El Gobierno rechaza perpetuar la moratoria antidesahucios

El Gobierno descarta prorrogar y, mucho menos perpetuar, la prohibición de los desahucios más allá del estado de alarma, que concluye, en principio, el próximo día 9 de mayo, tal y como desea su socio gubernamental Unidas Podemos. Si Moncloa decidiera prolongar el estado de alarma por un repunte de la pandemia después de esta fecha, la paralización de los desahucios automáticamente continuaría aplicándose hasta que concluyera el nuevo periodo de excepcionalidad. Así lo confirman a LA RAZÓN fuentes del Ministerio de Transportes.

Estas fuentes aseguran que, por ahora, los de la formación morada no han puesto encima de la mesa de negociación esta propuesta para incluirla eventualmente en la futura Ley de Vivienda. En la agenda de la Secretaría General de Vivienda figura la culminación de la elaboración de la ley a finales del próximo mes de febrero, después de someterla a información pública hasta el 15 de noviembre y tras estudiar los cambios normativos con el sector y con las entidades afectadas durante diciembre.

Estos días toca el turno al intercambio de información entre Departamentos. Así, la pasada semana se reunieron dirigentes de Transportes con responsables del Departamento de Derechos Sociales. En esta primera reunión se abordaron «cuestiones generales, de principios y de conceptos», pero, en ningún momento, Podemos puso encima de la mesa convertir en habitual la excepcionalidad de la prohibición de los desahucios, medida orientada a las personas más vulnerables económicamente como consecuencia de la pandemia del coronavirus exclusivamente durante el estado de alarma.

Por tanto, tiene fecha de caducidad, una vez concluya el mismo. Aunque a día de hoy Podemos no ha planteado esta posibilidad a Transportes, estas mismas fuentes consultadas por LA RAZÓN no descartan que lo haga en cualquier momento. Eso sí, cierran totalmente la puerta a la prórroga de esta medida. «Nunca se ha contemplado para momentos posteriores al estado de alarma», avisan. «Estas medidas están pensadas para esta situación de excepcionalidad. En el momento en que termine, seguirá vigente la legislación ordinaria». En ese sentido, recuerdan que el derecho a la propiedad está consagrado por la ley. Pese a ello, Transportes no quiere entrar en un enfrentamiento directo con Podemos.