El nuevo ministro de pensiones de Sánchez quiere subir la edad de jubilación

No aparecía en ninguna de las quinielas, pero José Luis Escrivá será el nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones que ha creado el Gobierno. El hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Reponsabilidad Fiscal (Airef), será uno de los miembros independientes del nuevo Gabinete y tendrá como principal reto pilotar la reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad. En concreto, aparecen en su lista de tareas la derogación de la reforma de pensiones de 2013, el aumento de los ingresos del sistema de Seguridad Social, y la coordinación de una fórmula que garantice la viabilidad de las pensiones en el futuro. No obstante, los postulados de Escrivá al frente de la Autoridad Fiscal pueden chocar frontalmente con los del Gobierno socialcomunista de PSOE y Podemos.

El próximo ministro de Seguridad Social, cuyo mandato en la Airef finalizaba en febrero de este año, es un gran conocedor del sistema de pensiones. Desde este organismo se han realizado numerosos estudios relacionados con las pensiones y su sostenimiento a futuro, que han generado grandes consensos parlamentarios. Y desde este organismo ha propuesto también medidas muy polémicas como elevar la edad de jubilación real hasta los 67 años, frente a los 62 actuales. Con esta iniciativa, Escrivá cree que se solucionaría más de la mitad del problema de gasto de la Seguridad Social. Además, considera necesario ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral, frente a los 25 años que estableció la reforma de 2011.

Escrivá ha afirmado en varias ocasiones que el aumento del gasto en pensiones es “absorbible y manejable”, pero también ha defendido uno de los principales objetivos de la izquierda, el llamado “factor de sostenibilidad”, que pidió “no demonizar”. Este elemento, introducido por Rajoy y suspendido por él mismo después, es una herramienta para adecuar el aumento de las pensiones al incremento paralelo de la esperanza de vida. Es decir, como la población española vivirá cada vez más años, la subida de las pensiones no puede producirse al mismo ritmo, pues cada vez hay que pagar esas prestaciones durante más años.

Traspasar gastos impropios al Estado

Como otra de las soluciones, en los últimos informes elaborados por la Airef respecto a la Seguridad Social, el organismo abogaba por desviar parte de los gastos no contributivos que asume la Seguridad Social, y que computan por tanto en su déficit, al Estado. Considera que la cotización por desempleo podría reducirse entre tres y cuatro puntos en favor de la Seguridad Social, asumiendo el Estado la pérdida para el Servicio público de empleo (Sepe), lo que comporta un gasto de unos 10.400 millones. La Airef sugirió además la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.000 millones). De esta forma, descontando el superávit de 1.400 millones del Sepe, la propuesta de la Airef supone transferir un gasto de 9.000 millones del Sepe al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social, con lo que el déficit del Estado aumentaría en 16.000 millones, en tanto que casi se solucionaría el desequilibrio de la Seguridad Social.

Las organizaciones sindicales reclaman que las pensiones se liguen al IPC (el Gobierno se ha comprometido a revalorizarlas un 0,9% en 2020), así como derogar la reforma de 2013 para, entre otras cuestiones, acabar con el llamado factor de sostenibilidad, que debía entrar en vigor el próximo año pero que se ha retrasado hasta 2023. Con el Fondo de Reserva en unos 2.150 millones de euros (cantidad inferior a lo que le cuesta al sistema pagar una nómina mensual de pensiones) y un déficit de los fondos de la Seguridad Social que se prevé que supere los 17.000 millones de euros en 2019, el nuevo Gobierno tendrá que conseguir traducir a acuerdos los consensos que alcance el Pacto de Toledo, si es que finalmente los hay. En el acuerdo programático acordado entre el PSOE y Unidas Podemos se apostaba por garantizar la actualización de las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y, para ello, se pretende eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones.

Trayectoria profesional de Escrivá

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid con estudios de posgrado en Análisis Económico en la UCM y en Econometría en el Banco de España, Escrivá (Albacete, 1960) fue director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea desde 2012 hasta su incorporación a la Airef en marzo de 2014. Anteriormente, desempeñó diferentes puestos en el Banco de España, fue asesor del Instituto Monetario Europeo y, desde el inicio de la Unión Monetaria, jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo.

Entre 2004 y 2010 fue economista-jefe y director del Servicio de Estudios del Grupo BBVA y, posteriormente, director general del área de Finanzas Públicas del mismo grupo, informa Ep.