Inspectores de Hacienda alertan del riesgo de la prescripción de miles de expedientes

La situación de los Tribunales Económico Administrativos (TEA) desde hace casi una década produce graves distorsiones en el funcionamiento de estos órganos, cuya función revisora es crucial para el sistema tributario. El éxito de estos tribunales consiste en la rapidez en resolver reclamaciones, pero los problemas estructurales que arrastran provocan una demora en miles resoluciones y en la recaudación. Por ello, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) exige a las autoridades tributarias una intervención decidida y soluciones definitivas con carácter inmediato. Desde hace más de 100 años, constituyen el instrumento necesario para quien desee impugnar los actos de la Administración Tributaria y acceder posteriormente, en su caso, a la vía judicial. Es un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, dependiente directamente de la Secretaria de Estado de Hacienda y totalmente ajeno a la Agencia tributaria (AEAT).

Su doctrina es vinculante para toda la Administración Tributaria. Por ello, es importante resolver en plazo para dar tutela y seguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas afectadas, así como para la propia Hacienda Pública, que ve suspendido el cobro de sus deudas, impidiendo la recaudación efectiva derivada de las actuaciones administrativas. Entre los años 2010 a 2016, se presentaron 1.451.054 reclamaciones, siendo resueltas en el mismo período 1.295.992. Es decir que en siete años se acumularon 155.062 reclamaciones que no fueron resueltas (algo más del 10%). Según los inspectores, esta situación alcanzó su punto más grave el 28 de febrero de 2017, fecha en la que el anterior Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria, reconoció que los TEA arrastraban 318.629 reclamaciones pendientes, que eran una parte de los 42.365 millones de euros pendientes de cobro por la AEAT a 31 de diciembre de 2017.

Pese a esta situación de incapacidad de resolver las reclamaciones que se presentan año a año, el número de funcionarios que trabajan en los Tribunales Económico Administrativos ha permanecido prácticamente invariable en el periodo 2010 a 2018: 234 técnicos de Hacienda y 150 inspectores de Hacienda. Además, en los últimos años, como medida de refuerzo, la Agencia Tributaria “presta” a los TEA temporalmente a inspectores de Hacienda que acaban de aprobar la oposición. El balance de la llegada de este personal es positivo porque se resuelven más reclamaciones que las que entran. “Con esta situación, se está trasladando una mala imagen a la ciudadanía al resolver reclamaciones con demoras de más de 2 años sobre el plazo máximo para resolver”. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado considera se debería crear un ente autónomo para los Tribunales Económico Administrativos, dotado de su propia asignación presupuestaria y de sus correspondientes recursos humanos, con inamovilidad e independencia. Para reforzar más la independencia de los TEA es imprescindible la supresión o modificación del recurso extraordinario para la unificación de doctrina, sobre el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dicho que es incompatible con la independencia de un tribunal objetivo, pues en estos recursos contra los actos de la AEAT forman parte de su tribunal resolutorio altos cargos de la AEAT.