En plena digestión de la celebración de la COP25 en Madrid, donde se ha debatido sobre la urgencia climática a nivel mundial, es momento de pasar a la acción, también en el ámbito empresarial. Aunque, la cumbre se cierra con el regusto agridulce por la falta de avance en la regulación de los mercados de emisiones de CO2, nos encontramos ante una situación de emergencia climática que requiere de un plan de acción urgente hacia una transición energética justa, eficaz y segura. Actuar, significa, además, poder capturar grandes oportunidades para generar valor a partir de la aparición o recuperación de sectores económicos que van a articular una estructura productiva estable para el futuro.

La Unión Europea tiene muy claro cuál es su principal objetivo para liderar esta transformación: ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha anunciado con el llamado «Green Deal» europeo. En este 2020, será cuando presente el Plan Europeo de Inversiones Sostenibles y concretará el Mecanismo de Transición. Es crucial abordar este mismo compromiso localmente, identificando las necesidades y poniendo en marcha las iniciativas adecuadas. Estamos ante una gran oportunidad para nuestro desarrollo económico y social.

El ahorro mundial, canalizado a través de fondos institucionales, mira cada día más hacia las inversiones sostenibles. La publicación de los estados de información no financiera –EINF–, de obligado cumplimiento para las grandes sociedades de capital y grupos empresariales, y extensible a todas las empresas de más de 250 trabajadores a partir de 2021, se ha convertido en un indicador buscado y reclamado por los mercados de inversión. MSCI, promotora del índice referente en calificación de sostenibilidad, ha apuntado recientemente el valor de las políticas de mejora medioambiental y los demás componentes ESG como un factor analizado por los inversores para construir mejores carteras. Se reclaman acciones con pruebas, sin maquillaje. Las emisiones de bonos medioambientales o sociales en el Viejo Continente fueron récord en el arranque de 2019, según los datos de Moody’s. Más flujos de capital privado deben orientarse hacia el desarrollo sostenible, diferentes fuentes cifran como necesaria una inversión en la UE de casi 200.000 millones de euros.

Se estima que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) generarán nuevas áreas de actividad equivalentes a 12 veces el PIB de España al año, según las Naciones Unidas. Lograr los objetivos de los ODS podría crear 380 millones de nuevos empleos hasta 2030. El 72% de los 17 ODS están ligados al desarrollo de las infraestructuras, según el Banco Mundial. La inversión anual media necesaria para cumplir esa agenda, tan solo en infraestructuras, es de 3.800 Millones de dólares hasta 2040.

La apuesta por el cambio climático ha pasado a ser un valor añadido, atraigamos esta atención hacia España. Tenemos los ingredientes idóneos, contamos con un mapa empresarial comprometido, que dispone de la capacidad tecnológica necesaria y que, además, es exportable a otros países del mundo. El Grupo Español de Crecimiento Verde, que agrupa a medio centenar de las principales empresas españolas, ha lanzado un manifiesto de impulso a los ODS para cumplir con la Agenda 2030.

El compromiso de las grandes corporaciones es imprescindible. No partimos de cero, contamos ya con ejemplos tangibles. En el ámbito energético, hemos vivido estos días la aceleración de los planes hacia el cumplimiento de emisiones cero en el 2050, de todos los grandes actores del sector. El 71% de empresas del Ibex cuentan con objetivos de reducción de emisiones de carbono. Dos son neutras ya a día de hoy. Una es CaixaBank, la otra es Acciona, esta última desde 2016. El año pasado, su generación eléctrica evitó la emisión a la atmósfera de 14,7 millones de toneladas de CO2. Su apuesta por la sostenibilidad ha llevado incluso a su presidente a solicitar la repercusión del precio del carbono en los costes de las operaciones de la compañía.

La Transición debe también facilitarse a la ciudadanía y a las pequeñas y medianas empresas. La banca juega aquí un papel importante e instada ya por el Banco de España lanza productos financieros encaminados a facilitar la economía sostenible.

Pero todavía tenemos que hacer frente a un gran reto: la aprobación definitiva del anteproyecto de Ley de Cambio Climático. No resuelta en la pasada legislatura, es imprescindible para procurar un marco legal que desde el consenso marque el terreno de juego para que las compañías puedan ajustar sus inversiones, eliminar riesgos y lanzar nuevas líneas de negocio. Sin su desarrollo, el país perderá el paso y no nos lo podemos permitir.

Mientras se consolida este marco legal, debe existir una responsabilidad empresarial ante el clima que, junto a la implicación política, sea la receta perfecta para el desarrollo futuro. Es hora de pasar de la intención a la acción.