“Ley Rider”: Glovo, Uber Eats y Deliveroo tienen tres meses para convertir a los autónomos en asalariados

Las asociaciones de “riders”, tanto a favor como en contra de ser autónomos, denuncian que la medida conllevará despidos masivos, precarización y subcontratación. La ley se ha aprobado con los repartidores protestando frente al Congreso

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“Chapuza precarizadora a la que nos ha condenado la ministra de Trabajo” y “un paso insuficiente” que “no garantiza la permanencia de los trabajadores”. Así han criticado los “riders” pro-autónomos, por un lado, y los que defienden el modelo asalariado, por otro, la “Ley Rider” aprobada hoy en Consejo de Ministros y por la que se obligará a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El descontento es generalizado, aunque los motivos vuelven a dividir a los repartidores que trabajan para plataformas digitales como Glovo, Uber Eats y Deliveroo.

En España, se calcula que hay actualmente operativos cerca de entre 20.000 y 30.000 repartidores en plataformas digitales, centradas sobre todo en el envío de comida a domicilio, que se verán afectados por esta nueva normativa que reconoce la presunción de laboralidad de estos trabajadores, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. De todos ellos, cerca de 4.000 “riders” pro-autónomos se han movilizado hoy en 10 ciudades españolas pocas horas antes de que el Gobierno aprobase la nueva legislación en Consejo de Ministros.

Precarización y subcontratación

Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, una de las asociaciones convocantes de las protestas junto con APRA, denuncia que la medida supone “un abuso” al aprobarse por real decreto y sin debate parlamentario. “Lo que venimos advirtiendo desde hace un año es que si se pone en marcha esta ley habrá una pérdida masiva de empleo (15.000 trabajadores se quedarán en la calle, según estimaciones publicadas por las propias plataformas) y una precarización del sector al llevarnos a un contexto de temporalidad y externalización”, explica a LA RAZÓN.

Sin garantías de permanencia y poco ambiciosa

Aunque las posturas de los “riders” pro-autónomos y de los que defienden el modelo asalariado puedan estar en las antípodas, ambos coinciden en que la “Ley Rider” les deja solos ante el peligro. En un comunicado, la asociación Riders X Derechos advierte de que el proceso de laboralización “se realiza abruptamente, sin garantizar la permanencia” de los actuales repartidores. Fernando, portavoz de esta asociación, califica esta ley como poco ambiciosa al no introducir ninguna salvaguarda que obligue a las empresas a convertir a todos los autónomos en empleados. Además, “no se garantiza que estas empresas no opten por la subcontratación”, añade. “Las empresas han hinchado un globo gigantesco de contratos irregulares que acabará reventando, pero esos despidos serán culpa de las empresas, no de la ley”, aclara, en contraposición con la postura de los pro-autónomos. Sin embargo, “en lugar de tener el apoyo público”, añade Fernando, “afrontamos esta nueva ley solos” y vamos a “tener que seguir pugnando en los tribunales para que se reconozcan nuestros derechos laborales”.

La legislación da “casi cinco meses de tiempo para que las compañías sigan vulnerando derechos laborales”, puntualiza el comunicado, y tampoco recoge la posibilidad de que aquellos repartidores extranjeros “sin papeles” puedan regularizar su situación. “Riders x Derechos” ha lamentado, asimismo, que no se haya “penalizado a las empresas defraudadoras” con “multas millonarias”, como en Italia. UGT también ha expresado su descontento con la “Ley Rider”, asegurando que las plataformas digitales de reparto han presionado al Gobierno para reducir la ley de “riders” a la mínima expresión y ha denunciado que estas empresas han ido creando asociaciones en torno a grupos de trabajadores afines para legitimar su modelo laboral.

