Las autonomías deben 4.704 millones a sus proveedores

La morosidad de las administraciones públicas sigue siendo uno de los grandes problemas que deben afrontar las pymes y los autónomos, que deben cuadrar sus cuentas mensuales teniendo los ingresos por contratos públicos pendientes de cobro más allá del periodo legal establecido. Pese a que se nota el esfuerzo que las tesorerías de las administraciones están realizando, todavía son demasiadas las que incumplen los plazos, lo que complica la situación de sus proveedores locales, con demasiada dependencia de estos contratos. Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores (conocido como PMP) disminuyó en octubre en la mayoría de entidades públicas. Bajó 5,8 días en la Administración central, para quedarse en 25,6 días de media. También descendió 1,2 días en las comunidades, hasta 40,7, todavía muy por encima del plazo legal de 30 días hábiles. Peor situación tienen las entidades locales, que a pesar de reducir en 3,2 días sus plazos de pago, siguen 37 días por encima de la fecha límite, por lo que no abonan sus facturas hasta 67,34 días después. El lado positivo es que al menos el 74% de los ayuntamientos presentan unos plazos iguales o inferiores a 30 días.

El mejor porcentaje, pese a la mala situación financiera que atraviesa –en quiebra técnica–, lo obtiene la Seguridad Social, cuyo plazo registrado de pagos se situó en 11,2 días, 4,56 días menos en relación con septiembre. Su ratio de operaciones pagadas ascendió a 10,88 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago quedó en 12,15 días.

En términos globales, el importe de la deuda comercial de las comunidades autónomas asciende a 4.704,5 millones de euros, equivalente al 0,38% del PIB nacional, un dato todavía muy elevado, ya que esta deuda solo se ha rebajado respecto al mes anterior en 65,8 millones deuros, un 1,38% menos. La ratio de operaciones pagadas se situó en 35,52 días –4,62 jornadas menos que el mes anterior–, pero las operaciones pendientes de pago siguen muy por encima de la legalidad, en 46 días de media, con un aumento de 4,35 días respecto a septiembre.

Autonomías

Cantabria y Murcia repiten como las comunidades más morosas de España, aunque ha habido un cambio en la cabeza. La región cántabra superó a la murciana en la demora del pago a proveedores, al situar su PMP en 82,49 días, frente a los 82,05 días de la región murciana. Tampoco cumplen con la legalidad vigente Baleares (61,72 días), Castilla-La Mancha (68,03 días), Comunidad Valenciana (43,12 días), Madrid (45,36), Cataluña (39,56), La Rioja (39,19 días) y Extremadura (37,09). En el lado opuesto, la comunidad más cumplidora es Galicia, que abona sus deudas en 18,57 días. Junto a ella, también cumplen con la normativa Castilla y León (29,8 días), Aragón (29,62), Navarra (25,89), Canarias (24,46), Andalucía (24,22), Asturias (23,50) y País Vasco (19,35).

En cuanto a las entidades locales, aunque se constata una recuperación en la ratio de operaciones pendientes de pago, todavía presentan un retraso de 67,34 días, aunque Hacienda constata que el dato de media está calculado en función del volumen de deuda de cada entidad, de manera que en el cálculo del PMP tienen más peso aquellas entidades con mayor endeudamiento con los proveedores. Si no se utilizara este método, la media simple individual de cada ciudad mostraría un dato de 34,25 días, aún por encima del máximo legal pero alejado de los 67,34 días si se aplica la metodología unitaria. Entre las principales capitales, siete presentan retrasos superiores a 30 días en el pago de sus facturas: Las Palmas de Gran Canaria (71,66 días), Sevilla (53,66), Zaragoza (42,78), La Coruña (39,18), Murcia (39,25), Valencia (38,37) y Málaga (30,2). Las mejores, Barcelona (11,2 días), Madrid (29,92 días) y Palma (19,95 días).