El Gobierno ligará las pensiones a un IPC medio en base a la inflación real

Tras la presentación por parte del Pacto de Toledo de sus recomendaciones para el nuevo sistema de pensiones, el Ministerio de Seguridad Social prepara ya los cambios normativos que sustentarán en el futuro esta prestación. De esta manera, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, aseguró hoy en rueda de prensa que ya se está trabajando en incluir en la ley que prepara su departamento un nuevo mecanismo de revalorizaciones de las pensiones conforme al IPC real, en el que cada subida tenga en cuenta la inflación media durante un determinado periodo, “aún por determinar” -dijo-, ya que éste deberá concretarse en un acuerdo con patronal y sindicatos en el diálogo social.

Este mecanismo será “permanente, predecible y conocido por todos” y deberá aprobarse “lo antes posible”, confirmó el ministro, que pretende cumplimentar “en un periodo razonable” las recomendaciones del Pacto de Toledo, que tras ser aprobadas en Comisión serán elevadas al Pleno para su visto bueno final, lo que permitirá al Gobierno poder sacar adelante los diferentes cambios, que negociará en paralelo con los agentes sociales a partir de la próxima semana. A la espera de contar con esa normativa que fije la subida de las pensiones a la previsión de inflación, Escrivá ha recordado que los nuevos Presupuestos contemplan un incremento de las pensiones del 0,9% para el próximo año, un 1,8% en el caso de las no contributivas.

Este sistema de revalorización no resulta una novedad, ya que la presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, cuando fue ministra de Trabajo en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, en 2018, utilizó un tipo de mecanismo similar para calcular la paga compensatoria de las pensiones, para lo que tuvo en cuenta el valor medio de la variación interanual del IPC en los últimos 12 meses -entre diciembre de 2017 a noviembre de 2018-. La intención de Escrivá es revalorizar las pensiones sin que provoque la merma del poder adquisitivo y conforme a los precios, para que el nuevo cálculo sea "un mecanismo fundamental que dé certidumbre a los pensionistas”.

Por otra parte, Escrivá aseguró que el déficit de la Seguridad Social se cerrará a finales de esta legislatura, en 2023, en consonancia con una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en la que se insta al Gobierno a eliminar el déficit no más tarde de 2023. También destacó que se están produciendo unos gastos asociados al coronavirus que deterioran las cuentas de la Seguridad Social y una vez que pase 2022 y 2023, emergerá la mejora de la situación estructural del Sistema y eso “llevará al cierre del déficit en 2023”.

El titular de Seguridad Social confirmó que el Estado aportará 13.929 millones de euros para sufragar los gastos impropios del sistema y que el déficit se trasladará a aquellas partes de la Administración con capacidad para corregirlo, en línea con las recomendaciones de la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que asegura que “mitigaría las dudas sobre la sostenibilidad del sistema a corto plazo y permitiría centrar la atención en los retos a largo plazo”. Por ello, ha dejado claro que los casi 14.000 millones de euros “no son préstamos”, son transferencias directas desde la Administración Central incondicionales hacia la Seguridad Social. “Ya no va a haber más préstamos, porque se está cambiando el modelo”, tras apuntar que “lo importante es la ruptura que se hace con el pasado”.

Finalmente, marcó las tres líneas de actuación de su departamento en lo que respecta a las pensiones: mantener el poder adquisitivo, continuar con la separación de fuentes de financiación del Sistema -en lo que se incluye el traspaso de gastos al Estado- y promover los planes de pensiones privados, particularmente los asociados a la empresa.