Jorge, Berna, Vanesa, Sonia... Los rostros de la crisis: “Mi niña quiere dejar el instituto para traer dinero a casa”

El dueño de un restaurante, un trabajador en ERTE y dos solicitantes del Ingreso Mínimo Vital, una con cuatro menores a cargo y otra a punto de ser desahuciada

Los pequeños negocios vuelven a estar en el ojo del huracán. Con ocho mesas en el interior del local, sin terraza y sin servicio a domicilio, Berna y su hermano, dueños de O’Grove, un restaurante familiar madrileño, solo pudieron esperar a que amainara la tormenta. “Hemos tenido que pedir un par de créditos ICO, pero calculamos que tras las 11 semanas que pasamos cerrados hemos perdido 28.000 euros. Eso no se recupera”, cuenta Berna. Las deudas se acumulan y los créditos ICO solo son una manera de aplazar los pagos. En esta situación se encuentran miles de bares y restaurantes. Los que no penden de un hilo, ya han cerrado. “En apenas cuatro calles alrededor, 15 negocios están cerrados. Unos han cerrado definitivamente, otros están en traspaso y otros aún no han abierto”, explica Berna. José Luis Yzuel, presidente de la patronal Hostelería de España, señaló en una reciente concentración llevada a cabo por el sector que “40.000 persianas han cerrado definitivamente y 400.000 empleos han desaparecido en nuestro sector”. “Los políticos de hostelería saben poco y no nos escuchan. Hay reuniones con asociaciones de hosteleros, pero a la hora de la verdad no hay medidas”, añade Berna. Esta marisquería resiste en la zona del Retiro desde 1987 y su única salvación ante esta nueva crisis ha sido el permiso que les dieron para poner una terraza en la zona del aparcamiento: “Si no es por eso estamos perdidos. No ha habido otra ayuda”. “Con esto al menos conseguimos acabar los meses empate a cero, cubriendo todos los gastos y manteniendo los seis puestos de trabajo, pero sin ganancias”, añade Berna. Con la llegada del frío y los rebrotes que plagan la Comunidad de Madrid, el miedo se palpa en el ambiente. “Esta crisis está siendo más llevadera que la de 2008, pero la gente no quiere entrar dentro del local. Es un miedo generalizado”. Tras varios meses de apertura, su facturación sigue siendo un 35% inferior que antes de la crisis y sus perspectivas de recuperación no son halagüeñas. “Con la que está cayendo la situación no va a ir a mejor. Con que consigamos mantenernos ya es un triunfo”, señala el dueño del O’Grove. “Hasta después de verano de 2021 no creo que nuestra situación vuelva a ser la que era”, prevé Berna.

El sector turístico también está contra las cuerdas. Jorge trabaja en una agencia de viajes del centro de Madrid y lleva en ERTE desde marzo. “El año se da como perdido y con esta segunda ola de contagios está muy complicado. Nos estamos preparando para retomar la actividad en marzo del año que viene, si hay suerte”, cuenta. Sin embargo, pese a no haberse reincorporado nunca debido a la nefasta situación que atraviesa el turismo, el SEPE le ha dado de baja en el ERTE por error: “Estuve marzo, abril y mayo sin cobrar. Me empecé a preocupar, pero en junio me llegaron todos los pagos atrasados y justo en julio volví a dejar de cobrar”. La supuesta causa de la baja es “colocación por cuenta ajena”. “Como si tuviese trabajo. Qué más quisiera yo tener una fuente de ingresos”, lamenta. Su mujer tampoco cobró el ERTE hasta junio, aunque afortunadamente volvió a su trabajo en mayo. “Pero, ¿qué persona normal aguanta tres meses sin cobrar? Esto es una agonía”, añade, “además, mantenernos solo con los ingresos de mi mujer se nos hace imposible”. Jorge es venezolano y por la situación que está atravesando el país siente la responsabilidad de ayudar a sus familiares que viven allí: “Eso pesa. Si yo no puedo pagar el alquiler o comer, bueno, pero te preocupa más lo que le pueda pasar a las personas dependen económicamente de ti”. Ante sus dudas y preocupaciones, el SEPE guarda silencio. “He ido dos veces al SEPE y la solución que me ofrecen es rellenar un formulario que tiene allí. No hay otra solución. Ya lo he rellenado dos veces. Les he mandado correos y nada. También presioné a la compañía para que volvieran a mandar el fichero actualizado, pero no han obtenido ninguna respuesta”, explica Jorge, que vuelve a acumular ya tres meses de atrasos en el cobro de su prestación. “Si hubiese algún tipo de respuesta estaría algo más tranquilo. Saber el error o si tengo que mandar algún documento”, añade. Por ahora, él y otros afectados que se encuentran en la misma situación recurren a las redes sociales en busca de respuesta y un buen samaritano que les pueda ayudar.

