Coronavirus

El ingreso mínimo apenas llega al 0,7% de los que lo solicitaron por el colapso de la Seguridad Social

A comienzos de agosto sólo se habían aprobado 3.966 solicitudes cuando el volumen de solicitudes superaba las 500.000

La Seguridad Social está totalmente desbordada y está siendo incapaz de gestionar los cientos de miles de peticiones de ingreso mínimo vital (IMV) que está llegando a sus oficinas. Según datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Servicios Sociales a raíz de una petición de información de la Asociación Víctimas del Paro, hasta el 7 de agosto solo se han aprobado 3.966 solicitudes para este subsidio, además de las 74.100 que se dieron de oficio el 26 de junio, según ha informado “El Confidencial”. El volumen total de peticiones llegaba a mediados de julio a las 510.000, según el ministro José Luis Escrivá, que ha aseguró tiempo atrás que la mitad de las peticiones serían denegadas. Incluso en el hipotético caso de que en las últimas semanas no se hubiesen registrado solicitudes, las tramitadas apenas ascendería al 0,7% del total de las registradas hasta mediados de julio.

Los sindicatos ya advirtieron semanas atrás de que la tramitación de los ERTE y del IMV estaban llevando al colapso administrativo a la Seguridad Social. Aseguraron que, tras haber superado en gran parte el atasco de los ERTE y de las prestaciones por desempleo o por cese de actividad de autónomos, la apuesta por la vía telemática en la presentación de las solicitudes del ingreso mínimo vital no estaba teniendo los resultados esperados. La imposibilidad de recibir información al estar colapsado el servicio de atención al ciudadano ha provocado que muchas de las personas que van a solicitar estas ayudas no lo puedan hacer porque no cuentan con la información pertinente o no tienen los conocimientos necesarios para realizar la solicitud vía internet, por lo que acuden a las oficinas del SEPE y la Seguridad Social para intentar solucionarlo. El problema es que al necesitar cita previa y tener un retraso de hasta 60 días en su concesión en algunas oficinas los plazos se dilatan en el tiempo, algo que en personas con alta vulnerabilidad puede agravar su situación personal.

Personal insuficiente

A este bloqueo institucional se añade, según centrales como CSIF, la precariedad de los medios disponibles y la parquedad de la plantilla, que sigue perdiendo efectivos sin capacidad de reposición, tanto en el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), como en la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) e incluso en el CAISS (Centro de Atención de Información de la Seguridad Social).

Para tratar de enmendar este problema, el ministro Escrivá decidió subcontratar a través de la empresa semipública Tragsa –participada en un 51% por el holding público SEPI– a 500 personas, 300 de los cuales directamente gestionan el tratamiento de expedientes y otros 200 se ocupan de la atención telefónica. Pero su aportación no ha sido suficiente y sindicatos y funcionarios siguen denunciando que la situación solo ha mejorado en algunos centros.