El Gobierno establecerá peajes en las autovías en 2024 y sopesa cobrar por el uso de cualquier carretera

Ya hay fecha para la generalización de los peajes en las vías de gran capacidad españolas. El Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al “usuario pagador” y también del principio de “quien contamina paga”, explica el Ejecutivo. Con una red estatal que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad -la red más extensa de Europa-, los costes de conservación son crecientes y “no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”, añade. Esto está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial, remacha.

En su propuesta a Bruselas, el Gobierno ha introducido una novedad de gran calado: la posibilidad de cobrar por el uso de cualquier carretera. El Ejecutivo explica que el sistema podría ser “escalable y progresivo”, es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.

En cuanto a los peajes que se aplicarían, y aunque no se detallan, el Ejecutivo asegura que serían “asumibles”. Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras. La patronal de las concesionarias (Seopan) eleva, sin embargo, dicha cantidad a 9 céntimos.

La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero, según el documento. En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se impulsarán las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores. De esta manera, se incentiva la búsqueda de la máxima sostenibilidad y eficiencia en el transporte.

Que el plan tenga su punto de arranque en 2024 no es casual. El Gobierno considera que necesitará de de 2 a 3 años para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema a nivel nacional. Ese tiempo lo empleará también para concienciar a la población de la necesidad de la medida ante la segura repulsa que generará.

Preparación del terreno

El Gobierno lleva mucho tiempo preparando el terreno para la implantación de peajes en la red de vías de gran capacidad españolas, la que menos kilómetros tarificados tiene que toda Europea. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha repetido en varios ocasiones que, para su mantenimiento, hay que elegir entre los Presupuestos del Estado o el pago por uso, advirtiendo de que las arcas públicas dan para lo que dan y que hay otros programas, como las pensiones y la sanidad, que detraen muchos recursos e insinuando que, si se mantiene la fórmula actual sin pago, tal vez no hay suficientes recursos para estas partidas.

Ábalos, en cualquier caso y como pone de manifiesto en el plan remitido a Bruselas, no quiere dar un paso de este calado en solitario. El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, aseguró hace unos meses que una medida de este calado tiene que ser aprobada con el consenso de todos los partidos para que perdure en el tiempo “y no ocurra como con las pensiones”. Siendo cierto esto, también lo es, como ha defendido siempre el sector, que ningún partido se ha atrevido hasta ahora a dar este paso porque sabe el alto coste político que le pasaría una medida tan impopular como esta.

La Ley de Movilidad Sostenible que está preparando el Mitma ya deja entrever la necesidad que, a juicio del Gobierno, hay de implantar los peajes. A mediados de febrero, el Departamento que dirige José Luis Ábalos publicó un resumen con las principales aportaciones realizadas en consulta pública por particulares e instituciones al anteproyecto de ley. Y una de las conclusiones que el Ministerio ha sacado es que la opción de implantar peajesen las vías de gran capacidad tiene un apoyo incluso más amplio del que podrían haber imaginado en las oficinas de Nuevos Ministerios. En el apartado relativo a financiación y subvenciones a las infraestructuras, el documento asegura que “respecto a la implantación de peajes urbanos para acceso a las ciudades, parece haber más consenso sobre su implantación. En general, las propuestas a favor consideran que deben tenerse en cuenta las características del vehículo, su ocupación y/o el nivel de congestión y contaminación”, dice el análisis.

El resumen también da a entender que hay un amplio consenso respecto a uno de los principios que sirven de base para los que reclaman la extensión de los peajes a toda la red de alta capacidad, el de que el que contamina, paga. “En general, se acepta la entrada en la senda de una fiscalidad verde centrada en la reducción de emisiones, siguiendo el principio de quien contamina, paga”, asegura.

Ingresos en tiempos de crisis

Los defensores del pago por uso de las autopistas sostienen que sería la forma más eficaz de captar recursos para su conservación en un contexto de estrecheces presupuestarias como el actual. Dado que la mayoría de vías de gran capacidad españolas tienen ya amortizados sus costes de construcción, Seopan defiende, por ejemplo, la introducción de un peaje blando de 9 céntimos por kilómetro. Según sus cálculos, si se generalizan los peajes en los 14.000 kilómetros de vías de gran capacidad interurbanas, el Estado podría lograr unos ingresos de 104.000 millones de euros en los 25 años de duración de las concesiones.

Los peajes urbanos también cuentan con el respaldo no sólo del sector concesional sino también del académico. Seopan publicó tiempo atrás un estudio realizado a petición suya por ATKearney que asegura que la iniciativa reduciría los atascos entre un 30% y un 50% en las horas punta de los días laborables, lo que redundaría en un impacto estimado por el ahorro de tiempo que no se perdería en estos embotellamientos de 70.000 millones de euros en 25 años, según ATKearney.