La Ley de Vivienda limitará los desahucios para los más vulnerables

La reunión entre el sector socialista del Gobierno y el de Unidas Podemos sobre la Ley de Vivienda ha concluido con un “avance” en materia de desahucios. Ambos partidos han acercado posturas para frenar aquellos lanzamientos que afecten a familias vulnerables que no tengan una casa alternativa. Hasta el ahora, el Gobierno había defendido que el freno a los desahucios era una medida excepcional aprobada con motivo del coronavirus. Según han informado fuentes de Unidas Podemos, ese es el único avance que se ha producido en la reunión de hoy, en la que no ha habido sin embargo un acuerdo con los socialistas para que la futura ley de Vivienda incluya topes al precio del alquiler en lugar de beneficios fiscales como defiende el ministro José Luis Ábalos.

Tras muchas semanas de tensiones con el PSOE a cuenta de esta normativa, Unidas Podemos ha puesto hoy el foco en que se han dado pasos para que la Ley de Vivienda incluya el freno a los desahucios “en términos similares” al mecanismo utilizado para el estado de alarma. El Gobierno acordó entonces paralizar los desahucios a las familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, pero, según este principio de acuerdo, esa limitación se incluirá en la futura Ley de Vivienda.

El texto lo están negociando por parte de la Vicepresidencia Segunda la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas. Se trabaja en que, antes de decretar un desahucio, los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo a los servicios sociales, que determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional digna.

Cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil

La propuesta escrita entregada por el Ministerio de Transportes en esta cita, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que la nueva propuesta a incluir en la Ley Estatal de Vivienda “no da continuidad a las medidas excepcionales establecidas como consecuencia del estado de alarma, sino que pretende perfeccionar las existentes y reguladas actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Por tanto, se procedería a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para ampliar más allá de los supuestos de impagos de rentas por arrendatarios ya existente desde 2019 y previas a las medidas Covid en materia de vivienda, adelantar el momento de la notificación por el juzgado a los servicios sociales a un momento procesal “previo al lanzamiento”, concretamente al momento de admisión de la demanda. Una notificación que se produciría de “oficio”, como “obligación legal” impuesta al propio tribunal, de forma que no sería necesario el consentimiento del “demandado”, sin perjuicio de que se le informe de que tiene derecho a acudir por propia iniciativa a los servicios sociales si así lo desea.

Según este texto, se incorporaría una disposición para se produzca “comunicación a los servicios sociales” en los procesos penales en los que se esté enjuiciando la comisión de un posible delito de usurpación de personas en situaciones de vulnerabilidad (personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o aquellas que tengan a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad), si bien en este caso “no se produciría suspensión en el proceso de desahucio

No obstante, Unidas Podemos ha mostrado su preocupación sobre el hecho de que el socio no haya compartido, una vez más y tras dos meses de negociación, una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas. Desde la Vicepresidencia Segunda consideran que “la regulación es primordial y debe incluirse en la futura Ley, tal y como se pactó en el Acuerdo de Gobierno y en el de Presupuestos”.