El Gobierno comienza a cribar la Seguridad Social

El trasvase de los gastos impropios del sistema de pensiones comenzará a reflejarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Así lo aseguró ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la sesión de control al Gobierno. Según el Tribunal de Cuentas, entre 1989 y 2013, la Seguridad Social ha pagado en torno a 103.000 millones de gastos impropios, que el Estado adeudaría a los partícipes del sistema. Esa cantidad representa, aproximadamente, el agujero de deuda con el que la Seguridad Social concluirá este 2020, lo que indica que no es el sistema de cotizaciones y de pensiones el que está en bancarrota sino el cajón de sastre en el que se ha convertido.

Escrivá asegura que los gastos impropios del sistema suman 23.000 millones al año. Unos 9.000 millones anuales de gastos ni siquiera están vinculados a las pensiones: alrededor de 4.000 millones se emplean en pagar gastos administrativos, entre los que figuran las nóminas del personal del Ministerio, cosa que no ocurre con ninguna otra cartera, y del orden de 5.000 millones en ayudas a la contratación y prestaciones por desempleo, que deberían pagarse con los impuestos y no con las cotizaciones a la Seguridad Social. Estas son las partidas que primero podrían asumir los Presupuestos para 2021.

A estos gastos habría que sumar más de 12.000 millones en complementos y pensiones no contributivas. Algo más de 4.800 millones son para complementos a mínimos del Régimen General, 2.300 millones para el Régimen de Autónomos, fuera del capítulo estrictamente contributivo y otros 2.380 millones en pensiones no contributivas, que en realidad se deberían de llamar prestaciones no contributivas, ya que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad, carecen de recursos suficientes aunque no hayan cotizado nunca o no alcancen el mínimo de cotización para alcanzar el derecho al cobro de una pensión contributiva. Unos gastos que se abonan con cargo al sistema, aunque, estrictamente, nadie haya cotizado por estos conceptos. Su trasvase a los PGE será más complejo, aunque es probable que una mínima parte comience a asumirse.

Para tratar este y otros asuntos, como la posible supresión del factor de sostenibilidad, aplazado a 2023, Escrivá ha convocado a los sindicatos de clase y la patronal el próximo 13. Una reunión ajena al Pacto de Toledo, que avanza esta semana hacia un acuerdo para la reforma del sistema.