Los “riders” que reclaman seguir siendo autónomos lo perciben de una manera distinta y creen que el daño de la “Ley Rider” será irreparable. “No existe mejora alguna en los contratos que está trayendo está ‘Ley Rider’”, denunciaba Gustavo Gaviria durante la lectura de un manifiesto frente al Congreso de los Diputados. Según los datos aportados por Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Inspección de Trabajo ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros. Varios participantes de la manifestación cuentan a LA RAZÓN que estos contratos realizados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) solo alcanzan las 20 o 30 horas y el salario apenas roza los 900 euros. Un contraste notable si se tiene en cuenta que un “rider” con cierta antigüedad suele cobrar unos 2.000 euros, tal y como aseguran los defensores de seguir siendo autónomos.

Los pro-autónomos reclaman un modelo a la italiana

Cristina, representante también de Repartidores Unidos, subraya que esta norma arrebata a los “riders” que realmente trabajan como autónomos su libertad, autonomía, flexibilidad y la capacidad de compaginar su empleo con estudios, cuidado de familiares u otros trabajos. “En otros países que se han hecho leyes similares, las empresas han contratado únicamente al 30% de los riders que tenían anteriormente”, advierte. Por ellos, desde Repartidores Unidos reclaman un modelo a la italiana para España que les confiera poder de negociación colectiva para negociar tarifas justas, ampliación de los seguros y cualquier otra cambio que las empresas quieran hacer.

Mientras, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sacado pecho de la medida y ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley “va a cambiar el signo de los tiempos” y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues “no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto”. Una afirmación con la que no están de acuerdo ni los “riders” defensores de modelo asalariado ni CC OO, ya que solo está dirigida a los riders y no regula a otras plataformas digitales altamente uberizadas.

El decreto de los ‘riders’ aprobado hoy es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

La ministra considera precisamente que esta medida es la “más ambiciosa” de la norma, pues todas las empresas deberán ser transparentes sobre los algoritmos y fórmulas matemáticas que pueden “sesgar” las relaciones laborales. “Los trabajadores tienen derecho a saber cuáles son las razones que motivan decisiones que son empresariales”, ha apuntado. Precisamente, Díaz ha aprovechado su intervención para anunciar la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno y estudiar, con “tranquilidad”, el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en España. David Gausch, director de Stuart en España, una de las plataformas digitales de reparto que se han posicionado en contra de la “Ley Rider” junto a Glovo, Uber Eats y Deliveroo, ha declarado que este aparatado “supone una vulneración del secreto comercial y dañará la competitividad de todos los agentes de la industria digital.

Acabar con la competencia desleal

Preguntada por las críticas de las asociaciones de repartidores a la norma y a su previsión de que destruirá puestos de trabajo, la ministra ha subrayado que, igual que los trabajadores no deben temer los cambios tecnológicos, “las empresas tampoco deben temer los derechos laborales”. Además, Díaz ha respondido a estas asociaciones que la mayor parte de las empresas hacen uso de plataformas, pero cumpliendo con los derechos laborales, por lo que, si las plataformas no cumplen, existe competencia desleal. Just Eat es una de las plataformas que ya venía aplicando este modelo de contratación por cuenta ajena y que ha celebrado “la nueva regulación, ya que genera la seguridad jurídica necesaria para operar con dos principios fundamentales: garantizar los derechos de los repartidores dándoles un contrato de trabajo y asegurar que todos los operadores del sector desarrollen su actividad bajo las mismas reglas”.

Tanto APRA como Repartidores Unidos han iniciado contactos con asociaciones homólogas en otros países como Italia, Francia o Malta, para asesorarse mutuamente y aunar fuerzas en Europa, donde quieren denunciar la “mala praxis del proceso de la ‘Ley Rider’ en España” y buscar amparo en los organismos europeos. El presidente de APRA, Jordi Mateo, se ha congratulado de haberse reunido en en abril con el director de estrategia de empleo de la Comisión Europea, Max Uebe. “Europa sí quiere escuchar a los ‘riders’. Que tome nota la ministra Díaz. Los repartidores seguimos luchando para que se nos oiga en toda Europa”, ha advertido.