Calviño quiere garantizar la españolidad de Naturgy

El Gobierno podría contentarse con un umbral, aún por definir, de accionariado nacional

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés
El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco ReynésJavier LizónEFE

El Gobierno lo tiene claro: hay que garantizar a toda costa la españolidad de Naturgy, si, al final, da vía libre a la oferta pública de acciones lanzada por el fondo australiano IFM por 5.060 millones de euros por el 22,69% del capital de la compañía. Con este objetivo en mente, trabaja la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Ejecutivo, Nadia Calviño, que estudia ahora esta operación después de inhibirse la ministra de Industria, Reyes Maroto, en esta decisión por un manifiesto conflicto de intereses, al formar parte su marido de la plantilla de la energética.

Esta operación esta pendiente de diversas autorizaciones regulatorias, una de ellas la del Gobierno español. Al inicio de la pandemia del coronavirus el Ejecutivo adoptó medidas para evitar que fondos buitre o inversores no deseados desembarcaran en empresas estratégicas españolas aprovechando su caída en la bolsa, como consecuencia de la crisis económica desatada por las restricciones a la movilidad de la población para frenar el avance de la Covid-19.

A día de hoy, el Gabinete de Sánchez no ve con buenos ojos la opa de IFM sobre Naturgy. En este sentido, fuentes de La Moncloa aseguran a LA RAZÓN que puede que, al final, esta operación no salga adelante, con el fin de que «el capital siga en España y, más concretamente, en Cataluña». De esta manera, el Ejecutivo trataría de tender puentes con esta autonomía y respaldar a su empresariado, en un momento de máxima tensión, en el que el independentismo intenta hacerse con el control de los poderes económicos y en los que los actos vandálicos se suceden prácticamente a diario.

Esta oferta de IFM planeará hoy sobre la Junta General de accionistas de Naturgy, a la que se recomienda asistencia telemática por la pandemia. Aunque el presidente de la compañía energética, Francisco Reynés, ya dejó claro, en su día, que el consejo de administración no se pronunciará ahora, sino cuando toque, la oferta de este fondo australiano centrará, sin duda, la atención de la junta, tal y como sucede desde que se anunció la opa en enero pasado.

El recelo ante la operación de IFM se desprende del folleto presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El lenguaje de la opa es demasiado «críptico» en asuntos clave, según indican fuentes conocedoras de la operación. Aunque el fondo australiano solo se refiere a que su intención es hacerse con entre el 17% y el 22,7% de Naturgy y que no pretende controlar la compañía, una participación de ese calibre le convertiría en accionista de referencia. Asimismo, también se menciona que la intención de IFM es no excluir a Naturgy de su cotización en bolsa, sin mayores detalles de referencia.

La Fundación La Caixa espera la decisión del Gobierno y los detalles de la operación en poder de la CNMV para tomar una decisión cuando corresponda. Hay aún seis meses de plazo en los que todo puede dar un vuelco.

La Caixa, que gestiona un 24,8% del capital de la energética española y es el accionista de referencia de la gasista a través de Criteria, por delante del vehículo de inversión Rioja, integrado por CVC y los March (con un 20,7%) y del fondo suizo-estadounidense GIP (20,6%), ya adelantó que estudiaría la oferta pese a que estos dos últimos accionistas, con más del 40% del capital de la compañía que dirige Francisco Reynés, han rechazado la operación.

Las fuentes consultadas indican que el hecho de que se trate de una oferta voluntaria y parcial permite jugar con varias opciones, como una venta menor de su participación, ya que la opa especifica que cuenta con todos los accionistas y recalca su carácter amistoso. En cualquier caso, la españolidad de Naturgy es un asunto más sentimental y subjetivo que no atiende a decisiones del mercado, remarcan las fuentes. En este sentido, destacan que Naturgy es una compañía multinacional en la que su capital es mayoritariamente foráneo y que el Gobierno podría contentarse –indican– con un umbral de accionariado nacional para mantener cierto equilibrio en la toma de decisiones relevantes en los próximos años. Los plazos para negociar aún están vigentes.