La FEMP da acceso al Gobierno al superávit de 14.000 millones de los ayuntamientos

Al final el Gobierno logró su objetivo, aunque sin mayoría y en empate técnico. La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dado luz verde a la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos gracias a la abstención del Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns y del voto de calidad del presidente de la FEMP, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Éste rompió el empate de 12 votos a favor (PSOE) y 12 en contra (PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos). La abstención del socio de la coalición de Gobierno resultó determinante para aceptar la iniciativa gracias al valor doble del voto de Caballero.

La propuesta aprobada, para que los consistorios pongan a disposición del Ejecutivo central sus remanentes acumulados -que suman más de 14.000 millones-, incluye la devolución de 5.000 millones a fondo perdido bajo la fórmula de 2.000 millones este año y 3.000 en 2021, a lo que hay que sumar otros 5.000 millones extra para los ayuntamientos, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el importe restante del préstamo -unos 4.000 millones- se devolverá en un plazo de 10 años con intereses. Además, podrá ser utilizado sin incurrir en déficit.

Entre los puntos más importantes del nuevo acuerdo destacan que las entidades locales podrán usar el superávit de 2019 una vez recibido; suprimir la regla de gasto para ese año y prorrogar el superávit de 2018; mantener las entregas a cuenta este año y la liquidación de 2018 -que ascienden a 600 millones favorables a los ayuntamientos-; añadir 275 millones para cubrir el déficit del transporte público, ampliables hasta los 400 millones, y la garantía de que las corporaciones locales recibirán fondos europeos. Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable. El acuerdo también establece la prórroga del sistema del superávit y mantiene las entregas a cuenta.

El Gobierno revisará también las condiciones financieras de los préstamos de los fondos de financiación que tienen instituciones locales. En 2020 no será efectiva la regla de gasto, por lo que estas corporaciones no contarán con esta limitación, además de establecer la prórroga del sistema del superávit de 2019 y 2020, además de la de 2018, antes citado.

La propuesta ha salido adelante únicamente con el “sí” de los ayuntamientos socialistas. La Junta de Gobierno de la FEMP está formada por 25 miembros, de los cuales 12 pertenecen al PSOE (los alcaldes y alcaldesas de Vigo, Toledo, Pineda de Mar, Huelva, Calahorra, Gijón, Lorquí, Castellón, San Andrés y Sauces, Valladolid, Mérida y Zumárraga); 10 al PP (Estepona, Diputación de Palencia, Zaragoza, Murcia, Diputación de Ourense, Alicante, Teruel, Almería, Santander y Pozuelo de Alarcón), y uno a IU-Unidas Podemos (Rivas Vaciamadrid), Junts per Catalunya (Canyelles) y Ciudadanos (Granada). La abstención de las formaciones izquierdistas han forzado el acuerdo.

Según confirmó Caballero tras la confirmación del acuerdo, el Gobierno se compromete además a negociar durante esta misma legislatura los nuevos términos de las financiaciones local y autonómica, además de haber obtenido la promesa de la sustitución de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que “tanto frustró y paralizó competencias de ayuntamientos”. Para rubricar todas estas promesas, tras las vacaciones se constituirá una mesa de trabajo técnico, que deberá ratificar este acuerdo y estudiar la adaptación de la regla de gasto a los ayuntamientos.

Los municipios que han votado en contra han criticado duramente el acuerdo, ya que entienden que solo podrán beneficiarse de él los municipios con superávit y remanente, “dejando a su suerte” a los que presentan números rojos. El portavoz del PP en laFEMP, Jorge Azcón, tachó el acuerdo como un “despropósito intolerable” que “crea de un plumazo en España, ciudades de primera y de segunda”. También lamentó que que se haya roto el consenso que caracterizaba las resoluciones que adoptaba esta institución desde hace décadas. “No ha conseguido convencer a ningún otro partido y eso es doblemente preocupante”.