Cuando el año está llegando a su fin, la factura que se vislumbra por la pandemia del coronavirus no es sólo elevada, sino que, con toda seguridad, hipotecará a las generaciones venideras. Los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda y por el Instituto Nacional de Estadística confirman los peores presagios. España tardará en remontar el vuelo, con una destrucción de empleos de un millón de puestos hasta septiembre pasado y un déficit del Estado de 72.322 millones (el 6,54% del PIB) hasta noviembre, en términos de contabilidad nacional, debido a la adopción de medidas económicas para paliar el impacto de la tormenta perfecta que supone la pandemia y que amenaza con dejar en el umbral de la pobreza a un millón más de personas.

Este brutal avance de la Covid-19 ha obligado a los Gobiernos central y autonómicos a adoptar medidas de contención de esta segunda ola que han golpeado directamente en la línea de flotación de nuestra economía y, especialmente, en el sector terciario, con cierres generalizados de comercios y con restaurantes y hoteles por debajo del 30% de su ocupación. La minuta de estas medidas restrictivas no es otra que un desplome de nuestra economía del 9% del PIB en tasa interanual entre julio y septiembre, después de crecer en el tercer trimestre respecto al segundo el 16,7% del PIB. Pero, según los augurios tanto del Banco de España como del Gobierno, el coste de la crisis sanitaria será bastante superior a estas cifras cuando concluya el año. El Ejecutivo prevé una caída del PIB del 11,2% y un desfase de las cuentas públicas del 11,3%.

En el déficit del Estado hasta noviembre es innegable el peso de los intereses de la deuda pública. De hecho, si se descuentan, el desfase se rebaja sustancialmente hasta el 4,7% del PIB. Esta evolución obedece al descenso de los ingresos en un 12,8% y al alza de los gastos en un 19,1%, hasta los 234.634 millones. Casi el 90% de este aumento corresponde a gastos vinculados con la pandemia. En este contexto, Hacienda achaca la caída de los ingresos impositivos en casi un 15%, sobre todo, a las rebajas del IVA en artículos sanitarios. La recaudación de Sociedades baja también un 15,9% por la reducción de los pagos fraccionado en un 31,3%. Los ingresos por IRPF, por su parte, siguen la tónica generalizada de descensos, con un retroceso del 16,8% por las mayores entregas a cuenta y el resultado a favor de las autonomías de la liquidación definitiva de 2019 respecto a 2018. El desplome de los ingresos por dividendos y otras rentas en un 36,9% constituye una prueba más de la severidad de la crisis.

Mientras, la recaudación cae en picado, los gastos crecen en sentido contrario. En concreto, la transferencia a la Seguridad Social se eleva a 18.003 millones para equilibrar el impacto de la pandemia en sus cuentas, la del Sepe (Empleo) se cifra en 2.300 millones para financiar prestaciones contributivas y cuotas de subsidios de desempleo y la de autonomías y ayuntamientos en 11.000 millones por los tres primeros tramos del fondo Covid-19 (en total, los cuatro tramos ascenderán a 16.000 millones) para financiar costes sanitarios y educativos. El déficit del Servicio Público de Empleo se sitúa en 14.260 millones hasta octubre. Mientras, las cotizaciones sociales descienden un 1,3%, frente a las prestaciones por desempleo, que crecen hasta ese mes en 31.207 millones. La evolución de esta rúbrica está afectada por los ERTE, por casos de fuerza mayor temporal, por subsidios de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o extraordinario para los empleados de hogar.