La división del Ministerio de Trabajo bloquea a los inspectores

Tras la lucha interna vivida a comienzos de año entre los desgajados ministerios de Trabajo y Seguridad Social para hacerse con el control de la Inspección de Trabajo –que finalmente quedó bajo la dirección de Ministerio que dirige la Yolanda Díaz, que colocó al frente de la Inspección a uno de sus fieles, Héctor Illueca–, ahora toca hacer frente a los innumerables objetivos marcados en el Plan Estratégico 2018-2020. Pedro Sánchez quiere convertir a este cuerpo de funcionarios en una auténtica «policía laboral» que lleve hasta el final el cumplimiento de su batería de políticas sociales y económicas más emblemáticas firmadas con su socio de coalición. El control de registro horario, acabar con el fraude laboral, luchar contra los falsos autónomos, mayor control de los contratos agrarios... Un sinfín de cometidos y todos importantes. Pero los inspectores temen que su trabajo esté condicionado por la burocratización que puede provocar la separación de funciones en dos departamentos. Fuentes ministeriales informaron de que ya se han acordado todas las medidas de coordinación necesarias para garantizar «un funcionamiento cohesionado de los inspectores». Para ello, ambos ministerios se encuentran en pleno desarrollo de un órgano de coordinación con participación paritaria para evitar posibles disfunciones. Sin embargo, aunque el trabajo de los inspectores no se ha paralizado, sí que ha sufrido una importante ralentización ante el desconcierto que han vivido los funcionarios por los trasvases de competencias, por lo que han empezado a dudar de que se puedan cumplir los objetivos marcados en el plan de inspecciones de este año, una vez que cada ministerio asuma la totalidad de sus funciones y estén a pleno rendimiento. «Ahora todo funciona por inercia, pero no sabemos qué pasará una vez que los ministerios se dividan de verdad», comentaron a LA RAZÓN fuentes del cuerpo de inspectores.

Objetivo SMI

Pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no quiere poner freno a las metas que se ha marcado, entre ellas la búsqueda de irregularidades empresariales en la aplicación del alza del SMI, que ha convertido en un eje primordial para esta campaña. No quiere que el primer éxito en su gestión –la firma de esta subida con los agentes sociales, patronal y sindicatos– se quede en una mera fotografía. Por ello, ha dado orden a través de Illueca de iniciar una campaña especial para controlar su aplicación, ante el riesgo de que los empresarios opten por buscar argucias contables para evitar el pago de esos 950 euros al mes, que les va a generar unos mayores costes salariales. El año pasado ya se detectaron miles de irregularidades en torno al SMI, fundamentalmente por la aplicación irregular de la cláusula de absorción y compensación –que permite eludir la aplicación de complementos salariales cuando se produce una subida imprevista de la parte regulada del sueldo–, o también con la utilización indiscriminada de contratos a tiempo parcial en sustitución de contratos a tiempo completo.

A la espera de otro tipo de orden, los inspectores aplicarán el mismo plan de lucha contra el fraude laboral que ya utilizaron los dos últimos años. En una primera fase, se enviarán notificaciones a aquellas empresas en las que se haya detectado algún tipo de irregularidad. En una segunda, los inspectores procederán a abrir diligencias si no se hubiese realizado la regularización. Se pretende batir el récord alcanzado el año pasado, cuando se tramitaron más de 85.000 comunicaciones sobre irregularidades laborales y contractuales, un más 4% que en 2018.

Inspectores desbordados

Pero no todo reluce con el mismo brillo. Los inspectores ya han hecho saber a sus superiores que la carga de trabajo ha empezado a desbordarles por la falta de medios y la saturación endémica que sufren. Con Magdalena Valerio al frente del Ministerio, la plantilla fue reforzada y alcanzó el máximo de su historia. Este año se espera que aumente de forma significativa, pero hasta que eso ocurra, las quejas por exceso de trabajo se han multiplicado durante el último año.

A esta saturación hay que sumar el malestar existente entre la plantilla de Inspección, al no conseguir que sus competencias fueran transferidas al recién creado Ministerio de Seguridad Social, que se encuentra en manos de José Luis Escrivá. El pulso cayó del lado de Podemos, y los inspectores han quedado, de momento, en un limbo de competencias en el que deben burocratizar aún más las diligencias al tratarse de dos ministerios distintos. La base de datos de la Seguridad Social es una herramienta indispensable para sus investigaciones y para poder comprobar si los trabajadores están regularizados, si la empresa cotiza lo que debe, si está al día en sus pagos y qué tipos de contrato tienen sus empleados. Los inspectores consideran que sin acceso inmediato a esta base de datos no podrán alcanzarse los buenos resultados logrados en los 15 meses que lleva en marcha el Plan Director por un Trabajo Digno y su trabajo se verá bloqueado. Por ello, piden que «con la mayor diligencia» se pongan en marcha mecanismos de colaboración e intercambio de información «para no depender de la buena voluntad de los funcionarios, que intentan hacer bien su trabajo pese a las trabas provocadas por la partición del Ministerio».

El Gobierno se defiende

El Gobierno se defiende aduciendo que ya está en marcha el órgano de coordinación entre Trabajo y Seguridad Social, denominado Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá estar plenamente operativo antes del final del mes de febrero. Así se estableció en el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, para garantizar el «funcionamiento cohesionado» entre ambos departamentos. Sin embargo, los funcionarios públicos de Inspección temen que la burocracia que se genere pueda ser un problema. «Deberíamos tener el mismo acceso a los datos que antes. Si no es así será un grave problema», sentenciaron las mismas fuentes.