Reforma laboral
Trabajo aborda endurecer las causas de despido objetivo
Los sindicatos exigen «acotar» las previsiones de pérdidas y los menores ingresos
El Ministerio de Trabajo estudia ya con los sindicatos un endurecimiento de las condiciones de despido ante el temor a que miles de empresas no puedan aguantar más la crisis desatada por la gestión de la pandemia y el mercado laboral afronte una oleada de despidos con especial incidencia en empresas «extensivas» laboralmente. Fuentes del diálogo social han confirmado a este diario que se quiere meter mano cuanto antes a la «causalidad» del despido objetivo que introdujo la reforma laboral de 2012. El departamento que dirige Yolanda Díaz está de acuerdo con la necesidad de suprimir o endurecer las condiciones por las cuales una empresa puede acogerse a los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, Trabajo estudia la petición de los sindicatos de clase UGT y CC OO de suprimir la previsión de pérdidas como una de las causas de despido objetivo, por el que el coste de la indemnización pasa a ser de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Asimismo, también se quieren abordar otras de las causas introducidas por la reforma laboral que, en sintonía entre Trabajo y los sindicatos, bordean el «despido libre».
La reforma laboral de 2012, con Fátima Báñez, ahora en la patronal CEOE, al frente del por entonces Ministerio de Empleo, suprimió la indemnización de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades y generalizó la compensación de 33 días por año trabajado y un máximo de dos anualidades. Pero, además, abrió la puerta a los despidos objetivos, con 20 días por año trabajado, por causas económicas –solo con que la empresa previera que iba a ganar menos–, técnicas, organizativas o de producción.
La reforma de 2012 establece que el despido es objetivo por motivos económicos no solo en empresas en pérdidas o con previsión de ellas sino cuando concurran tres trimestres consecutivos con una reducción del nivel de ingresos ordinarios o ventas en cada trimestre inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
Las causas técnicas responden a los cambios –entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción–; las causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Todos estos supuestos son susceptibles de ser aplicados a la inmensa mayoría de empresas en las actuales circunstancias, no solo en la hostelería y el comercio, sino en grandes compañías.
La ministra de Trabajo ya apuntó que la modificación de estos aspectos de la reforma laboral iba a ser uno de sus principales objetivos desde que recogió su cartera y no solo los referidos a los convenios. La reforma laboral primó los convenios de empresa sobre los sectoriales, permitiendo que estos últimos fijaran salarios más bajos que los de su sector. También se limitó la denominada ultraactividad de los convenios, que hasta entonces establecía que la vigencia de estos acuerdos era ilimitada hasta que se pactara uno nuevo.
El Gobierno de coalición ya derogó del artículo 52. d del Estatuto de los Trabajadores que permitía a los empresarios el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas aunque estas fueran justificadas.
La intención no es encarecer el despido con una vuelta a las indemnizaciones previas a las reforma de 2012, algo «inasumible para los empresarios, más aún en las actuales circunstancias», sino blindar a los trabajadores ante los excesos de causas objetivas que contempla la reforma y que hoy son una espada de Damocles para el mercado laboral, cuyos datos de paro vuelven a repuntar un mes más, indican las fuentes del diálogo social consultadas. «Hay que acotar cuanto antes esa brecha», añaden.
La intención es que las empresas descarten recurrir al despido por sistema para acogerse a otros mecanismos, como los ERTE, que el Gobierno quiere mantener una vez pase la pandemia con otras condiciones menos costosas para las arcas públicas.
La prevalencia de los convenios de empresa sobre los propios del sector es otro de los grandes caballos de batalla. Trabajo respalda a los sindicatos en su regreso a la situación previa, pero los empresarios no están dispuestos a perder las mayores opciones que les da esta fórmula para negociar rebajas salariales con mayor flexibilidad y evitar, precisamente, tener que recurrir al despido.
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