Todas las claves del escándalo que hizo temblar al Barcelona

Un año después de que se conociera la noticia, los Mossos registran el Camp Nou

Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona.
Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona.GERMAN PARGA / FC BARCELONA / HAEFE

El 17 de febrero de 2020, la Cadena SER desveló una noticia que hizo temblar los cimientos del Barcelona y del barcelonismo. Según la información de la emisora, el Fútbol Club Barcelona, presidido entonces por Josep María Bartomeu, tenía contratada desde finales de 2017 a la empresa I3 Ventures, propiedad del empresario argentino Carlos Ibáñez, para que efectuara a través de las redes sociales una campaña de difamación y desprestigio contra las personas y entidades que no eran afines a la junta directiva de Bartomeu. Es lo que se conoció como Barçagate.

La SER sostuvo que a través de diferentes cuentas en redes sociales se habría pretendido erosionar la imagen de jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué, de Pep Guardiola, Xavi Hernández o Víctor Font.

Según la información de la Cadena SER, el Barcelona pagaba un millón de euros anuales a I3 Ventures, pero esa cantidad era dividida en varias facturas asignadas a diferentes departamentos del club, para que todas fueran inferiores a 200.000 euros y así los contratos no tuvieran que someterse a la aprobación de la junta directiva.

El Barcelona negó los hechos, pero sí admitió su vinculación con I3 Ventures, con la que rescindió el contrato al día siguiente. Bartomeu se negó a adelantar las elecciones, como le pidieron algunos directivos, pero sí aceptó suspender de empleo y sueldo a Jaume Masferrer, director del área de presidencia, hasta que se conocieran los resultados de la auditoria externa encargada a PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Como consecuencia del escándalo que supuso la revelación de esta maniobra y de las diferencias cada vez más grandes que había entre los miembros de la junta directiva, en abril Bartomeu pidió la dimisión de los directivos Emili Rousaud, Enrique Tombas, Josep Pont y Silvio Elías. Los cuatro presentaron su dimisión y a ellos se sumaron María Teixidor y Jordi Calsamiglia.

En junio, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona admitió a trámite la denuncia de la plataforma Dignitat Blaugrana por presunta administración desleal y/o corrupción entre particulares por parte de algunos directivos de la junta de Bartomeu. En el origen de esa denuncia estaría el registro que los Mossos d’Esquadra, a petición de la jueza que lleva el caso, Adriana Gil, efectuaron a finales de junio en el Camp Nou.

La auditoría externa encargada a PwC, cuyos resultados se conocieron a primeros de julio, descartó que la junta directiva del Barcelona contratara ninguna campaña difamatoria contra los jugadores o personas contrarias a Bartomeu: “No hemos detectado indicio alguno que pudiera evidenciar que se dieran indicaciones por parte de la junta directiva correspondiente a la creación y generación de contenidos desde los perfiles identificados y/o que tuvieran relación con los jugadores del FC Barcelona y o su entorno”.

Emili Rousaud, uno de los directivos dimitidos, declaró que la auditoría de PwC puso de manifiesto “la evasión de mecanismos y procedimientos de contratación internos del club”. Hizo referencia a la división del contrato “en importes inferiores a 200.000 euros, hecho que impidió los controles internos del club que garantizan que las contrataciones se hacen sobre objetos lícitos”.

Los Mossos también acudieron a la sede de PwC para solicitar a través de una orden judicial la auditoría efectuada sobre el Barçagate. Este lunes 1 de marzo, los Mossos dieron un paso más en el proceso de sus investigaciones y registraron el Camp Nou.