El Gobierno prepara inspecciones para los teletrabajadores

El Gobierno ha abierto un nuevo frente de batalla con los empresarios. Tras los roces con el salario mínimo interprofesional, las dicrepancias en las medidas económicas para hacer frente a la crisis del coronavirus, los desencuentros en la negociación de los ERTE y el grave enfrentamiento –con amenaza de ruptura del diálogo social– por la derogación de la reforma laboral se suma ahora el ya polémico anteproyecto de ley que regulará el teletrabajo.

Vuelve a la carga el Gobierno con su intención de mantener el mercado laboral bajo su estricto control, lo que ha provocado de nuevo acusaciones generalizadas por sobrelegislación desde los sectores empresariales. Pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene que se trata de un modelo «conservador», en el que van a ser empresarios y sindicatos los que «van a definir cómo debe abordarse en cada empresa».

Pero los empresarios no las tienen todas consigo. Según reza el borrador que maneja el Ministerio de Trabajo, las empresas deberían sufragar «en su totalidad» el desarrollo del teletrabajo, que no podrá conllevar gastos, directos o indirectos, para el empleado en los elementos «relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral». Además, se exigirá a los empresarios controles remotos y telemáticos de sus empleados, aunque no descarta otro tipo de controles directos por parte de Inspección de Trabajo, que se harían de manera virtual por videoconferencia. «Es importante regularlo en el ordenamiento jurídico español y adaptarlo a las nuevas formas de trabajo».

En cuanto a los costes que serían imputables a la empresa por sus teletrabajadores, la nueva legislación quiere seguir el camino marcado por el acuerdo europeo del trabajo a distancia, pero Trabajo aún no ha definido el modelo en el que basarse. Según Díaz, «hay países que optan por un tanto por ciento de la nómina; otros optan por dietas, y otros optan por la comprobación documental de los gastos».

Los empresarios ya han mostrado su disgusto y su disconformidad con lo que entienden un nuevo intento del Gobierno de sobrelegislar y han advertido de que si a las empresas se le imponen condiciones laborales imposibles de cumplir podría repercutir directamente en el empleo, en un mercado laboral cada vez más global y digitalizado. «Cuidado cómo se plantea esto. Se puede contratar fuera de España», avisan. Los empresarios entienden que el trabajo no presencial es una buena solución como planteamiento de conciliación familiar y laboral y como elemento de flexibilidad, pero apuntan importantes desventajas para la empresa si se generaliza.

Ante este nuevo conato de motín de los empresarios y para evitar que se pueda resquebrajar de nuevo el diálogo social, el Gobierha reaccionado apelando a la mesura y al consenso. «Son solo borradores sobre los que se está trabajando. Todavía no hay nada seguro», se excusó María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros extraordinario de ayer. La portavoz del Gobierno aseguró que la regulación del teletrabajo se hará con consenso en el marco del Diálogo Social y, por tanto, negó que existiera un anteproyecto de ley cerrado de manera unilateral por el Gobierno. «Pero está claro que, hoy por hoy, el teletrabajo ha llegado para quedarse y hay que adaptar la legislación».