16 organizaciones de consumidores de la UE denuncian ante la Comisión Europea a siete aerolíneas por cobrar el equipaje de mano

La Asociación de Consumidores Europea BEUC y 16 de sus organizaciones miembro -entre ellas las españolas OCU, CECU y Asufin- han denunciado ante la Comisión Europea y ante la Red de Autoridades de Protección al Consumidor que EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair continúan cobrando por el equipaje de mano, una práctica que consideran ilegal en base a la jurisprudencia europea. El ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, respaldó la denuncia y anunció que estudia sanciones contra Wizzair y Transavia, tras multar en 2024 a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea con 179 millones.

"Lo que el Gobierno de España está intentando hacer es proteger la ley, que defiende los derechos de los consumidores", dijo en rueda de prensa en Bruselas Bustinduy junto con responsables del BEUC. En total, BEUC calcula que más de 450 millones de pasajeros se vieron afectados por este cargo "abusivo" solo durante 2024 con precios que oscilan entre los 6 y los 75 euros, en función de la compañía, la ruta y el momento de reserva y de pago.

Las organizaciones se amparan en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia sobre el "caso Vueling" de 2014, estableció que las compañías aéreas no pueden cobrar suplementos por el equipaje de mano si este cumple con criterios razonables de peso y tamaño, y respeta las normas de seguridad. Ryanair usa esta misma sentencia para argumentar que sí puede cobrar el equipaje de mano, ya que el único requisito que se exige a las aerolíneas es que deben proporcionar a todos los pasajeros un límite razonable de equipaje de mano gratuito, pero sin especificar el tamaño. Ryanair considera que ya lo hace permitiendo una mochila o bolso de hasta 40 x 20 x 25 cm e insta a la BECU a poner el foco en las OTA`s (agencia de viajes online) por imponer márgenes ocultos y productos complementarios que encarecen los vuelos.

Asimismo, tras la multa de 179 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por cobrar por el equipaje de mano, por reservar asientos al lado de menores o personas dependientes o por imprimir la tarjeta de embarque, sanción que también obliga al cese de estas prácticas, y tras esta nueva amenaza, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España, reitera que esta cobrar la maleta de cabina es "perfectamente legal" y esta práctica está amparada en el Reglamento Europeo 1008/2008, que es de obligado cumplimiento en los Estados miembro. En concreto, el reglamento garantiza a todas las aerolíneas de la UE la libertad de fijación de precios e impide a los gobiernos nacionales interferir en las políticas de precios de las aerolíneas para asientos y otros servicios como el equipaje.

Las compañías argumentan que si no pueden cobrar ese recargo tendrán que repercutir el coste en el precio de todos los billetes. Bustinduy ha respondido afirmando que las compañías aéreas ya han incrementando los precios de los billetes en torno a un 60% en los últimos años al mismo tiempo que han cobrado por el equipaje de mano.

El caso está judicializado en España, tras un recurso presentado por las aerolíneas, y se espera que de manera inminente la Justicia decida si ordena medidas cautelares para que las compañías no puedan cargar por el equipaje de mano hasta que se resuelva definitivamente el caso. Este miércoles, Bustinduy anunció que analiza sumar a Transavia y Wizzair a la lista de aerolíneas sancionadas, aunque no concretó plazos o cuantía, ya que aún se están analizando estos casos.

Las organizaciones de consumidores reclaman a las autoridades europeas declarar ilegales estas tarifas adicionales, calificar como abusivas las cláusulas contractuales que las imponen y exigir el cese inmediato de esta práctica a las aerolíneas implicadas. Asimismo, exigen que se fije un estándar común de peso y tamaño de equipaje para todo el sector y que se sancione a las empresas que no cumplan voluntariamente con los requerimientos. "Además de nuestra acción europea, la revisión en curso del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos es la oportunidad perfecta para que la UE aclare qué servicios deben incluirse en el precio básico del billete", apunta Agustín Reyna, Director General de BEUC.

"Las personas consumidoras necesitan normas claras e información transparente a la hora de reservar un vuelo. La imposición de estos cargos justo en el momento antes de embarcar impide a las personas consumidoras decidir libremente si están dispuestas a pagar el coste total del vuelo o no. Ningún consumidor se puede permitir rechazar un recargo adicional justo antes de embarcar, puesto que perdería su vuelo y su dinero", señala David Sánchez, director de CECU.

"Consideramos que es urgente un cambio de conducta por parte de las aerolíneas, como así lo pedimos para las entidades financieras. No podemos consentir una violación sistemática de los derechos que protegen a los consumidores a través de prácticas sistemáticas que constituyen un abuso en toda regla. Es importante que los consumidores sepan sus derechos para que puedan defenderse ante estas prácticas", subraya Patricia Suárez, Presidenta de Asufin.

Las 16 organizaciones que participan en la denuncia son la Asociación para los Derechos del Consumidor (ACR) Malta (Malta), Asufin (España), CECU (España), CLCV (Francia), Consumentenbond (Países Bajos), Asociación de Consumidores de Chipre (Chipre), DECO (Portugal), dTest (República Checa), EKPIZO (Grecia), Federacja Konsumentów (Polonia), KEPKA (Grecia), Consejo Noruego del Consumidor (NCC) (Noruega), OCU (España), UFC Que Choisir (Francia), Test Achats / Test Aankoop (Bélgica) y Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv (Alemania).