La polémica subasta de 5G en Portugal acaba en guerra entre el Gobierno y las operadoras

La subasta de espectro 5G se ha convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades portuguesas, que ven cómo las pujas continúan superándose después de 65 días de subasta y las principales operadoras rechazan la propuesta de cambio del mecanismo planteada por el regulador luso. “Perplejidad”, comenzaba un comunicado de Vodafone Portugal al conocerse la propuesta de acelerar la subasta por la Autoridad Nacional de Comunicaciones (Anacom), algo que desde la operadora consideran “ilegal”.

La puja comenzó el pasado 14 de enero y otorga al mejor postor una serie de lotes en las bandas de 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz y 3,6 GHz para desplegar en ellos las redes 5G que permitan acelerar la conectividad en el país luso. El germen de la polémica fue una comunicación de Anacom la pasada semana en la que, tras 348 rondas de subasta, anunciaba que pretendía introducir una enmienda al reglamento para agilizar el proceso y abría una consulta con las partes que terminaba este viernes. El regulador señalaba que los operadores estaban subiendo las ofertas con frecuencia con el monto mínimo (un 1% de la puja anterior) con lo que el avance era muy lento.

Entre las medidas que ha propuesto figuran aumentar el número diario de rondas, reducir las rondas de una hora a quince minutos y, en caso de ser necesario, inhibir el uso de los incrementos mínimos del 1% y el 3% dejando disponibles únicamente subidas de puja del 5% en adelante, una medida que ya se ha usado en otros países de Europa, pero no se incluía en la normativa portuguesa. El regulador señala que actúa ante el temor que la subasta se retrase tanto que esta tardanza acabe repercutiendo en el despliegue de la red.

Hasta este viernes, los operadores han comprometido en su conjunto sumas por encima de los 200 millones de euros y algunas pujas continúan subiendo durante las rondas. Esto, unido a una subasta inicial para nuevos operadores, ya concluida, hará que los ingresos del Estado portugués por el proceso se eleven notablemente por encima de los 300 millones.

Altice (matriz del operador MEO, otro de los concurrentes), ha denunciado que le parece una opción “manifiestamente ilegal” y que “una posición contraria merecerá que Altice Portugal utilice todos los medios disponibles para impedir los cambios en el Reglamento 5G”. “Es como cambiar las reglas a mitad del partido”, sostienen desde la compañía de telefonía.

En un comunicado, Vodafone se ha mostrado crítico contra el proceso y el regulador, al que acusa de haber cometido “una violación tras otra”, con presuntas ilegalidades que ya habían sido advertidas por el operador en la consulta pública, “algo nunca visto a nivel nacional o europeo”. “El descubrimiento por parte de Anacom de la importancia y la urgencia del lanzamiento del 5G en Portugal solo a mediados de abril de 2021 no puede dejar de causarnos gran asombro”, señala el comunicado de Vodafone con ironía.

En el duro texto, califica la actitud del regulador de “prepotente” e “irrespetuosa con los principios básicos de estabilidad, previsibilidad y respeto a la libertad de actuación”. La compañía de origen británico señala que ya advirtió de los problemas del proceso y que, de haber sido escuchada, “Portugal podría estar ya aprovechando esta tecnología”. “Sobre el funcionamiento de la subasta, ahora cuestionado por el regulador, hay que señalar que son las propias reglas definidas las que no prevén mecanismos para su aceleración, legitimando a los competidores a utilizar la estrategia de juego que crean conveniente para sus objetivos y la propia dinámica de la subasta”, señala la compañía.

En la misma línea se ha manifestado Altice que, en sus comentarios a Europa Press, ha calificado la modificación impulsada por el regulador como “un intento desesperado por corregir errores del pasado y subsanar los aspectos que no se cuidaron debidamente en el reglamento 5G, por ejemplo, la posibilidad de acelerar la subasta”.