Los peajes le abren ya un boquete de al menos 1.702 millones de euros a las cuentas públicas

Los mecanismos establecidos tiempo atrás por algunos gobiernos para impulsar determinadas autopistas de peaje españolas están comenzando a erosionar las cuentas públicas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reconocido ya que tendrá que abonar al menos 1.702 millones de euros en concepto de indemnizaciones a las empresas que gestionan o gestionaron la AP-7 y la AP-36 (Ocaña-La Roda) para cumplir con algunas de las cláusulas compensatorias que se establecieron por parte del Estado en los contratos de estas dos vías.

El Gobierno ha decidido no prorrogar los peajes que vayan venciendo en los próximos años antes de generalizar su implantación en todas las autopistas a partir de 2024. En este contexto, el tramo catalán de la AP-7, que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, volverá a ser gratuito en el mes de agosto, cuando finaliza su concesión. Pero su vuelta a manos estatales tendrá también un elevado coste para las cuentas públicas: 1.291 millones de euros, que es la compensación que el Ejecutivo reconoce en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, tendrá que abonar a Abertis, concesionaria ahora de la autopista.

La factura tiene su origen en un acuerdo alcanzado en 2006 por el Ministerio de Fomento que entonces dirigía Magdalena Álvarez y la concesionaria. El pacto establecía que la empresa realizaría obras de ampliación y mejora en la AP-7 por 500 millones de euros y aplicaría descuentos en sus peajes a cambio de que el Estado asumiese el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles. No obstante, la cifra calculada por el Ejecutivo puede no ser definitiva y desviarse muy al alza. En 2011, el Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por la caída del tráfico, lo que ha dado pie a una larga batalla judicial que ha terminado en el Tribunal Supremo. Y, según la interpretación de la compañía controlada por ACS y Atlantia, esta instancia judicial ha dejado de momento abierta la cantidad que tendrá que recibir y que, según sus cálculos es de 3.800 millones.

En junio de 2019, el Alto Tribunal resolvió que “hasta el 31 de agosto de 2021”, fecha en la que termina la concesión, no se sabrá el monto final de la indemnización pues “no hay nada que interpretar, pues de lo que ocurra en el tráfico hasta esa fecha no hay certeza”. “Hasta esa fecha, no existe ningún derecho adquirido a un saldo de compensación de resultado desconocido”, explica. En los 1.291 millones que ahora reconoce el Gobierno sólo se incluyen los relativos a las inversiones realizada por Abertis y no los relativos a la desviación del tráfico que, según el Supremo, se tendrán que calcular a partir de agosto, lo que abre la puerta a ese incremento.

Radiales rescatadas

Junto el pago a Abertis, en diciembre pasado el Ejecutivo también reconoció el pago de 411 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) a la antigua concesionaria de la autopista AP-36, de discurre entre Ocaña y La Roda. Esta vía es una de las radiales cuya gestión recuperó el Estado tras su quiebra en virtud del contrato firmado entre la administración y la empresa que en su día la gestionaba y que estaba participada por Ferrovial (55%), Sacyr (40%) y KutxaBank (5%. La RPA es el importe que el Estado debe pagar a los concesionarios de las vías por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado cuando la gestión de la vía revirtió al Estado de forma anticipado al fin de su contrato.

Como en el caso de la AP-7, la cantidad que el Estado tendrá que pagar a las compañías privadas que gestionaron estas vías podría, sin embargo, dispararse por encima de lo previsto. Según la fórmula de cálculo establecida por el Gobierno para finiquitar la RPA de la R-2, R-3, R-4 y R-5; la circunvalación de Alicante; la autopista Cartagena-Vera, la AP-41 Madrid-Toledo y la M-12, esta indemnización no podrá superar de forma conjunta los 3.305 millones de euros.Sin embargo, los fondos titulares de la deuda de las concesionarias ya han advertido de que sus cálculos establecen una cantidad que, en ningún caso, baja de los 4.500 millones de euros. La abultada diferencia entre las estimaciones de unos y otros aboca a una larga batalla judicial para dirimir la disputa. El Gobierno, por ejemplo, ha calculado de forma preliminar que no tendría que abonar RPA alguna por la M-12, la R-3, la R-5 y la R-4.