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Promotores de eventos musicales piden no estar obligados a devolver el dinero de las entradas

Ante la crisis del Coronavirus también le solicitan al Gobierno que el promotor no esté obligado a devolver los gastos de gestión cargados en la emisión de la entrada para un evento

El público anima durante la actuación de la banda francesa Phoenix en el Festival SOS 4,8
El público anima durante la actuación de la banda francesa Phoenix en el Festival SOS 4,8larazon

El sector de la música en directo, en alianza con el lobby de las agencias de viajes y turismo, ha mantenido reuniones con el Secretario General de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, Rafael Escudero, para analizar la delicada situación tras la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus. En ellas, los empresarios le han planteado al Gobierno algunas de sus demandas para paliar los efectos de la crisis, con un objetivo común: evitar las “consecuencias catastróficas” de la masiva devolución de entradas, reservas y billetes en general. Promotores de eventos musicales han solicitado al Gobierno no estar obligados a devolver el importe de las entradas de los eventos que se aplacen por causa de la pandemia y, en algunos casos, como el de cancelación, no tener que reintegrar a los compradores los gastos de gestión generados y ya cobrados por el ticket.

Así, entre las medidas que pide el sector turístico y el que agrupa la Federación de la Música de España, hay algunos aspectos polémicos que se aplicarían “dada la situación excepcional” que otros países como Italia, Bélgica o Alemania han aprobado. La primera medida es “permitir la posibilidad de suspensión o aplazamiento de los eventos musicales cuya celebración esté prevista en el período de seis meses desde la declaración del estado de alarma”, que apareció publicado en el BOE el 14 de marzo. Según reclama el sector musical, “en el caso de aplazamiento, establecer que los organizadores de los eventos musicales no estén obligados a devolver el importe de las entradas si no es por una causa debidamente justificada o de primera necesidad. Las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha, que el organizador tendrá la obligación de comunicar en un plazo de hasta un máximo de treinta días desde la finalización del estado de alarma”, es decir, que el consumidor no tendría derecho al reembolso en metálico en caso de no poder asistir al evento en la nueva fecha disponible.

Para los eventos musicales cancelados, los organizadores solicitan al Ejecutivo que se establezca “una moratoria en la devolución del importe de las entradas hasta el 31 de diciembre de 2020”. Asimismo, solicitan que, en el caso de que un promotor sí esté dispuesto a devolver el precio de las entradas, y en el que sea su obligación porque no se haya podido reubicar el evento en el calendario, “sólo estará obligado a devolver el importe de la entrada, no así los gastos de distribución al tratarse de un servicio ya efectuado en el momento de la compra”.

Los gastos de gestión, que han recibido críticas de asociaciones de consumidores al considerarlos “arbitrarios y abusivos”, hacen referencia al coste derivado de la generación de una entrada, con códigos y otras medidas de seguridad, servicio que generalmente presta una tercera compañía ajena a los promotores de los eventos.

En los encuentros llevados a cabo con el Departamento de Consumo estaban presentes la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje (FETAVE), la Asociación de líneas aéreas y asociaciones de turismo, cultura y espectáculos (Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, Federación de la Música de España, ES_MÚSICA y Asociación por un Ticketing de Calidad). En un comunicado conjunto, han expresado su “satisfacción y alivio por la comprensión” del Ministerio de Consumo de las “gravísimas consecuencias” que podría provocar la aplicación automática de la normativa vigente. “El Ministerio de Consumo ha transmitido su receptividad a la incorporación de las propuestas de aplazamiento y de activación de bonos para productos turísticos y culturales que permitan flexibilizar la aplicación de los derechos del consumidor”, aseguran.