Las autonomías fuerzan al Gobierno a darles más poder en el reparto de los fondos europeos

Las Comunidades Autónomas se han levantado hoy en pie de guerra contra el Gobierno de Sánchez por el reparto de los fondos europeos para la recuperación de la economía española en la era postcovid, de los que a España le corresponden unos 70.000 millones en subvenciones a fondo perdido y otros 70.000 millones en créditos. La crítica vertida contra el Gobierno ha sido unánime por los consejeros autonómicos presentes en la reunión constitutiva de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, encargada de la coordinación entre los Ejecutivos central y autonómicos de la gestión de estos fondos, y que ha presidido de manera telemática la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Al encuentro han asistido también la secretaria de Estado de Presupuestos, María José Gualda, la secretaria general de Fondos Europeos, Mercedes Caballero, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. Tanto los consejeros de autonomías gobernadas por el PP como por el PSOE, así como el vasco, no han ocultado su malestar a la portavoz del Ejecutivo por “la falta de información y coordinación”.

En su turno de intervención, han criticado la demora en la convocatoria de esta Conferencia Sectorial. En ese sentido, han lamentado que el Ejecutivo haya tardado, nada más y nada menos, que seis meses en su constitución desde el día 31 de julio que se anunció hasta hoy, 21 de enero. Además, han expresado su más enérgico rechazo a que en este encuentro la ministra no haya aportado información adicional a la que ya se conocía. Fuentes autonómicas han asegurado a LA RAZÓN que Montero “no ha dado respuesta útil” a las cuestiones planteadas por los consejeros. “Hay una unanimidad de todas las autonomías en la falta de información ofrecida. La Conferencia de hoy no ha tenido ninguna utilidad”, han advertido las mismas fuentes.

Mientras, los consejeros del PP han propuesto que la FEMP tengan voz y voto en la Conferencia y que así se recoja en el reglamento, que regulará este órgano, cuyo borrador remitió el Ministerio antes de la reunión a las comunidades y que se votará en el siguiente encuentro, que “tendrá lugar en breve”. Precisamente, el reglamento ha sido objeto también de polémica. Todas las autonomías lo han rechazado, ya que su artículo 13, relativo a votaciones y decisiones, otorga todo el poder decisorio al propio Ministerio, asignándole 19 votos más el de calidad. Fuentes de Hacienda han mostrado la voluntad del Departamento de Montero de cambiar la redacción de este artículo para equilibrar el poder entre autonomías y Ministerio. Además, han restado importancia a este equilibrio de poder de esta Conferencia, ya que la decisión sobre el reparto de los fondos se producirá en cada una de las Conferencias Sectoriales encargadas de las materias respectivas a las que se destinarán las inversiones. “En ellas, y no en esta Conferencia, será dónde se decida sobre el destino de los fondos”. Estas mismas fuentes han negado que el malestar de los consejeros haya sido generalizado y que hayan cargado las tintas contra el Ministerio.

Sin embargo, fuentes del Gobierno vasco han arremetido contra Hacienda, al término del encuentro, que se ha prolongado desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche. “Es un caos. Lo quieren gestionar sin orden ni control y en beneficio propio”, han alertado desde el Ejecutivo vasco. En ese sentido, los consejeros han mostrado su asombro porque “la ministra haya hecho hincapié en que esta Conferencia no centralizará la información que llegue a todas las autonomías, sino que llegará a las distintas Conferencias Sectoriales. Algo que se contradice con la propia naturaleza de esta Conferencia e incluso con la gobernanza que en teoría se pretende”.

Además, los responsables autonómicos han coincidido en censurar la opacidad en los criterios de distribución de los fondos, así como en la propuesta de programación y coordinación. “La cogobernanza no se visualiza”, han lamentado. Mientras, el Ministerio ha asegurado que se constituye esta cumbre bajo el principio de la cogobernanza que defiende el Gobierno. Algunos consejeros han reprochado también la falta de discreción demostrada por Manuel de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia, que ha intervenido públicamente explicando el reparto de los fondos europeos al tiempo que se producía esta reunión.

Reformas

En la reunión, Montero ha destacado que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tal y como está diseñado, es un instrumento finalista de financiación de la UE vinculado a la realización de unas reformas estructurales e inversiones. Esto implica desarrollar un Plan Nacional donde el beneficiario es el conjunto del Estado y donde hay que alcanzar unos objetivos generales, lo que requiere un cumplimiento por parte de todas las Administraciones públicas. En este contexto, los Estados miembros deben presentar a la Comisión Europea a partir de enero de este año un Plan de Recuperación, que debe incluir un conjunto de reformas estructurales destinadas a impulsar la transición verde y digital, incrementar la productividad del tejido productivo, modernizar el conjunto de las Administraciones y a alcanzar el crecimiento de la economía para poder crear empleos de calidad en todo el Estado y disminuir las brechas sociales y de género existentes.

La titular de Hacienda ha aclarado a los consejeros que no es política de cohesión y no hay reparto previo a través de programas operativos, como en el caso del FEDER. Montero ha descrito el funcionamiento de estos fondos, cuyos retornos estarán basados en el cumplimiento de hitos y objetivos para las reformas y las inversiones que la Comisión apruebe financiar y que habrá que acreditar, junto con los pertinentes controles de cumplimiento de la normativa nacional y europea, antes de presentar las solicitudes de pago ante la Comisión Europea. El Plan de Recuperación establece diez políticas palanca para impulsar la economía y transformar el modelo productivo, siempre respetando los principios de destinar un mínimo del 37% de los fondos a transición ecológica y un 20% a transición digital. La ministra de Hacienda ha recordado que el reparto de los fondos se fija a través de estas políticas palanca y no por territorios

Hacienda ha informado también del reparto de 10.000 millones de euros del programa REACT-EU. El principal objetivo de este fondo es reforzar el Estado de bienestar, especialmente la sanidad y la educación y los servicios sociales para paliar el impacto de la pandemia. La propuesta de reparto de la programación fue adelantada por la portavoz gubernamental en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de octubre y transmitida de nuevo a las autonomías en el Foro Extraordinario de Economía y Política Regional de diciembre. Los consejeros ha amenazado con presentar una queja formal en Bruselas por estos criterios de reparto. Mientras, Hacienda recuerda que son los utilizados por la UE con sus Estados miembros para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.