7,5 millones, toda la población de Cataluña, lleva seis meses buscando un empleo

La cifra de demandantes de trabajo se mantiene en récords no alcanzados ni en la crisis

Colas en un comedor social en Madrid
Colas en un comedor social en Madrid©Gonzalo Pérez MataLa Razón.

Las cifras del desempleo en España padecen una distorsión crónica. A esta alteración en los datos de la realidad laboral nacional se ha sumado recientemente la bolsa de entre 700.000 y 750.000 trabajadores acogidos a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) puestos en marcha por el Gobierno desde el primer estado de alarma, en marzo del pasado año, para frenar la sangría laboral provocada por los cierres del primer confinamiento. Una bolsa de «desempleados temporales» que no figuran entre los parados registrados, pese a que en sectores como la hostelería su falta de actividad se ha necrosado con las sucesivas olas y restricciones.

Pero, en cualquier caso, existe un dato bastante fidedigno que refleja las necesidades laborales de los españoles con mayor precisión que el paro registrado o la propia Encuesta de Población Activa (EPA), que dará a conocer esta semana los números del pasado trimestre. Se trata de la cifra de demandantes de empleo, que casi un año después del estallido de la pandemia de coronavirus en España, revela que hay cerca de siete millones y medio de españoles tratando de encontrar un puesto de trabajo. Esto equivale a algo más de la población completa de Paraguay a la búsqueda de un empleo.

Los datos del SEPE se mantienen inalterables desde la salida de la Gran Reclusión y el comienzo de la segunda ola. Con la temporada del verano perdida, siete millones y medio de españoles, con picos aún mayores, llevan seis meses seguidos buscando un empleo casi de forma permanente, equivalente a toda la población de Cataluña, por poner otro ejemplo poblacional comparable.

Y es que, desde julio pasado, cada mes hasta concluir el fatídico año 2020 se ha cerrado con cifras de demandantes de empleo desconocidas desde la anterior crisis. De hecho, aunque gracias a los ERTE las cifras de parados registrados no se han disparado a los números alcanzados durante la crisis financiera, donde se llegaron a los 5 millones de parados registrados en febrero de 2013 (por los 3,8 millones actuales), las de demandantes de empleo superan todas las series.

En ese febrero de 2013, el récord de paro registrado en las oficinas del SEPE (la Encuesta de Población Activa del INE dio 6,3 millones de parados en ese primer trimestre de 2013), 6,5 millones de españoles buscaban un empleo, según el SEPE, un millón y medio más que los parados oficiales. Ahora, por 3,8 millones de parados oficiales, hay 7,4 millones buscando un puesto de trabajo, 3,6 millones adicionales.

La mayor cifra de demandantes de empleo en España antes de la pandemia se registró en 2012. Ese año se cerró con 6,3 millones de residentes a la caza de un puesto o, al menos, figurando como tales para poder tener acceso a la batería de ayudas dispuestas por el Gobierno. Justo antes de la crisis financiera, en 2007, los demandantes de empleo apenas llegaban a los tres millones. Así pues, la pandemia ha elevado en más de un millón la cifra de ciudadanos que buscan empleo, muy por encima del anterior récord, lo que da una idea de la magnitud de la recesión y de la crisis del mercado laboral.

El paro registrado está constituido por el total de demandas de empleo en alta, registradas por el SEPE, existentes el último día de cada mes, excluyendo determinadas situaciones laborales. En concreto, hay hasta 13 excepciones de demandantes de empleo que quedan excluidos de la medición y, por tanto, no figuran como parados pese a que en muchos casos lo son. Así, entre esas 13 excepciones al paro registrado están los desempleados que reciben un subsidio agrario, los demandantes que, en virtud de un expediente de regulación de empleo, están en situación de suspensión o reducción de jornada o modificación de las condiciones de trabajo, o quienes solicitan un puesto de trabajo en el extranjero.

Una situación que se arrastra desde 1985, fecha desde la que no se han actualizado los criterios. El ejemplo más significativo es que se sigue sin considerar parado a quien busca un empleo a domicilio, una rareza hace 35 años que hoy es más una necesidad por la pandemia. De hecho, el estado de alarma recoge que los empleadores deben dar prioridad al teletrabajo en aquellos sectores donde este sea posible.

Desde 2004, los demandantes de empleo se dividen en tres grupos. En primer lugar, los ocupados no parados son aquellos demandantes que, teniendo ya un empleo, buscan uno mejor o compatibilizarlo con el que ya realizan (un mejor empleo o pluriempleo). En segundo lugar, los demandantes con disponibilidad limitada, aquellos demandantes, sin empleo, que indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo (solo a domicilio, teletrabajo o en el extranjero). En tercer lugar, los demandantes no ocupados (Denos), aquellos que ya se consideraban parados en las estadísticas tradicionales del SEPE y algunos colectivos que, aún no considerándose desempleados, como los demandantes de servicios previos al empleo, sí se incluyen como parados en la EPA, que a los parados registrados les agrega colectivos como estudiantes o trabajadores eventuales agrícolas subsidiados. Esta magnitud se utiliza desde finales de los 90 para la distribución de los Fondos de Políticas Activas de Empleo.

Un tercio de las empresas no recuperará empleo

El agujero provocado por la gestión de la pandemia en el mercado laboral no parece que vaya a cerrarse en los próximos meses. Ni siquiera en este año, a tenor del pesimismo empresarial. Y es que solo un tercio de las empresas (34,9%) considera que recuperará a lo largo de 2021 el nivel de empleo que tenía antes de la crisis sanitaria y dos de cada tres piensa que no lo hará hasta 2022 o que incluso no lo recuperará.

Así lo refleja una reciente encuesta del INE entre unos 8.000 negocios de diferentes sectores económicos. Según los datos recabados, el 9,5% de las empresas prevé recuperar el nivel de empleo previo a la crisis sanitaria en el primer semestre de este año, en tanto que el 25,4% estima que lo conseguirá en la segunda mitad del ejercicio. Por su parte, el 31% afirma que no cumplirá este objetivo hasta 2022, el 15,3% piensa que lo hará después de ese año y el 18,8% no cree que pueda llegar a recuperarse nunca de los estragos de la crisis.