El SEPE contagia su colapso y bloquea todas las prestaciones

El confinamiento terminó en junio, pero el colapso de la Administración no llega a su fin. Durante los meses de estado de alarma cientos de miles de prestaciones por ERTE fueron aprobadas con meses de retraso. La avalancha de expedientes, los errores de las empresas, los propios fallos internos y la falta de personal han provocado que el atasco se extienda a la gestión de prácticamente todas las prestaciones. A fecha de hoy, todavía existen muchas dificultades para que el trabajador obtenga una resolución expresa en tiempo y forma, generando a su vez reclamaciones que también quedan sin resolver y creando con ello múltiples expedientes denegados por el silencio de la Administración, explica Belén Muñoz, abogada de Legálitas.

Las oficinas están abiertas en la teoría pero no en la práctica. Las llamadas no reciben respuesta, no hay cita previa en varios meses y las oficinas permanecen cerradas para los que acuden de improviso. En Cataluña, de donde es Génesis, resulta prácticamente imposible. En septiembre se quedó en el paro, lleva más de dos meses sin ingresos y sigue esperando una solución. Génesis cuenta como se levanta todos los días a las 7:30h para intentar coger cita en el SEPE por teléfono sin éxito. De hecho, esto ha llevado a hacer negocio con la desesperación de la gente. En Barcelona, el SEPE ha detectado la venta de citas previas por valor de entre 40 y 90 euros para realizar gestiones en sus oficinas.

“Es imposible que se pueda atender la demanda ciudadana. Hay 170 personas, el mismo volumen que antes de la pandemia, para atender las miles de llamadas diarias que recibe el SEPE”, explica Javier Martínez, secretario de Empleo del sector de la Administración General del Estado de Comisiones Obreras.

El paro sin pagar o denegado por silencio negativo y los cobros indebidos son dos de los problemas más comunes, y el caso de Génesis reúne ambos. “No me avisaron de que tenía cobros indebidos por el ERTE y una baja hasta que pedí el paro", explica. Génesis no tuvo la opción de devolver el dinero pagado de más en su momento o de solicitar un fraccionamiento de la deuda. El funcionario que la atendió directamente le dijo que le descontarían el dinero pagado de más del paro. “Si la mala gestión es de ellos, ¿por qué estamos pagando nosotros?”, se pregunta. Precisamente Javier Martínez critica que en cuanto a los cobros indebidos, la norma es aprobar y luego rectificar: "De esta manera, se descarga el deber sobre el ciudadano con el objetivo de agilizar el proceso, aunque al final se acaba ocasionando un perjuicio”.

En condiciones normales, la solicitud del paro se resuelve en un plazo de 15 días siguientes a la fecha en la que se entregó la documentación. Sin embargo, desde el estado de alarma se están demorando incluso más allá de los tres meses que por ley se considera solicitud desestimada por silencio negativo. Los afectados en este punto deben presentar reclamaciones que “en el 90% no están siendo contestadas”, apunta Belén Muñoz. Los trabajadores más afectados son aquellos que no tienen los medios o los conocimientos para hacer los trámites en la sede electrónica y no consigue cita previa para gestionarlo de forma presencial antes del cumplimiento del plazo que dispone el trabajador para hacerlo (15 días hábiles). Si la solicitud se presenta fuera de plazo, el SEPE le reconocerá la prestación a partir de la fecha de la solicitud, generándole un grave perjuicio económico.

Esta extrabajadora de la hostelería ha tenido que dejar de pagar el alquiler. “En la vida pensé verme así”, cuenta. Buena parte de su entorno familiar se encuentra en la misma situación y a las puertas del SEPE esperan día a día personas desesperadas “que acude sin cita intentando pedir ayuda porque no tienen para comer”. “Piden que les paguen lo que es suyo y se topan con la policía”, explica Génesis. En las oficinas del SEPE la tensión se respira en el ambiente. Con la voz entrecortada, Génesis cuenta como ella misma decidió acudir sin cita para hablar con el funcionario que la había revisado su prestación. “Me dijo que no me atendía porque no le daba la gana. Salí de allí llorando”, añade.

Sistema arcaico

Los problemas del pasado se han unido a la pandemia actual. “Se han creado nuevas prestaciones y esto no ha venido acompañado de un aumento de la plantilla”, explica Javier Martínez de Comisiones Obreras. Al contrario, en el caso de la Seguridad Social, esta no ha parado de decrecer durante los últimos años debido a la elevada cifra de jubilaciones. En cuanto al SEPE, Martínez señala que en mayo de 2020 ya se había gestionado la misma cifra de expedientes que en todo el año 2019. Comisiones Obreras también ha dirigido sus críticas hacia la privatización de la tramitación del IMV, que corre a cargo de Tragsa, en lugar de incorporar a personal interino que ya haya trabajado en la Administración.

Los funcionarios han afrontado esta avalancha de solicitudes con programas informáticos y formularios de hace 30 años y ordenadores de hace 20 años. “Al acceder toda la plantilla a la vez, se crea un tapón y algunos programas comienzan a colapsar, ya que muchos de ellos además están saturados de datos”, añade. Además, algunos trámites se deben hacer de forma manual, al no contar con sistemas automatizados para ello.

Según las previsiones de Belén Muñoz, abogada de Legálitas, el colapso continuará en el tiempo. “Esperamos una avalancha de despidos para los próximos meses”, explica. Mientras, otras prestaciones ajenas a los ERTE o al paro llegan también al punto de colapso. En el caso de la Seguridad Social, Muñoz explica cómo la jubilación está agotando el plazo máximo legal de 90 días, mientras que lo habitual para aprobarla son 19 días. Lasprestaciones de nacimiento de hijo y cuidado de un menor se pueden solicitar y formalizar en el Registro Electrónico de la Seguridad Social sin tener certificado digital, en caso de no poder hacer el trámite presencialmente. No obstante, si falta algún documento o hay algún error, la concesión puede tardar más que el propio descanso del beneficiario.

Por último, la abogada de Legálitas también menciona las consecuencias generadas por el estado de alarma en las situaciones de incapacidad temporal. Cuenta un caso representativo en el que el trabajador alcanzó los 365 días de incapacidad a finales de febrero, pero no recibió la revisión médica pertinente debido al estallido de la pandemia en España. Habitualmente, si tras la revisión se amplia el periodo de incapacidad la prestación deja de correr a cargo de la empresa y pasa a la Seguridad Social o mutua. No obstante, las empresas recibieron la orden de mantener el pago, un coste que algunas no pudieron asumir y que otras desconocían, dejando sin ingresos a estos trabajadores durante seis meses, de marzo a septiembre. Para más inri, el trabajador se ha encontrado finalmente con una resolución de alta médica por agotamiento o por curación sin haber tenido una adecuada asistencia sanitaria, generando con ello altas indebidas.