El calvario y el bloqueo administrativo que acumula la plantilla y buena parte de los servicios administrativos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) siguen lejos de resolverse. Pedir cita sigue siendo una aventura, sobre todo en las principales ciudades de España –especialmente preocupante es la situación en Madrid y Barcelona–, y los retrasos en los pagos y las tramitaciones de los ERTE empiezan a ser algo más que un problema funcional. Y fuentes del SEPE avisan: «Lo peor está por llegar, con las nuevas restricciones y la oleada de ERTE que se avecinan. La tercera oleada de la pandemia va a volver a bloquearnos más de lo que ya estamos, y lo único que han hecho hasta ahora es poner parches y tapar agujeros. Ninguna solución definitiva».

No es un aviso sin fundamento. Las nuevas restricciones a la hostelería y a la movilidad que muchas comunidades autónomas están aplicando tras la campaña navideña ya está provocando un «atasco monumental» en las oficinas de Empleo, que se unen a los retrasos que se acumulan desde el pasado mes de octubre. La consecuencia directa es que miles de trabajadores que han sufrido expedientes temporales los últimos tres meses siguen sin cobrar, sobre todo los que corresponden a las solicitudes colectivas.

Desde el Ministerio se niega la mayor y aseguran que «las solicitudes colectivas se están reconociendo sin problemas en todas las provincias para las personas que han agotado su prestación. Esto ha supuesto un lógico aumento de la demanda, pero no nos constan retrasos reseñables».

Nada más lejos de la realidad. El colapso existe y «va ir a más», advierten desde CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración y en el SEPE, ya que la carga de trabajo que siguen asumiendo esta un 300% por encima de la demanda habitual.

La falta de medios sigue siendo la causa principal de este colapso y ni siquiera la ampliación de las horas extras autorizadas para el SEPE y los refuerzos de plantilla son suficientes para compensar el exceso de trabajo. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se niega tal colapso y recuerda los 1.500 interinos que ya han sido contratados, «y con los que se seguirá contando, como está reflejado en los Presupuestos Generales. Se sigue trabajando en el refuerzo del personal cualificado en TIC». En este sentido, aseguran que todos los trámites «se están gestionando con normalidad. De hecho, el proceso administrativo se ha mecanizado y es menos complejo que el año pasado». Solo reconocen algunos retrasos puntuales.

Sin embargo, esta incorporación de efectivos es en parte ficticia, ya que los citados 1.500 llegan con una formación «muy deficiente y sin preparación para el puesto» y tardan mucho tiempo en adaptarse porque «el trabajo es muy técnico y cualificado», critican desde CSIF.

A esto se suma el lastre de los sistemas tecnológicos. Aunque se han hecho mejoras en el sistema informático y se ha actualizado el servicio telemático, el atasco sigue estando asegurado ya que los funcionarios del Servicio de Empleo siguen trabajando con un programa de nóminas obsoleto –pese a sus consecutivas actualizaciones–, con más de tres décadas a sus espaldas, que tiene dificultades para adaptarse a las exigencias de las nuevas tramitaciones y prestaciones laborales, que están modificándose continuamente. «Su capacidad de adaptación no es inmediata y nos provoca retrasos cada vez que se publica en el BOE un decreto ley o una actualización», reiteran a este diario varios trabajadores del SEPE, que reconocen algunos retrasos en el pago de prestaciones, aunque insisten en que no son generalizados.

Pero no dicen lo mismo las cifras que manejan, por ejemplo, los gestores administrativos, que en su último barómetro han confirmado que 500.000 trabajadores siguen con problemas en las cantidades cobradas durante su incorporación en un ERTE. Se trata de problemas que ya se habían venido comentando durante todos estos meses y que corresponden, por ejemplo, a no considerar la existencia de descendientes o cualquiera otra circunstancia que les estuviera suponiendo cobrar cantidades distintas a las que tienen derecho, en exceso o en defecto.

El colapso del SEPE tiene todavía a más de 200.000 trabajadores sin ingreso alguno. Alrededor de 300.000 personas siguen sin cobrar las nóminas procedentes de los ERTE –200.000 que se mantienen en expediente y otros 100.000 que ya se han reincorporado pero siguen sin recibir las nóminas pendientes– y todavía siguen sin subsanarse problemas en las liquidaciones correspondientes a unos 500.000 trabajadores, como errores en el número de hijos, cobros superiores o inferiores a lo que le corresponde y otros. En total, casi 800.000 enredados por el caos del SEPE ante la falta de personal y la incapacidad del Gobierno para solucionar los problemas.

Noviembre se cerró con 746.900 personas asistidas por esta prestación, casi 145.000 trabajadores más que en octubre. Desde este primer repunte en el número de ERTE desde el 30 de abril, cuando alcanzaron su máximo, prueba del impacto de la segunda ola del virus en el mercado laboral, la escalada es continua. Diciembre ha sumado un nuevo aumento de 8.033 personas, hasta los 755.613 trabajadores.

Al colapso que se arrastra desde octubre se suman ahora los incrementos de trabajadores afectados por esta fórmula en la recta final del año y por el resto de prestaciones ordinarias y extraordinarias, que se han multiplicado durante los últimos meses. «No solo nos limitamos a los ERTE. Hay muchas prestaciones más que hay que atender». Suma y sigue.