La Seguridad Social amplía el plazo para no dejar en el limbo más de medio millón de solicitudes del Ingreso Mínimo

El Ingreso Mínimo Vital, una de las más sonadas prestaciones contendidas en el llamado «escudo social» pregonado por el vicepresidente primero, Pablo Iglesias, va camino de convertirse en un quebradero de cabeza y en otro motivo de fricción, el enésimo, entre socialistas y morados. El alud de solicitudes de la nueva prestación no contributiva para las rentas más bajas y la complejidad en su tramitación y aprobación al tratarse de una nueva ayuda de carácter permanente, ha forzado a que el Gobierno amplíe los plazos de respuesta para no dejar el limbo a más medio millón de solicitudes. En concreto, 570.000 demandas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció ayer unos «retoques normativos» para ampliar el plazo de respuesta a las solicitudes del IMV, que empezarían a caducar desde este martes por silencio administrativo.

La Seguridad Social toma así aliento ante la avalancha de demandas, que está colapsando todos los canales y provocando aprobaciones y denegaciones de la misma solicitud por distintas vías, como denunció LA RAZÓN. Hasta el momento, según los datos de la Seguridad Social, se han recibido más de 900.000 solicitudes, de las cuales se han tramitado 330.000 y ya hay 85.000 familias (270.000 personas, la mitad niños) que lo reciben.

Ayer se cumplían los tres meses preceptivos para dar respuesta desde que se abrió el plazo para que los hogares en situación de pobreza presentaran la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, aprobado por el Gobierno como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de Covid-19. La norma fijaba que si en el plazo de tres meses desde la entrada en el registro del expediente, el solicitante no recibía respuesta se daba por denegada la solicitud «por silencio administrativo».

El ministro del ramo, José Luis Escrivá, presionado en público para acelerar estos trámites por el vicepresidente Pablo Iglesias, ha reconocido que la avalancha de solicitudes «ha desbordado las expectativas».

La Seguridad Social establecerá un nuevo plazo con suficiente holgura para que no «caduque» ninguna de las demandas ya presentadas, aunque aún se desconoce hasta cuándo se extenderá la prórroga.

Los hogares que aún no han solicitado esta ayuda y presenten la solicitud hasta el próximo 31 de diciembre cobrarán las nóminas desde el 1 de junio, ya que se va a ampliar el plazo de retroactividad de los efectos económicos. Asimismo, la concesión del IMV exigirá inscribirse en las listas de los Servicios Públicos de Empleo.

El IMV fue aprobado el pasado mes de mayo tras acumular retrasos por la multitud de factores a tener en cuenta para su aprobación. La falta de efectivos para su tramitación ha forzado la contratación de personal externo de Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa. Uno 500 trabajadores apoyan las labores de la Seguridad Social aunque no pueden dar la conformidad de la prestación.