló una factura de 50.000 euros".

También ha confesado que "no me convencía la operación de la compra del barco Lois, sabía lo que iba a pasar. Cada vez que yo iba al puerto, el barco estaba hecho un asco. Lo usé cinco veces". Y ha comentado que los dueños de la embarcación "no se ponían de acuerdo para la utilización del barco".

Pérez también ha reconocido que "yo le hice un préstamo de 300.000 euros por un asunto privado de una estafa que le hacen a Barceló. Barceló me lo devuelve con una transferencia".

Mitsouko, la secretaria de Zaplana

Mitsouko Henríquez, secretaria de Eduardo Zaplana ha afirmado que el expresidente vivía en el piso de Núñez de Balboa porque "Barceló se lo había prestado". Ella tenía llaves del piso por si Barceló iba algún día a Madrid y no se acordaba de coger las llaves.

Barceló tenía contratada a la empleada de hogar desde 2017.

Mitsouko ha aportado un correo con datos de Costera del Glorio, propiedad de Joaquín Barceló, para que Francisco Grau -contable de Zaplana y de Barceló- redactara el contrato de alta de la señora de la limpieza.

Zaplana contrató a la señora de limpieza hasta 2017, luego de 2017 a 2018 la contrata Barceló.

El Ministerio Fiscal considera que esta vivienda puede ser propiedad de Eduardo Zaplana, y no de Barceló. Y que la misma sería fruto del cobro de las comisiones que se enjuician.

Henríquez ha explicado que realizó múltiples gestiones a Joaquín Barceló "porque era amigo de Zaplana, al igual que hice gestiones para infinidad de personas".

El fiscal le ha sacado a colación que "Fernando Belhot dice que en varios años ha entregado a través de Mitsouko hasta dos millones para Zaplana". Ella lo niega.

La defensa de Grau le ha preguntado por su relación con el despacho del contable y ha admitido tener relación con varias personas del despacho.

La defensa de Mitsouko ha incidido en que la secretaria de Zaplana realizaba gestiones incluso personales para un montón de personas que tenían relación del expresidente. "las que somos secretarias de gente con tan alta responsabilidad nos encargamos de muchísimas cosas al día".

Otro expresidente: José Luis Olivas

El también expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, que ya fue condenado por falsedad y delito fiscal por un pago de medio millón de euros recibido por Sedesa por la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. -accionarada por Endesa (55 por ciento), Sedesa (25 por ciento) y Bancaja (20 por ciento)- a Endesa, ha sostenido que ese pago fue por su intermediación en la venta, no por el supuesto amaño de los planes eólicos valencianos.