El Gobierno aprueba que empresas y autónomos no paguen tres meses de cotizaciones por el coronavirus

El contagio por coronavirus y el aislamiento preventivo de los trabajadores será considerado incapacidad temporal asimilada a una baja por enfermedad profesional o por accidente en trabajo, no enfermedad común como había determinado la Seguridad Social, lo que permitirá a los afectados cobrar la prestación con un mayor porcentaje del salario -el 75% de la base reguladora-, desde el primer día y con cargo a la Administración. Además, empresarios y autónomos tendrán una moratoria en el pago de la cotizaciones a la Seguridad Social para tres mensualidades consecutivas en las zonas geográficas y sectores que determinen las autoridades sanitarias. Dichas cotizaciones aplazadas podrán ser abonadas en el plazo de un año, a contar desde su devengo, sin recargos ni intereses de ningún tipo. Estas son dos de las principales medidas principales aprobadas en el último Consejo de Ministros, que se incluyen en un real decreto con medidas extraordinarias ante el avance del coronavirus en España. Según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador IIla, en la rueda de prensa posterior al Consejo, estas medidas se incluyen en un real decreto ley con medidas extraordinarias para hacer frente a las consecuencias negativas del covid-19.

Enmiendan así a la Seguridad Social, que hace 15 días emitió un criterio normativo por el que a los trabajadores que estuvieran en aislamiento preventivo hasta ver si tenían el coronavirus se les aplicaría la baja por enfermedad común durante ese tiempo, por lo que solo podrían cobrar la prestación a partir del cuarto día, a no ser que el convenio al que estuviera acogido el trabajador mejorara esta cobertura. Entre los días cuarto y decimoquinto de baja, ambos incluidos, el abono de la prestación por esta incapacidad temporal correspondería al empresario, para pasar después a pagarse directamente desde la Seguridad Social. El cambio de criterio del Gobierno y la aprobación de que la baja se considere enfermedad profesional significa que las empresas tendrán mayor margen para reducir costes laborales, además de mejorar las condiciones de la baja para los trabajadores afectados.

El Gobierno dará luz verde a este paquete de medidas una vez que hayan sido presentadas y pactadas este jueves con los agentes sociales. Además de las citadas, les presentarán otras adicionales, como medidas de estímulo en las áreas de actividad que se resientan en mayor medida por el coronavirus, facilitar el teletrabajo, “aliviar” la carga fiscal de las empresas con el fin de evitar despidos, así como “determinadas ayudas” para las familias que lo necesiten ante el cierre de colegios en la Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida. También evitar que los trabajadores afectados en cuarentena agoten sus prestaciones.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca la “unidad” y la “coordinación” con los agentes sociales para aprobar esta medidas fiscales o laborales y que se dará “absoluta prioridad” a la lucha contra el coronavirus y que, por ello, se dispondrán de los recursos necesarios sin limitaciones presupuestarias. “No va a ser por falta de recursos”, sentenció.