Paola, fundadora de Plataforma afectados ERTE, colabora directamente con el SEPE facilitándole al organismo un formulario semanal donde recoge casos de afectados por ERTE que aún no han cobrado desde marzo, los “invisibles”, así como los errores provocados por un cese momentáneo de la prestación. Por ejemplo, a través de redes sociales esta semana ha identificado 60 invisibles y 180 errores que ya están en manos del SEPE. Sin embargo, estas cifras fueron mucho mayores durante los primeros meses del estado de alarma: “Al principio de la crisis recibía 250 emails diarios pidiendo socorro. El formulario lo pasaba cada noche al SEPE con los casos más urgentes de gente que no tenía para comer o estaba recurriendo a la beneficencia”. “Ahora queda poca gente que no haya cobrado desde marzo, pero hay muchos errores de bajas en la prestación”, señala Paola. El foco del problema ahora se encuentra en las reincorporaciones. “El 1 de julio muchas empresas reincorporaron a parte de la plantilla. El fichero de actividad ahora se pasa a mes vencido, es decir, en agosto. Esto ha provocado que durante ese mes de tramitación la gente no cobre y la prestación del mes de julio ya les llegue en septiembre u octubre”, explica. También se dan casos de afectados a los que les dan de baja en el ERTE porque parte de la plantilla se ha reincorporado al trabajo, aunque ellos no formen parte de esos trabajadores.

Vulnerables y desamparados. Los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) siguen esperando esa ayuda que se decía tan urgente. Sonia hace malabares para seguir adelante mientras espera una respuesta a su solicitud. A sus 45 años y con una minusvalía del 65% ocasionada por un cáncer, se le hace imposible encontrar trabajo en el contexto actual. Con los 395 euros que recibe de pensión no contributiva, tiene que mantenerse, desde mayo, a ella misma, a dos hijas de 15 y 11 años, y a dos nietos de 5 años y 2 años y medio, cuya madre está ausente. Sus ingresos fueron bajando paulatinamente desde el inicio de la pandemia. “Mi expareja me pasaba una pensión alimenticia de 240 euros por mis dos hijas, pero desde que empezó la crisis ya no nos da nada”, explica Sonia. “Hace cinco meses me quitaron también la REMI, que eran 85 euros”, añade. Con cuatro menores a su cargo, la “vuelta al cole” ha convertido la cuesta de septiembre en una pared vertical imposible de escalar: “Me busco honradamente el pan de mis hijos. Para comer, vamos a la ONG ‘La despensa solidaria de Moratalaz’. Les ayudo a recoger la comida, a preparar las cestas y luego me dan alimentos, gel y pañales para el más pequeño. Pero los niños también necesitan materiales para el colegio y se tienen que calzar y vestir. No tengo ni para comprarles unas zapatillas para invierno”. Su único “respiro” es la vivienda. Viven en un piso de la Sareb a la espera de firmar contrato y por el momento no tiene que asumir gastos de alquiler. Pese a ello, su situación de vulnerabilidad la convierte en una candidata apta para recibir el IMV, del que lleva sin recibir respuesta desde agosto. Gracias a la ayuda de un centro de apoyo que hay por su zona pudo presentar la solicitud, pero ni la Seguridad Social, ni los trabajadores sociales conocen cuándo podrá recibir esta prestación. “La trabajadora social me dijo que es muy pronto para que me lo concedan, pero tampoco me dio una fecha”, explica Sonia. Mientras, en casa el ambiente está enrarecido. Sus hijas no son ajenas a la situación que atraviesa la familia. “Mi niña que tiene 15 años me ha dicho que en cuanto cumpla los 16 años va a dejar el instituto y va a buscar algo de trabajo para ayudar en casa. Me dice que así no puedo seguir”, concluye.

Perder el trabajo justo antes de que empezara la crisis sanitaria es otro de los factores que ha dejado a miles de familias colgando de un precipicio. En diciembre, Vanesa tuvo su último trabajo como cocinera. Al no poder acceder al paro, continuó buscando, pero la única vía que encontró para llevar dinero a casa fue limpiar viviendas de forma esporádica y sin dar de alta. Ahora, ni siquiera tiene esa opción. Su marido, también trabajador de hostelería, está en la misma situación y es la única fuente de ingresos de la familia, gracias al poco dinero que consigue recogiendo chatarra: “Un día saca 10 euros, otro día sin nada, y así vamos”. “Durante la cuarentena, hemos estado sobreviviendo con cheques de 100 euros que nos da la asistente social para poder hacer la compra. Mis padres también nos han ayudado como han podido, pero tienen una pequeña pensión y no dan para más”, añade. Su exmarido y padre de su hijo colabora igualmente con lo poco que puede, que no es mucho, ya que su empresa ha quebrado durante la crisis y no puedo trabajar debido a los dos infartos que ha sufrido. La hostelería “está muerta” en Torremolinos y Málaga, explica Vanesa. A todas sus amigas que trabajaban en el sector las están despidiendo, y encontrar un puesto se hace imposible. Por el momento, Vanesa está echando el currículum en fábricas a la espera de que suene la flauta antes de su inminente desahucio. El pasado diciembre pidió a su casero un par de meses de margen para encontrar trabajo, después de que ella y su marido se quedaran en el paro. Entonces, llegó la pandemia, el confinamiento y el fin de su esperanza laboral. “El 15 de diciembre tengo un juicio por desahucio porque no he podido pagar el alquiler y el propietario me ha denunciando, lógicamente”, cuenta, a la vez que confiesa estar medicándose contra la ansiedad que le ha generado esta situación. “Me quedo en la calle. No tengo trabajo, ni vehículo, ni dinero para desplazarme, ni para alquilarme una vivienda”, añade. La asistente social le ha puesto un abogado de oficio, pero no le pueden ofrecer una vivienda: “Me dicen que cuando tenga la carta de desahucio me intentarán echar una mano”. El IMV y la REMI son los únicos ingresos que podrían sacar a esta familia del atolladero. No obstante, el primero lleva en estudio desde junio y según la trabajadora social que atiende a Vanesa, “la Junta de Andalucía lleva 16 meses de retraso para cobrar la REMI”.