Solo Cataluña y País Vasco podrán gestionar los fondos europeos

España es uno de los países más azotados de la OCDE por la pandemia del coronavirus por su peculiar y particular estructura económica. Su hiperdependencia del sector turístico, que aporta casi el 13% al PIB, la ha colocado a los pies de los caballos en un momento en el que medio mundo ha echado el cerrojazo a sus mercados por miedo a que la segunda ola del virus se convierta en una tercera, a las puertas de la llegada de la vacuna. En este escenario, en vísperas de la Navidad, la economía española se ha transformado más que nunca en un castillo de naipes, amenazado por derribo. Por eso el Gobierno, preocupado y ocupado en redoblar cualquier esfuerzo por salir del túnel, ha vendido la piel del oso antes de cazarla y ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 un anticipo de 27.000 millones de euros de los fondos europeos para la reconstrucción postcovid.

La Unión Europea, consciente de que el Viejo Continente puede desaparecer como potencia mundial, no ha escatimado esfuerzos y ha previsto una inyección de capital inédita en su historia de 750.000 millones para reconstruir la Europa del euro. De esta cuantía, a España le corresponden 140.000 millones, de los que la mitad se otorgarán como subvenciones a fondo perdido y la otra mitad, en créditos, cuya solicitud el Gobierno, de momento, deja en el aire y, en todo caso, la pospone por el coste que conlleva al final de la legislatura, en la antesala de unas nuevas elecciones generales en el año 2023.

De entrada, el equipo económico del Gabinete de Sánchez incluyó en octubre pasado en las cuentas de 2021 el adelanto de los 27.000 millones cuando aún no se tenía la certeza de que, al final, la UE fuera a dar vía libre a los mismos, algo que ha sido posible la semana pasada después de que se negociara con Polonia y Hungría el levantamiento de sus vetos a estos fondos para la reconstrucción. De hecho, al Ejecutivo español no le tembló la mano a la hora de anotar en su cuadro macroeconómico, que acompaña a los Presupuestos, un efecto benéfico por los mismos de 2,6 puntos porcentuales sobre el PIB, lo que situará, según los cálculos de Nadia Calviño, el crecimiento de la economía en 2021 en el 9,8% del PIB. Porcentaje cuestionado desde la madrileña calle de Alcalá 48, cuartel general del Banco de España, así como por la AIReF. Ambas instituciones, independientes, pero «dependientes» del Gobierno de turno, cuestionan el efecto multiplicador de estos fondos en la economía española por estar aún «en pañales su reparto y los criterios para el mismo». Sin ir más lejos, esta semana el gobernador de la autoridad monetaria cifró este benéfico efecto en 1,3 puntos porcentuales en la economía, la mitad de la previsión optimista del Gobierno. Ahora que parece que llegará este anticipo y más allá de cómo contribuirá a la reactivación de nuestro mercado económico, lo urgente es resolver los múltiples interrogantes que surgen sobre la gestión de estos fondos. La primera incógnita y, según se mire, casi la más transcendental a despejar es saber quién tendrá el poder de dar y quitar el capital. ¿Quién decidirá a qué proyecto sí se le da y a cual se le niega? ¿En base a qué criterios y razones? ¿Cuándo llegarán a España estos fondos? ¿Cuándo comenzarán a evaluarse los proyectos? ¿Estará topada la cuantía de subvención en función del proyecto? ¿Serán más agraciadas por estos fondos las autonomías que padecen con mayor virulencia esta recesión, que ha colocado a la economía en un abrir y cerrar de ojos en la antesala de la Guerra Civil?

En principio, un grupo reducido de ministros iba a pilotar la gestión de estos fondos, bajo la supervisión del presidente del Gobierno a través de su jefe de gabinete. La selección de este club de elegidos se constituyó hace semanas en el primer escollo para la puesta en marcha de estos fondos en España, cuando ni tan siquiera se sabía si iban a llegar. Por un error intencionado o no se dejó al vicepresidente Pablo Iglesias al margen del control de los mismos. «Su ausencia del equipo que los iba a gestionar fue considerado por el vicepresidente como un auténtico ataque que ponía en riesgo la correlación de fuerzas entre los dos partidos de coalición del Gobierno», aseguran a LA RAZÓN fuentes de Economía. Esta cuestión, como casi todas, se convirtió en un foco de conflicto que puso al borde del abismo, una vez más, la alianza entre Podemos y el PSOE. El presidente del Gobierno recondujo con habilidad la situación, por boca de su portavoz del Ejecutivo, quién aseguró que Pedro Sánchez siempre había querido involucrar a todos los ministros en el reparto de estos fondos. Como resultado de este enfrentamiento será todo el Consejo de Ministros el que decida cómo se reparte una suculenta tarta de nada más y nada menos que 27.000 millones de euros.

Pero no sólo el Gobierno central desea tener voz y voto sobre el devenir de este capital. Los Ejecutivos autonómicos no quieren perder la oportunidad de meter la cuchara en semejante pastel. Como si de un zoco árabe o un mercado persa se tratara, Esquerra Republicana de Catalunya ha apalancado con el Ejecutivo el compromiso de que sólo la Generalitat catalana decidirá sobre los fondos que le corresponden a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2021. En concreto, Cataluña podrá gestionar directamente el 54% de los recursos que le correspondan provenientes de la Unión Europea. El PNV, por su parte, también ha sacado su tajada de una inyección de capital que aún no ha llegado a cambio de su respaldo a las cuentas públicas de 2021. Al Gobierno vasco se le adelantarán 194 millones del fondo de reconstrucción de la Unión Europea. ¿Y el resto de las autonomías podrán decidir algo sobre estos fondos, que, en principio, no tienen reparto territorial, según Hacienda?

Cogobernanza

La cogobernanza se ha convertido por arte de birlibirloque en la varita mágica que abrirá a los Gobiernos autonómicos la caja de los fondos, de los que podrán gestionar la mitad, según la promesa realizada, en su día, por Pedro Sánchez. El tiempo dirá cómo se gestionarán y con qué criterios se repartirán estos capitales revitalizantes para la economía y las empresas del país. ¿Pero cuándo llegarán a nuestras arcas? Pues si el calendario, no exento de sobresaltos, se cumple, para la primavera del próximo año entrarán en caja. Aunque no será hasta el segundo semestre de 2021 cuando se comiencen a aprobar proyectos privados, que se desarrollarán gracias a esta inyección de capital y de los que se espera no sólo que resucite la economía, sino que supongan un revulsivo para el mercado laboral en términos de nuevos puestos.