¿Por qué la reforma del Gobierno no va a salvar las pensiones?

El plan de Escrivá permite al Ejecutivo aparentar que se está esforzando por salvar las pensiones, cuando en realidad no lo está haciendo

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en una sesión de control en el SenadoLuis DiazLa Razón

La reforma del sistema de pensiones será uno de los grandes retos que tendrá que afrontar la sociedad española durante los próximos años. Los partidos políticos parecen ser conscientes de ello pero se niegan a comunicarlo con claridad a la población: de ahí que la comisión parlamentaria del pacto de Toledo se haya terminado convirtiendo en una comisión para ocultar las auténticas reformas que necesita la Seguridad Social. Un pacto de silencio entre la clase política para no modificar lo que urge modificar.

Por ejemplo, el ministro Escrivá ha promovido un proyecto de reforma del sistema de Seguridad Social basado en retrasar la edad efectiva de jubilación hasta acercarla a la edad legal. El fundamento de esta reforma proviene de las proyecciones que hizo la AIReF cuando era presidida por el hoy ministro de Seguridad Social, según las cuales la población española crecerá sustancialmente durante las próximas tres décadas (gracias a un aumento de la tasa de fecundidad y a una fuerte entrada de inmigrantes) y, por tanto, bastaría con retrasar la edad de jubilación limitando los retiros anticipados para cuadrar a largo plazo las cuentas de este organismo. El problema es que la propia AIReF ha revisado recientemente sus pronósticos y el optimismo se ha disipado incluso en su escenario central: con las nuevas previsiones demográficas, meramente retrasar la edad efectiva de jubilación no evitará una acumulación de deuda pública de unos 60 puntos adicionales de PIB hasta 2050... algo que ahora mismo España no se puede permitir.

Más recortes

Pero como el plan Escrivá le permite al Gobierno aparentar ante la opinión pública que se está esforzando por salvar las pensiones aunque en realidad no lo esté haciendo y como, a su vez, a la oposición no le interesa denunciar ante los ciudadanos que van a ser necesarios recortes mucho más duros que los planteados por el Ejecutivo, entre unos y otros la casa se queda sin barrer. Por suerte, no todas las personas se ven sometidas a la hipoteca de la demagogia política, de ahí que entre la sociedad civil encontremos de tanto en tanto estudios que pretenden arrojar una luz honesta sobre nuestro sistema previsional público.

Este ha sido justamente el caso de tres think tanks liberales, el Instituto Juan de Mariana, la Fundación Civismo y la Fundación Friedrich Naumann, que se han unido para formular una propuesta de transformación del sistema de pensiones español que lo vuelva a la vez sostenible a largo plazo y que, en paralelo, incremente la libertad de elección de los ciudadanos. ¿En qué consiste esa propuesta de reforma?

Primero, reformar el sistema de pensiones para conseguir cuadrar sus ingresos y gastos a lo largo del tiempo. Para ello, habría que desvincular, al menos parcialmente, las pensiones es del IPC, extender el periodo de cálculo de la base reguladora a toda la vida laboral, incrementar el número de años cotizados para recibir el 100% de la base reguladora e introducir el factor de equidad intergeneracional. Esta puede que sea la parte menos original del informe: no es que no resulte valiosa por recordar algo que demasiados políticos y ciudadanos se empeñan en olvidar, mas la combinación de medidas necesarias para volver la Seguridad Social viable son sobradamente conocidas por la comunidad de expertos.

Pero, en segundo lugar, el informe también propone medidas para incrementar la libertad financiera de los ciudadanos dentro de un esquema público de pensiones, algo bastante menos frecuente en este tipo de estudios. Para ello, aboga por establecer reglas claras que permitan jubilarse entre los 60 y los 75 años (penalizando mucho la jubilación temprana y bonificando mucho la jubilación tardía) y recompensar fiscalmente el ahorro a través de planes de empresas y a través de cuentas personales de inversión a largo plazo (una especie de “sicav para todos”). En definitiva, ajustar las cuentas de la Seguridad Social a la realidad y dotar de mayor autonomía al ciudadano. ¿Tan complicado es que los políticos cojan el toro por los cuernos?

Globalización sanitaria

La actual crisis sanitaria y económica quiso ser utilizada por muchos para deslegitimar la globalización: fue la globalización, nos dijeron, la que nos trajo la pandemia y la que generó el desastre actual. Y aunque en gran medida estas acusaciones eran infundadas (antes de la globalización ya habíamos sufrido innumerables pandemias), sí hay una porción de verdad en ellas: la globalización pudo acelerar la transmisión del virus. Ahora bien, seamos conscientes de que, al mismo tiempo, la globalización también ha acelerado el desarrollo de la vacuna y, por tanto, el desarrollo de la mejor herramienta para combatir el virus: por ejemplo, la vacuna Pfizer-Biontech es el resultado de la colaboración entre una empresa estadounidense y una empresa alemana, y ésta última fue a su vez fundada por inmigrantes turcos que se asentaron en Alemania. Globalización.

Test de autodiagnóstico

Aunque ahora mismo todas las esperanzas para acabar con el coronavirus están puestas en la vacuna de Pfizer-Biontech y Moderna, lo cierto es que hay otra vía alternativa que también podría resultar exitosa, al menos como complemento a la vacunación. Me refiero al test de autodiagnóstico casero, recientemente aprobado por la FDA. En caso de que este producto se generalice y se abarate abaratarse (ahora mismo tiene un coste de unos 50 dólares), sería posible que los propios ciudadanos controlaran diariamente si han contraído el virus y, en caso de ser así, autoconfinarse para evitar propagarlo. Por eso vía, y aún sin vacunación amplia de la sociedad, podríamos conseguir la eliminación del patógeno a un coste económico muy modesto. También por esa vía hay esperanza.

Armonización fiscal

De acuerdo con el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, PSOE y ERC han pactado, junto a los presupuestos generales del Estado, la armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el conjunto de España, lo que supondría un duro golpe para los contribuyentes madrileños. De ser cierto, un partido independentista como ERC estaría socavando ilegítimamente la autonomía fiscal de otra región para perjudicar a sus ciudadanos. ¿Podría ser mayor la hipocresía? ¿Qué sentido tiene querer separarse políticamente de España y, al mismo tiempo, emplear las instituciones del Estado español para reprimir a sus ciudadanos? Parece que la unidad sólo es valiosa para armonizar el expolio. Al final, el PP de Madrid resultará ser más descentralizador que ERC.