Denegadas siete de cada diez solicitudes del ingreso mínimo, la mayoría por exceso de renta

Tras nueve meses desde la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) y algunas reformas, el número de denegaciones a las solicitudes para acceder a esta prestación siguen disparadas. Así lo ha reconocido el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su comparecencia en el Senado y ante la comisión del Pacto de Toledo, frente a los que ha reconocido que más de 600.000 peticiones han sido rechazadas de entre los 873.000 expedientes tramitados en los últimos nueve meses, lo que supone casi un 70%. La mayoría de ellas, según reconoció, se debió a causas económicas, principalmente por superar los niveles de renta establecidos.

En concreto se han presentado hasta la fecha 1,2 millones de solicitudes, de las que se han tramitado el 75% -los citados 873.000 expedientes-, de los que solo 210.000 se han aprobado, aunque Escrivá destacó que se benefician ya de ello unas 565.000 personas. Eso sí, entre las peticiones denegadas (600.000) y las que aún no han sido tramitadas (327.000) prácticamente un millón de familias siguen sin poder acceder a esta prestación. Básicamente, el 60% de las solicitudes rechazadas ha sido por incumplir los criterios de renta -el 40 % superaba el límite de mínimo en más del doble y el 70% en más del 50%, detalló el ministro-.

Escrivá ha reconocido estar sorprendido por este nivel tan elevado de rechazados e inadmitidos y explicó que el equipo de trabajo ministerial está analizando las razones para intentar reconducir esta situación, ya que las reformas que llevaron a cabo durante la tramitación de los últimos Presupuestos Generales no parecen haber surtido un gran efecto. Los tres principales cambios que negociaron el Ministerio de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias y el de Escrivá se centraron en aplicar -solo hasta diciembre de este año- que se tengan en cuenta los ingresos de los meses transcurridos durante el año en curso, para poder dar respuesta a las situaciones de pobreza sobrevenida por culpa de la pandemia; se redujo de 3 a 2 años la vida independiente de los menores de 30 años y se estableció la posibilidad de que se pudieran acreditar datos y requisitos exigidos para acceder al IMV cruzando datos entre varios ministerios.

Precisamente, el titular de Seguridad ha querido destacar este punto ante los senadores al subrayar que es la primera vez que en una prestación de este tipo se cruzan datos de renta con la Agencia Tributaria y con las propias comunidades autónomas, a las que ha recordado mejora de las rentas del IMV frente a las rentas mínimas autonómicas. Según ha detallado, en ocho meses los beneficiarios de la prestación estatal superan ya a las autonómicas en siete comunidades y en las dos ciudades autónomas. “La cobertura es abrumadoramente superior a las de todas las rentas mínimas autonómicas -unas 3,5 veces más, dijo- y lo hemos hecho en un período de tiempo récord”. Según informó, el ingreso mínimo vital paga, anualmente y en promedio, unos 900 euros más al año que las rentas mínimas regionales.