La negociación por el salario mínimo se retomará después de Reyes sin visos de acuerdo

En el último Consejo de Ministros del año 2020, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó la prórroga del Real Decreto por el que se estableció en febrero de 2020 con efectos retroactivos a 1 de enero la subida del 5,5% del SMI hasta los 950 euros con el objetivo de dar más margen a la negociación de los agentes sociales. Según defienden desde Moncloa, con esta prórroga “se garantiza la seguridad jurídica y se da continuidad a la función del salario mínimo como garantía salarial para los trabajadores”, que podrían haberse quedado en un limbo legal a partir del 31 de diciembre si no se hubiese aprobado esta prórroga y que gracias a esta extensión “continuarán protegidos”.

Además, el Gobierno ha insistido en que mantiene su compromiso de legislatura de alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura. Sin embargo, las reticencias, principalmente de los empresarios, que ven inasumible esta subida en las actuales circunstancias de pandemia y crisis económica, pueden provocar la subida unilateral por parte del Gobierno, con la consiguiente crisis institucional y la previsible pérdida masiva de empleo al no poder asumir los empresarios este nuevo SMI.

La semana pasada, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que en el debate de subida del salario mínimo interprofesional se está discutiendo por 30 céntimos de euro al día, lo que provocaba “un poco de tristeza”. La ministra insistió en que “las empresas españolas lo pueden soportar, sobre todo porque justamente hay dinero público que las mantiene y hay otras empresas que van muy bien y que pueden soportar un incremento de 30 céntimos al día”. Además, volvió a echar leña al fuego de su tensa relación con los empresarios tras apuntar que “se está dejando atrás a quienes más lo necesitan”.

El Gobierno, empresarios y sindicatos volverán a reunirse el 8 de enero para abordar el salario mínimo y también para negociar la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de la prestación por cese de actividad de los autónomos.