Evitar que los ERTE se transformen en ERE. Esa es la obsesión que invade desde hace meses las dependencias del Ministerio de Trabajo. Un temor creciente a tenor de la evolución de la pandemia y de los coletazos de la tercera ola, que no acaba de remitir, la inminencia de la cuarta oleada y de la crisis económica que ha provocado en la propia raíz del tejido productivo y de la actividad empresarial, muy deteriorada en sectores claves como el turismo, la automoción, el comercio o la industria de bienes de consumo. A los problemas de liquidez, temporalmente controlados por el grifo abierto de los ICO, se suma ahora una crisis de solvencia, que el Gobierno intentará atajar con su nuevo plan de ayudas directas que ha aprobado.

Por ello, los bufetes de abogados, las asesorías y las gestorías advierten ya que es cosa de tiempo, «no más allá del verano», explica a LA RAZÓN un abogado laboralista que prefiere mantenerse en el anonimato, que empiecen a precipitarse de forma masiva los expedientes de despido. Asegura que su teléfono suena constantemente con clientes que piden información sobre cómo podrán despedir a sus trabajadores, parcialmente o en su totalidad, con la intención de reestructurar sus negocios ante su pérdida de actividad y ante el temor de afrontar consecuencias económicas derivadas de la garantía de empleo que sigue manteniendo el mecanismo de los ERTE.

Ya sea a través de expedientes de regulación de empleo o de despidos individuales, la tendencia es creciente y la línea ascendente, por lo que desde el Ministerio de Trabajo ya se trabaja en prepararse para lo que puede llegar, ante los malos datos de paro, con 3,94 millones de desempleados y 743.000 trabajadores bajo el paraguas de los ERTE. El Ministerio de Trabajo no quiere que la situación se desmande y ya está preparando un plan de actuación para reforzar los sistemas de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en estos procesos, para evitar que se produzcan despidos masivos y elevar la protección sobre los trabajadores afectados por las reestructuraciones empresariales que se avecinan.

Para ello trabajan desde hace tiempo sobre un proyecto, que se está ultimando a marchas forzadas y que sentará las bases de lo que será el Plan Estratégico de la Inspección 2021-2023, un documento en el que se identificarán medio centenar de objetivos que determinarán los ejes de actuación troncales de los inspectores durante los próximos tres años, entroncados con la próxima reforma laboral: refuerzo de las capacidades de actuación de la Inspección, con un aumento de las plantillas y los recursos; la modernización de los sistemas que mejoren la calidad en el empleo; la garantía de mantenimiento de los derechos de los trabajadores, en la que se incluye la lucha contra la precariedad y contra el fraude laboral; y, finalmente, la mejora de las condiciones de trabajo y el refuerzo de la cooperación internacional en la lucha contra el fraude laboral.

Estas cuatro áreas llegan para reforzar el modelo de gestión y de intervención de la Inspección de Trabajo, a la que se va dotar de más capacidad decisoria en los procesos de despido colectivo o de suspensión y reducción de la jornada de trabajo. Para ello, se quiere suprimir la limitación impuesta en la reforma laboral de 2012, que le recortó su capacidad de comprobación de las causas motivadoras de los expedientes de regulación de empleo alegadas por las empresas. El objetivo es que a partir de ahora el examen de la aportación de la documentación exigida y del desarrollo del periodo de consultas sea exhaustivo y demostrable con causas objetivas, lo que será a la postre una cortapisa a la transformación masiva de expedientes temporales en definitivos. Es decir, le proporcionará capacidad de veto.

En este sentido, el Ministerio dotará a la Inspección de «mecanismos más eficaces» para evitar que los trabajadores sean víctimas de la «desregulación de las relaciones laborales» y los deje a merced de los «vaivenes del mercado en una situación de crisis económica», explica uno de los párrafos del texto previo del Plan. Pese a ello, el documento reconoce la imprevisibilidad del alcance de los efectos que pueda tener la pandemia en el mercado laboral y en la situación económica y empresarial, por lo que desde Trabajo se defiende –y el texto así lo explicita– se deberá abordar un proceso de «reconstrucción» que permita recuperar cuanto antes la actividad económica pero «sin dejar en el camino a nadie», como ha reconocido muchas veces la propia Díaz, que quiere impedir a toda costa que se engrosen aún más las listas del paro.

Erte en Pandemia

En un segundo marco de actuación, al margen de este Plan, el Ministerio de Trabajo ya está diseñando la reforma de los propios ERTE –una vez que la pandemia haya remitido– que conlleva la creación de un fondo tripartito para financiar las prestaciones y la compensación de las cotizaciones de los trabajadores en ERTE. El objetivo es que estos expedientes temporales no se transformen en expedientes de despido, facilitando su reestructuración e integración en programas de formación que posibiliten el paso a otros sectores de los trabajadores implicados. El nuevo modelo estaría ligado directamente a la formación con posibilidad de ayuda pública en función del tamaño y de las necesidades de las empresas.

Este Plan también incorporará en paralelo un refuerzo del intercambio de información con otros ministerios, especialmente con el de Hacienda, con el objetivo de identificar y comprobar la situación económica y financiera de las compañías que pretendan llevan a cabo expedientes de regulación de empleo, aumentando las medidas de control tributario para evitar que las que tengan beneficios puedan presentar un ERE.

Desde la patronal ya han mostrado su disposición a negociar, pero advierten que no suscribirán ningún acuerdo que implique la imposibilidad de prescindir de parte de la plantilla si se vieran obligados por los malos resultados económicos.