Análisis
Doble revisión a la baja: ¿Por qué el frenazo de España agravará la factura que nos tocará pagar?
Los nuevos impuestos recaudarán menos de la mitad de lo prometido por el Gobierno y la economía crecerá este año un tercio menos que las previsiones de Sánchez
La revisión por parte del Gobierno del cuadro macroeconómico de España para 2021 no sólo ha supuesto una muy sustancial alteración de las previsiones de crecimiento para este año, sino también de recaudación. Recordemos que, inicialmente, el Ejecutivo pronosticó –en contra del criterio de todos los organismos nacionales y extranjeros– que nuestro país llegaría a crecer un 9,8% durante el presente ejercicio: 7,2% por méritos propios y 2,7 puntos adicionales gracias a la influencia de los fondos europeos. Pero el Ejecutivo ha tenido que claudicar esta misma semana y reconocer que probablemente creceremos un 6,5%–si no hay nuevas sorpresas negativas–. ¿A qué se debe este importante frenazo de España? En esencia, a tres circunstancias.
Primero, la tercera ola del virus fue bastante más dura de lo que el Gobierno jamás quiso considerar. Ante ella, la respuesta de la mayoría de autoridades autonómicas siguió siendo decretar el cierre de las actividades de consumo social lo que, unido al autodistanciamiento practicado por los ciudadanos más adversos al riesgo de contagiarse, habrá llevado muy probablemente a que el PIB se haya contraído durante este trimestre.
Segundo, el ritmo de vacunación también está yendo más lento de lo esperado. Y si bien este fiasco no es imputable al Gobierno PSOE-Podemos –más bien a una Unión Europea enormemente negligente a la hora de gestionar la compra de vacunas–, las expectativas irrealmente infladas de vacunación con las que se elaboró el cuadro macroeconómico sí son imputables al Ejecutivo. Ojalá este punto negro se revierta gracias a la vacuna de Janssen o incluso gracias a la Sputnik V.
Y tercero, por el retraso de los fondos europeos con los que Pedro Sánchez contaba para dopar transitoriamente nuestro crecimiento. Un problema que, además, corre el riesgo de perpetuarse en el tiempo si el Tribunal Constitucional Alemán decide bloquear definitivamente el reparto de estas cantidades de dinero. De nuevo, este batacazo tampoco sería imputable al Gobierno, pero haber fiado la recuperación a los fondos que vinieran de fuera –y no a una sensata política económica interna que revigorizara nuestro potencial de crecimiento– sí lo es.
En todo caso, y como decíamos al principio, la revisión a la baja del cuadro macroeconómico también supone un jarro de agua fría para las previsiones de recaudación del Ejecutivo para el año en curso. Recordemos que, durante este ejercicio, el Gobierno ha aprobado una dañina batería de subidas impositivas (Tasa Google, Tasa Tobin, nuevo tipo marginal máximo en el IRPF, impuesto sobre plásticos, impuesto sobre residuos, aumento del impuesto sobre las primas de seguro, aumento del IVA a las bebidas azucaradas…) con la que aspiraba a recaudar 6.085 millones de euros. No se trataba de una cantidad demasiado espectacular comparado con el daño económico que podían generar algunas de esas figuras fiscales pero, desde luego, representaba una suma muy superior a la que finalmente parece que se alcanzará.
Y es que, a tenor de las nuevas previsiones de crecimiento, la AIReF también ha revisado la recaudación anticipada por estos nuevos tributos: 2.898 millones de euros, esto es, menos de la mitad de lo prometido por el Gobierno. Las mayores caídas se experimentarán en la Tasa Tobin, en la Tasa Google y en la fiscalidad medioambiental. Menos ingresos significa, a su vez, más endeudamiento. Una preocupante dinámica –ralentización del crecimiento, aceleración del endeudamiento– que agrava la factura que en el futuro nos tocará pagar a todos.
Impuesto contra la digitalización
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pretende establecer un impuesto local sobre el reparto a domicilio para perjudicar a Amazon y, supuestamente, beneficiar el pequeño comercio tradicional. Conviene efectuar dos comentarios. Primero, muchos comercios tradicionales han dado el salto a digitalizarse y a vender por internet a través de la propia Amazon, de modo que este impuesto no sólo perjudicará al gigante estadounidense, sino sobre todo a las pequeñas compañías, dentro y fuera de Barcelona, que deseen vender en la Ciudad Condal. Segundo, aunque desde la izquierda suelen hablar de la necesidad de dar un fuerte impulso a la digitalización de la economía, lo cierto es que suelen desincentivar fuertemente ese proceso de digitalización a través de los impuestos (como ya sucedió con la Tasa Google). Se trata más bien de un ejercicio de propaganda.
Armonización fiscal global
El presidente de EE UU Joe Biden pretende aprobar un impuesto mínimo global sobre sociedades del 21%, de tal manera que toda empresa estadounidense soportará ese tipo impositivo con independencia de dónde desarrolle su actividad. Así, por ejemplo, si Google genera parte de sus beneficios en Irlanda y allí sólo tributa el 12,5% sobre tales ganancias, el gobierno estadounidense le reclamará el restante 8,5%. La medida amenaza con exterminar la competencia fiscal a la baja que hasta el momento había mantenido a raya determinadas figuras fiscales pese a la voracidad recaudatoria que siempre caracteriza a los Estados. Si este sablazo del demócrata sale adelante (y, por desgracia, todo parece indicar que así será), iremos hacia un mundo con impuestos mucho más altos y, por tanto, con mercados mucho más pequeños y Estados mucho más grandes.
Los trabajadores de Amazon no quieren sindicato
Durante años hemos escuchado que los trabajadores de Amazon en EE UU estaban explotados porque se hallaban contratados por una megaempresa con un enorme poder de negociación, mientras que los obreros carecían de él en la medida en que no estaban organizados en forma de sindicato. ¿Y por qué los trabajadores no estaban organizados en un sindicato? Supuestamente, porque Amazon lo impedía mediante todo tipo de coacciones. Pues bien, esta semana hubo elecciones sindicales en la fábrica de Bessemer, en Alabama, y el resultado ha sido incontestable: 1.798 votos en contra de la constitución de un sindicato frente a 738 a favor. Prácticamente una proporción de 2,5 votos en contra por cada voto a favor. Tal vez la narrativa que nos han estado contando durante tanto tiempo no era correcta.
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